Máxima y Pedrina, dos cuerpos abiertos por el conflicto armado, hablan desde Rabinal

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Créditos: Juan Rosales. Máxima García y Pedrina López, sobrevivientes Achi que lograron una condena contra expatrulleros en 2022.
Tiempo de lectura: 16 minutos

 

Entre 1981 y 1983, en el marco de la guerra interna en Guatemala, mujeres Achi de Baja Verapaz sufrieron violaciones sexuales como parte de la política de Estado que se implementó para combatir a la insurgencia. En 2011, las sobrevivientes Achi comenzaron a hablar de lo que les había pasado. Así surgió el caso conocido como Mujeres Achi, el cual culminó con una condena el pasado 24 de enero en contra de cinco expatrulleros. El 21 de septiembre, WOLA entregará un reconocimiento a las sobrevivientes Achi por su trabajo incansable en busca de la justicia.

Por Regina Pérez

Máxima García Valey, sobreviviente Achi, comienza su testimonio hablando del día en que Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) y soldados del ejército mataron a su madre, Gregoria Valey, el 22 de noviembre de 1981, en su aldea de Chichupac, ubicada a una hora del pueblo de Rabinal, en Baja Verapaz. Además cuenta que los patrulleros la violaron y la mataron con ocho meses de embarazo. Luego dejaron su cuerpo colgado en la puerta de su casa, como una crucifixión.

Máxima vivía en la misma aldea que su madre, Gregoria Valey, quien era promotora de salud, tejedora y solía participar en las cofradías del pueblo. Su madre, que era viuda, era originaria de San Gabriel Patzuj, pero se fue a vivir a Chichupac luego de que Juan Matías Alvarado la pretendió por más de dos años, como era la costumbre y se casaron. Tenían una vida buena.

Pedrina López tenía 12 años cuando fue abusada por patrulleros. Se casó muy joven y sufrió violencia intrafamiliar. Foto: Juan Rosales.

Matías Alvarado era un hombre trabajador, molía caña y tenía sus cafetales. A Máxima y sus hermanas les compró huipiles. Estaban contentos porque vivían en un lugar hermoso. Su padrastro era un hombre trabajador, afirma.

Ella se casó en diciembre de 1980 a los 16 años. “Yo no sabía si hay problemas” dice, en referencia a que desconocía lo que estaba ocurriendo en el país, sumido en una guerra interna desde 1960, que se prolongó hasta 1996.

Los hechos que la sobreviviente Achi describe se dieron en el contexto del conflicto armado interno que dejó 200 mil muertos y unos 45 mil desaparecidos, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por las Naciones Unidas, en un informe emitido en 1999.

Máxima, una mujer maya Achi de 56 años, morena, oculta tras una sonrisa amable los recuerdos de los hechos que se desencadenaron el 8 de enero de 1982, cuando fue violada. “Me recuerdo de todo, como que ayer pasado es” dice en español, aunque su lengua materna es el Achi, en una entrevista en su casa, ubicada en la aldea Chichupac. El camino para llegar a su comunidad es sinuoso y difícil de transitar.

García, ahora representante legal del Bufete Jurídico Popular de Rabinal, recibirá el próximo 21 de septiembre, en nombre de las mujeres Achi, el Premio Wola de Derechos Humanos, que se entrega en Washington, reconoce a personas u organizaciones que han trabajado incansablemente para promover los derechos humanos y la justicia en Latinoamérica.

En 2011, 36 mujeres Achi denunciaron a siete exmiembros de las PAC, una fuerza paramilitar creada para controlar a las comunidades mayas, por las violaciones sexuales que sufrieron en varias comunidades de Rabinal y que el 24 de enero de 2022 fueron condenados por los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “A” a 30 años de prisión inconmutables, por los delitos contra los deberes de la humanidad, porque las violaciones sexuales fueron utilizadas como un arma de guerra y como política de Estado.

Máxima García sufrió una violación por parte de patrulleros cuando estaba embarazada, su hijo murió a los 3 años. Foto Juan Rosales.

Las PAC fueron creadas durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) como parte de la política contrainsurgente del gobierno para involucrar a las comunidades en la ofensiva contra la guerrilla.

Para estas mujeres, que esperaron casi 40 años para ver a sus agresores en un tribunal, esta condena representó justicia por los abusos sexuales que sufrieron a manos de exmiembros de la patrulla de la Aldea Xococ, quienes incluso eran miembros de sus comunidades o vivían a sus alrededores y a quienes encontraban en sus caminos. En esos momentos, les embargaba la vergüenza por lo que les había pasado.

Ahora es diferente, con las condenas, ellas indican que se sienten con fuerza, al contrario de cuando empezaron este proceso, cuando tenían miedo y vergüenza y apenas se atrevían a hablar de lo que les había ocurrido.

“Qué fuerza tenemos nosotros que no sabemos ni una letra, pero como tenemos en la mente que es verdad” dice Pedrina López, sobre el día de la sentencia. Ella, una mujer analfabeta de 53 años, logró que los dos expatrulleros que la violaron a los 12 años, fueran condenados. “No tenemos miedo de seguir adelante, estamos hablando”, prosigue.

Esto contrasta cuando apenas comenzaron a recibir apoyo psicológico, antes de presentar la denuncia, cuando no podían decir nada y sentían que su corazón pesaba. “Ahora me siento bien, no me siento con miedo”, afirma Pedrina.

Aunque por ratos su semblante es triste y serio al contar su historia, el rostro de Máxima se ilumina cuando habla del Premio que recibirá por parte de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que reconocerá la lucha de las mujeres Achi que buscaron justicia por más de una década.

Máxima García y Pedrina López cuentan su testimonio y cómo se animaron a buscar justicia. Foto Juan Rosales.

“Gracias a ellos que nos están valorando” dice. En su pueblo, Rabinal, cuenta que su lucha no causó el mismo efecto. “Nosotras somos mujeres Achi y allá valoraron nuestro trabajo. Y acá como que no vale lo que estamos haciendo, como pueblo, como departamento, hay varios que no están valorando”, dijo.

Pero el Estado de Guatemala está en deuda con ellas, indicó. Esto porque a pesar de la sentencia del tribunal, el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se niega a reparar a las víctimas y ha apelado la sentencia. “Por favor, que nos tomen en cuenta, que ya no lo alarguen por mucho tiempo, hace 40 años que nuestros seres queridos se han ido y nosotros todavía estamos luchando por ellos, por nuestras madres queridas, por nuestros padres queridos” dijo.

El testimonio de Máxima: “Nos quedamos con dolor”

El 8 de enero de 1982, mientras los soldados reunieron a los residentes de la aldea Chichupac en la clínica, Máxima fue violada, con 7 meses de embarazo, por varios patrulleros que llegaron a su casa. Ella se había ofrecido a traer agua para su suegra y su esposo que habían ido al Chol, un municipio cercano a Rabinal. A su regreso fueron reunidos junto a las demás personas en la fiesta. Los soldados habían llevado una marimba y estaban dando juguetes a los niños.

Al dirigirse a su casa se encontró a su suegro que le advirtió de la presencia de patrulleros y soldados en su vivienda. “Cuidado mija, porque ahí se quedaron los muchachos, me pidieron comida, cuidado”, le dijo.

Cuando llegó vio a los soldados y patrulleros, que portaban pañuelos rojos en el cuello. Los patrulleros llevaban escritos en sus manos el nombre de su padrastro, sus hijos y su yerno y le hacían preguntas sobre ellos. “No sé” contestaba ella. Era lo único que sabía decir en español. También le preguntaron si ella o su suegro habían tenido contacto con la guerrilla.

“No muchá, no muchá, déjenlo, no es entonces”, dijo uno de los hombres. Pero no la dejaron, al contrario, la agarraron de su collar. Sintió un golpe fuerte en el lado derecho de su rostro. Un soldado le puso la rodilla en el estómago, a pesar de que tenía 7 meses de embarazo. Le dijeron que sacara su faja, una prenda de vestir que usan las mujeres mayas para amarrar su corte en la cintura. Ella no pudo oponerse. Y ahí la violaron repetidamente, ante los ojos de los demás soldados y patrulleros que estaban en su casa.

Monumento en la clínica de Chichupac, donde 32 hombres fueron asesinados el 8 de enero de 1982. Foto: Juan Rosales.

Ella sintió el dolor de su bebé, aún sin nacer, que le llegaba hasta el corazón (lo muestra). “Mi corazón ya no aguantó y mi cintura, como que es un bulto. Mi cuerpo se quedó abierto, siento el dolor, ya no”, recordó.

Mientras tanto los demás soldados adentro de la casa, viéndola, estaban riendo. Y otros permanecían afuera. Los militares se dieron cuenta de que la reunión en la clínica estaba a punto de terminar. “Bueno ustedes, que están molestando a sus compañeros guerrilleros, apúrense, ya llegó la hora, ya se va a terminar la reunión”, indicaron los soldados.

Máxima intentó levantarse pero no pudo. Su ropa, afirma, estaba empapada. Un soldado le dio la mano y la levantó. Ella sacudió su corte, la falda tradicional de las mujeres indígenas que se amarra con una faja en la cintura, ni siquiera se dio cuenta de si lo colocó bien. Afuera, los soldados la estaban esperando. Al salir, le dieron otra patada en el cuerpo.

Ella recuerda que se encaminó hacia la reunión que se realizaba en la clínica, pero su ropa iba destilando agua y sentía que su bebé se movía. Ella lloraba. Al llegar saludó: “buenos días”, pero evitando ver a los rostros de las personas. Se sentía muda.

Cuando llegó a la reunión ya estaban repartiendo los muñecos. “Me fui a sentar a una pila que está ahí en la clínica. Me fui a sentar ahí, pero con vergüenza, con mi dolor. Ya no aguanto”, refirió.

Cuando se terminó la fiesta, los soldados dieron la instrucción a las niñas, niños y mujeres de que se retiraran del lugar. Ella estaba sentada y no se podía levantar. Vio que a los hombres les formaron en tres filas. Luego llegó su suegra y le tomó de la mano. “¿Qué te pasó?” le preguntó. Ella recuerda que “ya no era gente”. Caminó pero ya no sentía su cuerpo.

Cuando llegaron a la casa, su suegra fue a poner dos candelitas, llorando. Máxima no quería entrar a su casa, tenía miedo. “Ella se va a dar cuenta, qué voy a decir”, pensaba. Su suegra le decía que no llorara. “No van a venir ellos aquí”. Durante un espacio de una hora escucharon disparos.

“A unos los dejaron enterrados encima del tanque de agua…sacaron su nariz, sacaron su lengua, sacaron sus orejas”, dice sobre los hombres que asesinaron ese día en la clínica, donde ahora hay un monumento que recuerda la masacre. Su esposo no estaba entre ellos.

A pesar de su duro testimonio, desde que habla sobre el asesinato de su madre embarazada, hasta su violación, solo hay un momento en que su voz se quiebra. Es cuando habla de su hijo, quien nació con discapacidad física. “Pero el dolor con el que nosotros nos quedamos, con esa tristeza. Perdí a mi hijo, nació “empedido””, dice.

Su hijo nació con ataques y “sustos” define ella, a causa de la violación que sufrió. Murió antes de los 4 años.

Durante la entrevista, Máxima trata de comprender por qué usaron tanta saña y crueldad en contra de ellas. “Lo que nos hicieron los soldados, tal vez por el traje de nosotros, porque no tenemos estudio”, indicó.

En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) recibió la denuncia de que el 8 de enero de 1982, miembros del ejército, judiciales y comisionados militares reunieron a los residentes de la comunidad, adornando el camino hacia la clínica, para asemejar un ambiente de fiesta.

Después de la fiesta, donde hubo marimba y entregaron juguetes, reunieron a 32 hombres a quienes obligaron a caminar con las manos atadas hacia la clínica. Algunos murieron estrangulados y otros, con disparos de armas de fuego.

Pedrina López “Esa noche mataron a mis padres y me hicieron daño a mi”

Pedrina López era una niña de 12 años cuando fue violada por patrulleros. La sobreviviente acompaña a Máxima durante la entrevista. Mientras su compañera habla permanece en silencio, con la mirada baja. Pero cuando es su turno de hablar, lo hace con confianza, como lo hizo en el juicio, donde dio su testimonio en contra de los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, quienes en sus palabras “me hicieron el daño”.

La vida de Pedrina fue marcada por esa violación ocurrida el 20 de agosto de 1982, en el caserío Pacotzij, de la aldea Chixim, unos kilómetros antes de llegar a Chichupac.

Su padre y su madre fueron desaparecidos esa noche. Los patrulleros vinieron a su casa y se los llevaron. Luego regresaron, “como a las 10 de la noche”. La intención era matarlos a todos. Hablaron de quemar la casa y uno de los hermanos de Pedrina, Agustín López, se opuso. Los patrulleros amenazaron con matarlo y Pedrina se interpuso, para salvarlo y habló por él. “Por la vida de mi hermano, me violaron a los 12 años”, dice.

La violaron enfrente de sus hermanos, uno de 10, 8 y una niña de 1 año y medio. “Esa noche mataron a mis padres y me hicieron el daño a mí”.

Su violación le causa tristeza pero también vergüenza, porque los hombres que abusaron de ella se reían. “Da un dolor con este testimonio”, indica.

Esperaron en vano a sus padres. “Ya llegó a las cinco (de la mañana), no hay nada. Llegó a las seis”. Entonces le dijo a su hermano que fueran a buscar a sus abuelos en Paoj. Cuando llegaron les contaron lo que sucedió. Y a ella le daba vergüenza contar lo que le pasó.

“¿Qué tenés vos?” le preguntan. Del susto, respondió “no sé qué es lo que tengo. “Comé”, Nada. “Me siento, se quedan manchadas las cosas, da vergüenza decir, pero uno lo ha pasado. No hay mentira porque lo ha pasado”, dice Pedrina, reafirmando el testimonio que dio ante el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Además, cuenta que su abuelo murió debido a golpes que le dio el ejército cuando fue a preguntar por los padres de Pedrina. Los soldados lo acusaron de chismosear y le pegaron y le amenazaron con matar a su nieta. “Una patada le dieron. ‘Y cuidado si está chismoseando, porque tarde o temprano se va, pero esa yegua se va’. Yo soy la yegua y como yo les dije que conocí a las personas”. Su abuelo murió como a los 3 meses recuerda.

Otra tía, dice, también murió asesinada a manos del ejército.

Pero no podían hacer nada. “En ese tiempo no hay justicia, no hay ley, no hay nada, es todo silencio. Porque quien se va ir a quejar es que lo matan”, afirmó.

Fungir como una madre para sus hermanos fue difícil para ella. No era igual ser criados por una tía. Se casó a los 15 años y nuevamente volvió a ser víctima de violencia de parte de su esposo. “Me casé, sufrí. Porque pregunta (su esposo), “¿Quién te hizo eso?”. No hay una vida buena”, dijo. Su marido preguntaba sobre la violación y aunque ella le explicó lo que pasó, dice que él no entendía.

Una noche estuvo a punto de matarla con una escopeta. Ella solo pedía a Dios que se la llevara, porque ya no aguantaba el sufrimiento. “Once años aguanté, aquí está la seña del cuchillo”, muestra en su brazo derecho.

Según el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), las PAC en Guatemala fueron responsables del 12.76 por ciento de las violaciones a los derechos humanos, siendo las PAC que se conformaron en Baja Verapaz, de las que más estuvieron implicadas en casos de masacres.

La vida después de la masacre

Después de los hechos ocurridos el 8 de enero, Máxima quedó con dolor y tristeza. Su hijo nació el 16 de abril con discapacidad física, tenía ataques y “susto”, murió poco después. A la hora del parto, cuando nació, dice que “salió de una vez mi matriz”.

Vivir en Chichupac era casi imposible, con la incursión de soldados y patrulleros de manera más frecuente. Su suegra Andrea Osorio Galeano fue desaparecida y hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado.

En una ocasión, estaban desayunando muy temprano en su casa cuando su cuñado les avisó que venían los soldados. Ella trató de huir pero los militares la alcanzaron y la llevaron, junto a otras personas, a un cerro donde les mostraron varios lazos. Luego reunieron a las personas detenidas y quemaron una bomba que les causó picor en los ojos, “como que es chile”.

Cuando se disolvió el humo se acercaron los soldados y les preguntaron qué sentían al caminar bajo la montaña, llevando a sus hijos bajo la lluvia, en el cerro. Ellos no respondían.

“¿Ustedes quieren que nosotros estemos con ustedes?” preguntaban los soldados. Ellos asentían. Entonces los militares los dejaron ir, con la promesa de las y los vecinos de que no volverían a refugiarse en las montañas. “Nosotros contentas, nos venimos, ni un segundo, corriendo, pasé donde mi casa, fui a ver si todavía tengo algún corte”, recuerda.

Pedrina López declaró ante el Tribunal lo que sufrió y pidió justicia. Foto: Juan Rosales.

Máxima interrumpe su relato para aclarar que lo que ella está contando no son mentiras.

“…Hablando la realidad porque ya los soldados no dejaron en paz nuestra aldea. Mujeres, niñas, violadas las dejaron, patojas y muchas viudas quedaron y muchos huérfanos. ¿Qué hice yo? Ya no aguanto de salir, así está el tiempo del agua, me recuerdo de todo, como que ayer pasado es”.

Viendo que la vida en la aldea era imposible se fue a El Chol, un municipio que colinda al norte con Rabinal. Pidió alojamiento con una anciana que le prestó sus ropas y luego la alcanzó su esposo, quien llevaba sus instrumentos de labranza. Sembraron maíz. Ocho meses permanecieron ahí pero debido a la incursión de militares decidieron irse a la ciudad capital.

Ahí la vida tampoco fue fácil. Ella tenía que ocuparse de su hijo discapacitado y su esposo no encontraba trabajo. Hasta que una persona que también estaba desplazada en la capital les invitó a irse a Petén, donde tenía familia. Máxima accedió y se fueron hacia el norte, donde los recibieron y les dieron alimentos, arroz, maíz, frijol. En 1987 regresaron a Chichupac.

En 1993, el Equipo de Antropología Forense de Guatemala (EAFG) identificó tres fosas en la aldea Chichupac donde exhumaron restos óseos, prendas de vestir, artículos personales y casquillos de fuego, en tres fosas localizadas a inmediaciones de la clínica. El equipo forense logró establecer un mínimo de 30 individuos masacrados.

El comienzo de la denuncia y el camino a sanar

En 2011, mujeres que habían sufrido violencia sexual durante el conflicto armado de Rabinal se comenzaron a reunir para buscar la justicia, con el apoyo del Bufete Jurídico Popular de Rabinal. Las mujeres eran de varias aldeas, Xesiguán, Paoj, Nimatabaj, Panacal, Xococ, Pichec, Chitucán y Río Negro. Todas violadas, pero a pesar a de eso se sobrepusieron al dolor “como hermanas”. Saben que ese dolor que cargaban no solo lo vivió una, sino que fueron varias. “Los mismos daños que han dejado a las mujeres, patojas, pero no quieren decir. Con miedo”, dice Máxima.

Mujeres Achi llegan a Tribunales en enero de 2022, cuando se desarrolló el juicio. Foto: Juan Rosales.

Primero recibieron atención psicológica. Fueron a un lugar con las demás mujeres, para consolarse.

“Yo saqué el dolor de mi violación. Nos juntamos ahí. Hicimos un ejercicio, una dinámica. No podemos hablar, lloramos. Fuimos hacia un árbol a decir el dolor que llevamos. Cada una llevaba sus flores, sus candelitas”, recuerda García.

Por medio de una ceremonia maya pidieron fuerzas para iniciar el proceso, aunque no sabían si iba a ser largo o no. Primero eran 15 mujeres, luego 20, hasta que ya eran 36 y se animaron a poner la denuncia.

En mayo de 2018 fueron detenidos siete expatrulleros: Bembenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez fueron ligados a proceso por la jueza de Mayor Riesgo C, Claudette Domínguez.

Otro detenido, Juan Guzmán Torres, que murió por enfermedad el 24 de agosto de 2018.

Sin embargo, el 21 de junio de 2019, la jueza Domínguez, en un giro sorprendente para el caso, declaró la clausura provisional para los señores Ruiz Aquino y Cuxum Alvarado y sobreseyó el caso a favor de los otros tres, señalando que no había suficiente evidencia para enviarlos a juicio.

Dicho revés representó un bajón emocional para las mujeres. Para la sobreviviente, la jueza no valoró los testimonios. De las 36, ya murieron cuatro. “Mi cuñada Rosalina, doña Jesusa, doña Cipriana, doña Natalia, pero nos hicimos fuertes, nos fuimos a tribunales”, rememora. Fueron a apelar la sentencia, junto con las abogadas del Bufete Jurídico e Impunity Watch. Nosotras queríamos justicia, no queríamos que nuestro trabajo se hiciera a un lado, dijo.

Los magistrados de la Sala de Apelaciones resolvieron a su favor y se separó a la jueza del caso. En su lugar asumió el juez Miguel Ángel Gálvez, un juez que Máxima describe como “fuerte” y que en sus palabras, “levantó la justicia”. Gálvez, ahora con una denuncia en su contra por parte de una fundación militar, envió a juicio a los cinco expatrulleros en 2021 y el juicio fue agendado para el 4 de enero de 2022.

Las sobrevivientes nunca perdieron la esperanza de lograr justicia. Don Pedro, don Simeón y don Félix ya no enfrentaron juicio dice Máxima. No obstante, afirma que las mujeres Achi seguirán en esa lucha.

“Todavía estamos luchando, caminar en ese proceso, vamos a seguir, porque es una fiesta para nosotras. Somos mujeres, tenemos la cara levantada”, dice Máxima, una actitud que contrasta cuando en 2011 empezaron a hablar sobre los abusos que sufrieron y el dolor por lo que sufrieron era más fuerte.

Un juicio, cinco condenados y el reconocimiento a su lucha

El 24 de enero de 2022, en horas de la tarde, el Tribunal presidido por la jueza Yassmin Barrios e integrado por los jueces Patricia Isabel Bustamante y Gervi Sical emitió la sentencia para condenar a los cinco expatrulleros a 30 años de prisión, por las violaciones sexuales cometidas en contra de Pedrina López, Marcela Alvarado Enríquez, Margarita Alvarado Enríquez, Estéfana Alvarado Sic e Inocenta Alvarado Enríquez.

Al momento de leer la sentencia, el Tribunal se refirió al peritaje de la antropóloga Irmalicia Velásquez Nimatuj, quien señaló que la violencia sexual cometida en contra de las mujeres Achi fue para castigarlas y destruir al pueblo Achi, porque lo consideraban un enemigo del Estado que podía seguir apoyando a la guerrilla.

Según el peritaje de Velásquez, “la violencia sexual fue utilizada como un método de sometimiento, control y guerra”.

También hizo referencia al peritaje de la doctora Aura Cumes, quien dijo que “el impacto de la violencia sexual fue total y destruyó la integridad de las mujeres…hacerlas sentir menos humanos y más como animales”. La afectación no fue solo individual sino colectiva.

Cumes señaló que una de las causas de la violencia era la destrucción del pueblo Achi, “pero la violencia sexual fue uno de los métodos utilizados para destruir al pueblo Achi y para desquebrajar, alterar la confianza, la unidad del pueblo”.

Si bien el Tribunal condenó a los perpetradores de estos actos, los cinco expatrulleros apelaron la sentencia y la Sala Segunda de Mayor Riesgo no permitió que las mujeres Achi se expresaran sobre dicha apelación. La audiencia en la que se conocerá la resolución de la Sala, sobre una actividad procesal defectuosa presentada por las abogadas de las mujeres Achi, para que revise su decisión, aún está pendiente de realizarse.

Sobre esto, Pedrina dice que sigue siendo una deuda del Estado. En Rabinal, “las personas, familias, dicen que ya somos millonarias”, afirmó Pedrina, pero esto no es cierto, porque el caso aún no se ha terminado. “Estamos luchado la vida todavía, la reparación es lo importante, porque los hechos se aprovecharon de nosotras en ese momento”, dijo.

Las mujeres Achi frente al Palacio de Justicia en enero de 2022. Foto Juan Rosales.

Debido a que mataron a ambos padres ella tuvo que fungir como madre y padre de sus demás hermanos y pasaron mucho sufrimiento, buscando qué comer, sobreviviendo, porque la tía con quien fueron a vivir ya tenía seis hijos y no podía mantenerlos. Comían una tortilla, con caldito de tomate, porque eran muchos.

Es por eso que Pedrina se casó a los 15 años, obligada. De haber sido su elección, ella no lo hubiera hecho. “Muy chiquita, porque mi tía me dijo, ‘andá y andá’”, porque no tenía otra opción.

A pesar de la apelación de los expatrulleros y la negativa de la PGN de cumplir con las medidas de reparación a favor de ellas, Máxima y Pedrina son optimistas y están emocionadas por el reconocimiento a nivel internacional por su lucha en busca de justicia.

Pedrina envía un mensaje a las mujeres que como ella fueron víctimas de la violencia de Estado. “Les decimos que luchen, lo que estamos haciendo nosotras, se ve que hay ley, hay justicia, que ellas se levanten”, indicó.

Mientras que Máxima, quien viajará a Washington para recibir el Premio en nombre de las mujeres Achi, dice que se siente contenta, sin miedo, porque sabe el trabajo que ha realizado junto con el Bufete Jurídico Popular de Rabinal. Ahora camina sin temor, “no hay más que decir, una alegría”, dice sobre el reconocimiento.

La sobreviviente finaliza la entrevista diciendo que el pueblo de Rabinal fue arrasado y ha sufrido. “Muchos hermanos se quedaron muertos en el mercado, con sus ventas, sufrieron, hay hermanos que quedaron muertos en las aldeas, como mi suegra ya no hay razón, saber dónde dejaron tirada a mi suegra. Queremos escuchar la voz de los que la mataron, ya se murieron, ¿Qué hacemos? Nosotros seguimos con la lucha. Voy a seguir con mi lucha, no solo yo, el resto de mujeres”, puntualizó.

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