Jutiapa: anuncian consulta comunitaria en Asunción Mita en rechazo a la minería

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Créditos: Cortesía.
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La municipalidad realizará el 18 de septiembre la consulta comunitaria solicitada por la población con apoyo de la diócesis de San Francisco de Asís. Pancartas y mensajes en los semáforos y otros lugares públicos de Asunción Mita, invitan a los vecinos a participar de la votación comunitaria para decir “no” a la minería. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala participará como observador de la consulta comunitaria del 18 de septiembre. Geólogos norteamericanos han señalado que el proyecto y sus impactos “podría enterrar el pueblo y entrar al sistema fluvial”. 

Por Paolina Albani

A 9 días de que la población de Asunción Mita, Jutiapa, decida en una consulta comunitaria la continuidad del proyecto minero “Cerro Blanco” en el territorio, los vecinos participaron en una serie de actividades del 5 al 7 de septiembre, organizadas por la diócesis de San Francisco de Asís para continuar la resistencia a la reactivación de la extracción minera que lleva más de 14 años dormido, que de revivir, pondría en peligro al medioambiente y la vida de los pobladores de Guatemala y El Salvador.

La oposición a la mina inició desde su llegada, en 2007. No solo porque la empresa ingresó al territorio sin consultar a la gente, sino porque cuando era propiedad de la empresa canadiense Entre Mares, obtuvo de manera fraudulenta la licencia de exploración y explotación.

“No tenían planos”, recordó Octavio Gasparico, uno de los vecinos en resistencia al proyecto Cerro Blanco. Cuando la compañía extrajo las aguas termales para llegar a la veta del mineral (de oro y plata), la excavación contaminó con arsénico las quebradas que desembocan en el río Ostúa.

Ahí supieron que tenían razón en oponerse y, años más tarde, la Iglesia católica fue el catalizador de una organización que dio vida a la resistencia comunitaria.

“Esta oposición al proyecto minero tiene un mensaje religioso, dado que estamos hablando del cuidado de los recursos naturales y de la tierra”, refirió el padre Víctor Ruano, quien también aseguró que la organización ha motivado a la gente a informarse.

A partir del acompañamiento de los curas de la Diócesis de Jutiapa, que empezó con las santas misiones populares, “se fue forjando la dinámica en torno a una Iglesia comprometida y las comunidades con incidencia, para contribuir al desarrollo humano. Dentro de esa incidencia está el elemento ecológico”, explicó.

Así que cuando, en 2016, Elevar Resources compró Cerro Blanco a la empresa Entre Mares, y propuso cambiar la modalidad de explotación subterránea a cielo abierto, la población se avocó a la iglesia para organizarse y encontrar una solución.

La resistencia se dio cuenta de que las manifestaciones y plantones tenían pocos resultados y que, más bien, estas acciones terminaban en la criminalización de sus dirigentes, contó Gasparico.

Foto: Cortesía.

Pero, de una cosa estaban seguros. Necesitaban realizar una consulta comunitaria para invalidar las acciones de la minera. Una consulta que, hasta ese momento, la empresa no había ejecutado como requisito previo a empezar a explotar el territorio.

Sabían que no podían ampararse en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), porque hace referencia a consultar a los pueblos indígenas y, en Jutiapa, la mayoría se considera ladina.

Más tarde, la respuesta la encontraron en el artículo 17 del Código Municipal, que establece que entre los derechos y obligaciones de los vecinos está “pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio”.

La población y la Iglesia reunieron más de 4 mil 200 firmas para exigir a la municipalidad que realizara la consulta comunitaria, y las entregó el 13 de mayo pasado.

La municipalidad eligió el 18 de septiembre para realizar el plebiscito. Desde entonces, pancartas y mensajes en los semáforos y otros lugares públicos de Asunción Mita, invitan a los vecinos a participar de la votación comunitaria para decir “no” a la minería.

Ese día, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) participará en el proceso como observador.

Gasparico dijo estar seguro de que la consulta ayudará a decidir el futuro no solo de los recursos naturales y del cerro el Pedernal, en donde se encuentra la mina, sino de quienes viven en los alrededores del proyecto extractivo y de terceros afectados, como el caso de una parte de la población de El Salvador que, según han referido expertos ambientales, también sufrirían por los efectos de la contaminación de la cuenca del río Ostúa, el lago Guija y el río Lempa.

Una municipalidad que no está convencida y una mina que desinforma

Pese a que el camino hacia la consulta no ha sido todo lo tormentoso que sí ha sido para otras comunidades, como es el caso de los maya Q´eqchi´ de El Estor, Izabal, frente a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN); la Municipalidad de Asunción Mita ha jugado un papel, de alguna manera, inesperado.

El padre Ruano ha referido que la municipalidad ha promovido la consulta como resultado de la presión que se le hizo al alcalde y que, esta experiencia podría servir de referencia a otros pueblos que quieran hacer valer sus derechos.

Al principio, “se hicieron los locos frente a la iniciativa de llevar adelante la consulta. Cedieron hasta que vieron que las firmas eran suficientes… Costó que las siguientes sesiones se realizaran para llevar adelante el proceso”, admitió el sacerdote.

En el transcurso detectaron que algunas personas habían firmado con nombres ficticios, por lo que cree que hubo un intento de sabotaje, pero, afortunadamente, las firmas legítimas sobrepasaban la cantidad requerida por la ley.

Por ello, está consciente de que en los días previos al gran evento, podrían “tramar algo para bloquear el proceso”.

Además de esto, en julio pasado, organizaciones de El Salvador que se oponen al proyecto, dijeron que la mina había puesto en marcha diferentes tácticas para minimizar la influencia de los defensores ambientales, como resultado del surgimiento de la oposición organizada que amenaza la viabilidad del proyecto.

“Ya la empresa comenzó a generar rumores en contra de la gente que se opone. Utilizan grupos de Facebook y WhatsApp para difamar a los líderes. Ahora dicen que si cierran el proyecto no habrá desarrollo por culpa de los defensores ambientales”, expresaron.

Ruano también ha dicho que la empresa ha esparcido desinformación entre los vecinos, al asegurar que no se realizará la consulta. Y la Asociación Mita Avanza, que funcionaría con fondos de Elevar Resources, ha intentado detener la consulta con un amparo.

Por otro lado, la mina no ha desistido de ganarse la simpatía de la gente pintando escuelas, ofreciendo pagar cursos en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), arreglando calles y regalando juguetes y uniformes deportivos. Incluso, ha promovido que sus empleados hagan visitas de casa en casa para exponer los beneficios de que la minera funcione en el lugar.

Pero las muestras de rechazo han sido mayores. En abril, las organizaciones de Guatemala y El Salvador llegaron al punto de empezar una movilización acuática para demostrar su repudio a la reactivación de Cerro Blanco. Todo apunta que la consulta comunitaria la ganará la población de Jutiapa.

La mina que nunca funcionó y el riesgo que representa

En 2015, cuando inició la cancelación del proyecto por “caducidad” (según el artículo 53 de la Ley de Minería), el gobierno de Otto Pérez Molina declaró una moratoria de dos años para que siguiera funcionando, pese a que era un proyecto que no daba pruebas de haber encontrado oro y/o plata y tampoco había pagado regalías, según Octavio Gasparico.

En 2016, Elevar Resources inició un proceso para reactivar la mina bajo otra modalidad. Hasta ese momento, Cerro Blanco estaba diseñado para extraer minerales de forma subterránea. Es decir, mediante túneles, pero, el cambio de dueño trajo consigo el cambio a cielo abierto. El cual Gasparico consideró como “más peligroso”.

A decir del entrevistado, este cambio no pasaría por actualizar o realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que ya tenía varios cuestionamientos de parte de la comunidad y los expertos ambientales de la organización ambientalista Madre Selva, sino que sería efectivo por medio de una ampliación del proyecto. Con lo cual, las mediciones e impactos ambientales y en la salud por la minería a cielo abierto, serían desconocidos.

Con ello, destruirían el cerro el Pedernal y colocarían los escombros a la intemperie, en un terreno que está a 395 metros de la comunidad Trapiche Vargas, dijo Gasparico. El miedo de los vecinos es que cuando llueva, el agua deslave los escombros y entierre la aldea.

Foto: Cortesía.

Un miedo fundamentado en los estudios de Steven H. Emerman, un geólogo de la Universidad de Princeton y Cornell, además de ser presidente del Subcomité de Cuerpo de Conocimientos de la Sociedad de Presas de EE. UU.

El pasado 25 de agosto, Emerman presentó una evaluación sobre el almacenamiento de desechos de la mina de Cerro Blanco en la que señaló que los relaves o desechos “se apilarían hasta una altura de 175 metros” y sería la segunda pila más alta del mundo, luego de la Coipa, en Chile.

Esta cifra es el equivalente a apilar 53 casas de un nivel, de 3.3 metros de altura. O bien, la extensión del 70% del Camp Nou, en Barcelona, que mide 250 metros de alto.

Con ello, “los relaves derramados podrían enterrar el pueblo y entrar al sistema fluvial”, concluye el estudio de Emerman.

Los desechos alcanzarían al río Ostúa y se insertarían en él después de 12 minutos del deslave, llegarían a la frontera con El Salvador en 31.5 minutos y al Lago de Guija en 49 minutos, de acuerdo al experto.

Esto tendría consecuencias extremas en donde se calcula la pérdida de más de cien vidas.

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