En dos procesos penales, cinco agentes y un excomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) están siendo juzgados por abuso de autoridad y detenciones ilegales cometidas contra la periodista comunitaria Norma Sancir y el periodista Sonny Figueroa. Ambos procesos ponen en tela de juicio los protocolos de actuación de la seguridad pública en la protección de derechos como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Por Simón Antonio Ramón
Después de ocho años de la detención ilegal de la periodista Norma Sancir, para este miércoles 28 de septiembre estaba previsto el inicio del juicio contra las policías Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquin, por el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, a un día de la audiencia, el Tribunal de Sentencia informó que el juicio se reprograma para mayo de 2023, porque la jueza suplente, Silvia Lorena Solares Morales, integrará un Tribunal Pluripersonal.
Un proceso de ocho años
La periodista Norma Sancir fue detenida el 18 de septiembre de 2014 cuando cubría una manifestación en Camotán, Chiquimula. La movilización que cubría la periodista se extendía a nivel nacional para exigir la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.
Sancir había reportado la manifestación, que comenzó un día antes y compartió material periodístico con varios medios de comunicación local, como la Radio Ch’orti’ y medios de cobertura nacional, como Guatevisión y Emisoras Unidas.
A pesar de que se identificó como periodista durante la cobertura, las tres agentes que la detuvieron hicieron caso omiso y al momento de su presentación ante el juez de turno, entre las pruebas que presentó el Ministerio Público (MP) fue un comunicado de prensa que ella tenía; el juez dictó falta de mérito tras cuatro días de detención. Posteriormente la periodista inició un proceso penal contra las tres agentes y el excomisario.
En 2018, a las agentes y el excomisario se les había dictado falta de mérito en un proceso viciado, sin que la fiscalía distrital de Chiquimula hubiera notificada a la periodista. Con la llegada de una nueva fiscal distrital, el caso fue trasladado el 22 de noviembre de 2019 a la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, un juez dictó la misma resolución: falta de mérito.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas apeló la resolución y se recusó al juez Manuel Francisco Vela de Mata que emitió opinión al momento de resolver la falta de méritos. El actual proceso comenzó el 22 de septiembre de 2020, cuando se ligó a proceso a las tres agentes y el excomisario por el abuso de autoridad.
La periodista identifica dos factores por los que se suspendió el inicio del juicio: “el sistema de justicia es lento y burocrático, son ocho años. Eso representa que no tenga yo una claridad de encontrar justicia”, señaló.
El segundo factor que Sancir identificó es un litigio malicioso que ha estado presente a lo largo de estos ocho años, provocando cansancio y desgaste. “Es cansado y frustrante. Tal vez lo que quieren es desesperarme o que ya no se den las condiciones para que los testigos no pueden llegar por distintas circunstancias”.
El juicio por abuso de autoridad
A pesar del escenario que plantea la periodista, la abogada querellante del caso, Jovita Tzul, cuestiona el rol de garante de la policía en la vida, la integridad, dignidad y seguridad de las personas en una movilización. “El encargado en este caso son las fuerzas de seguridad”, señaló.
“En ese cumplimiento del rol de garante está la línea delgada de la acción legítima y el abuso de autoridad, cuando las fuerzas de seguridad se apartan de cumplir sus funciones en el marco de la legalidad y de la legitimidad de su actuar, estamos hablando de un abuso de autoridad, lamentablemente las fuerzas seguridad y alta jerarquías no hace esa diferenciación y solo el uso excesivo de la fuerza”, dijo la abogada.
A pesar de los debates sobre un nuevo marco de seguridad pública a partir de los Acuerdos de Paz, esa transición parece estar lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. “Si bien es cierto han mermado acciones arbitrarias como desapariciones, actos de tortura que eran cometidas por las fuerzas de seguridad en esos tiempos no podemos negar que siguen existiendo hoy en día los mecanismos policiales agresivos para atender demandas sociales”, destacó Tzul.
Para la abogada, la PNC tiene protocolos de desalojo y protección a periodistas desde el rol de garante, lo que los agentes no pueden alegar ignorancia dado que la institución policial es jerárquica. Además, en este caso actúa como tercero civilmente demandado al Estado que es representado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) porque los agentes policiales estaban en su función al momento que realizar la detención. “En este caso debe continuarse la investigación e incluso los resultados que se puedan tener en el juicio, pudieran investigarse las posibles responsabilidades en alguna medida de funcionarios de mediano y alto rango”.
A lo largo del proceso, la periodista Norma Sancir dijo que pudo continuar en el caso por el apoyo que recibió de varias organizaciones de mujeres y, agregó que la solidaridad gremial fue poca y llegó un momento que en el que no hubo. “Creo que sin el apoyo de las compañeras no habría podido continuar, porque es muy cansado”, afirmó.
Otro juicio en el que la policía está acusada por detenciones ilegales
El 29 de agosto inició el juicio contra los policías Orlin Alexander Barrientos González y Ángel Isaías Fuentes Navarro, que detuvieron y agredieron al periodista Sonny Figueroa el 11 de septiembre de 2020, frente del Palacio Nacional cuando pedía ayuda, porque minutos antes había sido asaltado.
En la apertura de juicio, el abogado Rottman Pérez dijo que su defendido fue detenido ilegalmente en el contexto de una serie de ataques sistemáticos contra la actividad periodística, como parte de una regresión que atenta contra la libertad de prensa”. En su intervención pidió a la jueza Mirian Andrea García Aguilar que se advirtiera a los dos agentes que pueden ser condenados también dependiendo las pruebas que presente el MP por el delito de lesiones graves.
La solicitud del abogado Pérez se debe que el periodista Sonny Figueroa tuvo que ser intervenido por las agresiones de los dos agentes de la PNC. “Un aspecto relevante que hay que tomar en cuenta es que se ha hecho la advertencia a los acusados sobre la posibilidad de ese abuso de autoridad cometido podría incluir como resultado lesiones graves en contra del periodista”.
El periodista Sonny Figueroa dice que las agresiones contra el gremio periodístico se deben al rol informativo que realiza. “Vemos patrones que se repiten tanto en la ciudad de Guatemala como a nivel nacional, donde lo primero que se buscan es criminalizar el ejercicio periodístico bajo la dinámica que el periodista está incentivando a las personas a manifestar”, señaló el periodista.
Las agresiones a la prensa implican un escenario de censura y autocensura para las y los periodistas en futuras coberturas, Sonny Figueroa en su experiencia dijo que también el exigir justicia por la agresión que sufrió le generó temor, porque puede ser víctima de represalia a la institución policial debido a l proceso que lleva contra los dos agentes que lo agredieron.
El juicio contra los dos agentes en el caso del periodista Sonny Figueroa podría concluir en octubre de este año. En el caso de la periodista Norma Sancir comenzará hasta el 17 de mayo de 2023 tras reprogramarse porque estaba planificado para el 28 de septiembre.
