Por Regina Pérez
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, recusó al magistrado vocal de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Roaldo Isaías Chávez, pesquisidor del antejuicio presentado en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, una entidad afín a militares, señalando que existe interés del abogado Chávez en este asunto ya que tiene vinculación con dependencias y miembros del ejército de Guatemala.
Este martes 27 de septiembre, Gálvez había sido citado por el magistrado Chávez para presentar las pruebas en su defensa por el antejuicio que presentó la referida Fundación, sin embargo, dicha audiencia se suspendió.
El juez fue denunciado por Fundación contra el Terrorismo por los delitos abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravadas en forma continuada, días después de que enviara a juicio a varios militares en el caso Diario Militar en mayo pasado y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a su antejuicio el 15 de junio, en un proceso que según la defensa del juzgador está lleno de irregularidades.
Gálvez también presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), que busca detener la denuncia, en la que se le acusa de haber abusado de la prisión provisional en contra de varios sindicados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y el exministro Mauricio López Bonilla, con lo cual habría incurrido en varios delitos.
Juez Gálvez: el antejuicio es arbitrario y atenta contra la independencia judicial
El abogado defensor del juzgador, Herbert Pérez, indicó que son cuatro las razones por las que el juez Gálvez recusó a Chávez, de quien se duda de su parcialidad. Esto, porque existe una relación entre la Fundación contra el Terrorismo, con los militares.
- El magistrado Roaldo Chávez se desempeñó como analista del Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM actualmente DIGECAM) entre 1999 a 2002, una dependencia que pertenece al Ministerio de la Defensa.
- Chávez también fue asesor del Segundo Despacho Viceministerial del Ministerio de Gobernación, a cargo del entonces ministro Mauricio López Bonilla, quien fue subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional entre 1993 y 1996. Esta relación podría comprometer la independencia de Chávez como pesquisidor, alegó el juez en la recusación, quien considera que el antejuicio en su contra es para apartarlo del caso Diario Militar, donde están señalados militares retirados y expolicías acusados de formar parte de una estructura clandestina entre 1982 y 1985 que desapareció a militantes guerrilleros.
- Raúl Falla, abogado de la referida fundación, también fue compañero de promoción de Chávez en la Universidad Rafael Landívar. Otra relación que alega el juez es que en la denuncia la Fundación contra el Terrorismo hace mención al exministro de Gobernación, López Bonilla, señalado en el caso conocido como Cooptación del Estado, en el que Gálvez fue juez contralor y lo ligó a proceso.
- “Hay un interés directo porque la ley lo establece así, si usted fue asesor de un sindicado, usted no puede ser juez”, argumentó Pérez. En este caso el magistrado está conociendo el expediente de Gálvez y recomendará a la CSJ si se le debe retirar la inmunidad o no para ser investigado.
- Finalmente, el abogado Pérez dijo que Chávez es hermano del exdiputado Luis Chávez, electo por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (LDER). El juez Gálvez condenó en un procedimiento abreviado a Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala (BANGUAT) y candidato a la vicepresidencia de dicho partido.
“Una vez más se evidencia que se compromete la garantía de imparcialidad”, indicó.
El primer resultado de la recusación fue la suspensión de la audiencia programada para este martes a la 1 de la tarde.
Por la tarde se conoció que el magistrado Chávez, en una resolución, admitió su amistad con Falla pero no se pronunció sobre los demás puntos. Ahora se espera que la CSJ conozca los impedimentos expuestos por Gálvez y que resuelva con lugar o no la recusación presentada.
Persecución desde el Estado y estrategia de impunidad
Gálvez es titular del Juzgado B de Mayor Riesgo donde ha conocido casos de corrupción y procesos de justicia transicional como la quema de la Embajada de España, Sepur Zarco, Mujeres Achi y actualmente el Diario Militar, en el que envió a varios acusados a juicio en mayo pasado.
Luego de enviar a juicio a los militares, Gálvez fue denunciado por la Fundación contra el Terrorismo. La defensa del juez alega que el trámite de la denuncia no procede y que tuvo varias irregularidades, una de las más graves es el hecho de que a los denunciantes no les constan los hechos de que acusan al juez, como lo establece la ley en materia de antejuicio.
Cualquier persona puede denunciar a un funcionario, pero solo si le consta el hecho, lo cual no está demostrado en este caso, donde no presentaron audios de las resoluciones y muchos de los sindicados llegaron a altas instancias, incluso a la CC, que determinó que no se vulneraron sus derechos, dijo Pérez.
El abogado independiente, Ramón Cadena, señaló que el antejuicio contra Gálvez se trata de una persecución en su contra, por sus resoluciones judiciales. “Es una estrategia de impunidad que les está funcionando porque el sistema de justicia está cooptado”, dijo el abogado, quien indicó que el actor más visible atrás de esta estrategia es la Fundación contra el Terrorismo.
Sobre por qué la Corte Suprema de Justicia da trámite a estos antejuicios, Cadena indicó que es parte de la cooptación. Los magistrados ya llevan en el cargo más tiempo del periodo constitucional, eso lo he llamado como un golpe de Estado en contra del Poder Judicial, necesitaban dejar a los magistrados en sus puestos para que le dieran luz verde a los antejuicios, anotó.
El caso del juez Gálvez no es el único, ya que otros jueces de Mayor Riesgo han sido denunciados como la exjueza Erika Aifán, quien salió del país en marzo pasado y tuvo que renunciar al cargo por no encontrar garantías de protección a su vida y porque las amenazas y presiones le hacían imposible seguir en el cargo.
La jueza Érika Aifán renuncia al cargo por amenazas y presiones
Se suman a la lista otros operadores de justicia como el juez Pablo Xitumul, a quien se le separó del cargo, la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, en prisión preventiva desde marzo pasado y la fiscal de la FECI, Samari Gómez, señalada en un caso que implica al presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, por lavado de dinero.
Además de la Fundación contra el Terrorismo como estratega de esta persecución, el abogado indicó que podrían estar los acusados que guardan prisión por casos de corrupción en las cárceles de Matamoros y Mariscal Zavala, quienes buscan salir de prisión.
