El juez Miguel Ángel Gálvez dijo durante una vista pública de la Corte de Constitucionalidad que en la querella, presentada por la Fundación contra el Terrorismo, para que se le retire el antejucio, se puede concluir que no hay un documento serio que demuestre que la denuncia se promovió por los sujetos procesales o el Ministerio Público. Para Gálvez la solicitud de antejuicio tramitada por la CSJ fue una decisión arbitraria pues atenta en contra de la independencia judicial.
Por Regina Pérez
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, continúa su defensa para impedir que avance el antejuicio que presentó en su contra Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, denuncia que fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que está siendo investigada por el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chávez.
El pasado 15 de junio, la CSJ admitió el antejuicio presentado por Méndez Ruiz en contra del juzgador, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravadas, lo cual según el juez Gálvez, fue una decisión arbitraria pues atenta en contra de la independencia judicial.
En una vista pública ante la Corte de Constitucionalidad (CC), presidida por la magistrada presidenta Dina Ochoa, Gálvez dijo que con una lectura de la querella se puede concluir que no hay un documento serio que demuestre que la denuncia se promovió por los sujetos procesales o el Ministerio Público (MP).
De la lectura del memorial, según el juez, se puede establecer que no se efectuó una investigación seria que permita presentar medios de convicción para sustentar los argumentos, fundamentándose en transcripciones de notas periodísticas y el estudio “La prisión preventiva en Guatemala, proyecto de lineamientos de política económica, social y de seguridad, 2011-2021”, del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN). Esto para Gálvez no constituye elementos de convicción idóneos.
La denuncia en contra del titular del Juzgado B de Mayor Riesgo fue presentada pocos días después de su resolución en el caso Diario Militar, cuando envió a juicio a nueves militares retirados y expolicías señalados de desaparición forzada y otros delitos, aunque los denunciantes niegan que se haya presentado por eso, sino por sus resoluciones en las que alegan abuso de la figura de prisión provisional.
Por su parte, Gálvez indicó que, en su resolución, la CSJ al tramitar el antejuicio, hizo referencia a que en el informe del CIEN se señalaron varios casos en los que se aplicó la figura de prisión provisional. “¿Cómo es posible que la CSJ pueda afirmar algo sin haber tenido a la vista los procesos o como mínimo hacer una llamada al Centro de Gestión Penal del OJ y establecer quién tramitó los procesos correspondientes?”, cuestionó.
#Justicia⚖️El juez Miguel Ángel Gálvez interviene en una vista pública en la @CC_Guatemala por un amparo que interpuso en contra de la Corte Suprema de Justicia que tramitó el antejuicio en su contra presentado por Ricardo Méndez Ruiz. https://t.co/dRvPEIj8Xy pic.twitter.com/PLexESA6va
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 19, 2022
Este es el segundo amparo que solicita el juzgador ante la CC, que ya rechazó una primera petición.
Los procesos en los que se acusa a Gálvez
Uno de los procesos en los que supuestamente el juez resolvió haciendo abuso de la prisión provisional es el de Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango, el cual según Gálvez se tramitó en ese departamento y no en su judicatura.
El caso de Luis Carlos de León Zea, exdirector de Presidios tampoco se tramitó en su judicatura y el de Rony López, exfiscal del MP, se inició en el juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, indicó Gálvez durante su argumentación. Tras una recusación en contra de la jueza, el caso pasó a su juzgado.
El exfiscal López pasó 4 meses sin que se le dictara prisión preventiva, lo cual señaló el juez no fue por una resolución de él sino por responsabilidad de la jueza Domínguez.
En otro proceso, el de Claudia Méndez Asencio, exintendente de Aduanas acusada en el caso La Línea, Gálvez dijo que realizó su audiencia de forma ininterrumpida luego de su detención.
Finalmente, en cuanto al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sindicado en el caso “Cooptación del Estado” junto a 53 personas y detenido el 11 de junio, se realizó su audiencia de primera declaración el 13 de junio y el 27 de junio dictó prisión preventiva.
A decir del juez, en su resolución del 15 de junio, la CSJ no afirmó categóricamente que Gálvez no cumplió con la normativa legal y además no había elementos de convicción en los que se pueda comprobar que el denunciante haya sido afectado de manera directa con la resolución emitida.
Por su parte su abogado defensor, Herbert Garibaldi Pérez, cuestionó que la resolución de la CSJ le dio legitimidad a una entidad denunciante que no fue parte del proceso en los casos señalados, en la querella que dio origen al antejuicio.
Esta resolución valora el derecho al debido proceso y principio de legalidad y la garantía de independencia judicial, destacó el abogado, quien pidió otorgar el amparo.
Fundación contra el Terrorismo expresa deseo de ver preso a Gálvez
Durante su intervención, Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo indicó que el caso está relacionado con varias resoluciones del juez, “donde abusando de su cargo, de manera ilegal ordenó decretar prisión provisional, término que no existe en la legislación guatemalteca” y justificó que cualquier ciudadano puede poner la denuncia y constituirse como querellante adhesivo.
Dicha fundación se ha constituido en querellante en varios procesos, como el de la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo, las exfiscales Eva Sosa, Samari Gómez y Virginia Laparra y el periodista José Rubén Zamora.
Por su parte, Ricardo Méndez Ruiz, finalizó la intervención sosteniendo que el poder es efímero, “y que un día en esas mismas instituciones que ellos cooptarían a base de persecuciones ilegales y chantajes serían perseguidos, con la única diferencia que hoy el juez Miguel Ángel Gálvez ya no cuenta con ese apoyo de Todd Robinson, de Iván Velásquez, de Thelma Aldana o del ‘profuguito, quienes desde Washington no harán más que enviar un tuit por él”, manifestando su deseo de ver preso al juez.
La fiscal del MP, Maritza Castillo, por su parte secundó la petición de los querellantes de no otorgar el amparo que beneficiaría a Gálvez.
El juzgador no es el único operador de justicia que es perseguido penalmente. En la misma situación estuvo la exjueza Érika Aifán quien tenía varias denuncias en su contra y quien tuvo que salir del país en marzo pasado. Aifán tenía pendiente un antejuicio y presentó sus pruebas de descargo ante el juez Roaldo Isaías Chávez, mismo juez que conoce el expediente de Gálvez.
En marzo, el juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, fue separado del cargo mientras resolvía una denuncia que presentó en su contra la Fiscalía de Delitos Administrativos. Al menos 24 operadores de justicia, entre exfiscales, dos magistrados y dos exfiscales generales están en exilio.
Ante esta situación, el juez Gálvez solicitó a principios de septiembre al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo una visita a Guatemala para constatar la situación de los operadores de justicia, donde dijo que se perdió la separación de poderes.
