Los eurodiputados visitarán Guatemala en noviembre de este año a petición del juez Gálvez; periodistas guatemaltecos piden investigaciones de los inversionistas en minería que están vinculados a violaciones de derechos humanos en Guatemala.
Por Paolina Albani
Este 5 de septiembre, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez Barrios, dijo al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que las presiones, el hostigamiento y la persecución que enfrenta por su labor está vinculada a la cooptación del sistema de justicia que “está actuando de manera concertada con grupos” y que ha dejado a los jueces independientes “desprotegidos”. Por ello, ha pedido a los eurodiputados que visiten Guatemala para constatar el riesgo en que la independencia judicial se encuentra. La visita fue confirmada para noviembre de 2022.
Miguel Ángel Gálvez tiene 24 años como juez en el Organismo Judicial (OJ). Ha conocido casos de corrupción como La Línea, Cooptación del Estado, la Coperacha y Agua Mágica en el lago de Amatitlán. Además, su judicatura ha conocido casos de justicia transicional sobre graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno. Como el caso Diario Militar, en donde se investiga la participación de militares retirados y expolicías en la desaparición de 183 personas durante la dictadura de Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Durante su intervención, el juez aseguró al subcomité que “en Guatemala se perdió la separación de poderes y, actualmente, todas las instituciones están al servicio del poder político”. “En estos momentos, el poder político de turno llegó a tomar todas las instituciones”, sentenció.
El ejemplo más visible de esa cooptación al OJ es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones no han sido renovados, por casi cuatro años, porque “el Congreso no los ha querido elegir”, dijo.
#RegresiónAutoritaria⚖️Intervención del juez Miguel Ángel Gálvez ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo quien habló sobre el hostigamiento hacia los jueces de Mayor Riesgo que conocen procesos del conflicto armado y crimen organizado. https://t.co/DnxMsvqDVH pic.twitter.com/I6w4SKmjMn
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 5, 2022
Estas cortes están integradas por juristas alineados al “Pacto de Corruptos”, como Silvia Valdés, actual presidenta de la CSJ, quien ha sido señalada de haber negociado junto a Gustavo Alejos, la integración de nóminas de candidatos a Salas de Apelaciones para el siguiente período. Un caso llamado, Comisiones Paralelas 2020.
“Esto significa que la prolongación de las cortes ha provocado un desgaste profundo y un retraso de la administración de justicia”, indicó.
Esta cooptación, a decir de Gálvez, ha erosionado las garantías para que los jueces puedan ejercer de manera independiente. Otros jueces de mayor riesgo han tenido que abandonar el país por la persecución penal que han sufrido frente a un sistema que no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida e integridad, según las palabras de la jueza Erika Aifán.
Para Gálvez, no es casualidad que esta persecución venga de grupos anexos al poder para “obstruir la administración de justicia y ganar impunidad en el país”.
Desde 2018, año en que el expresidente Jimmy Morales colocó a Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público y, más adelante, en 2019, cuando logró la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); al menos 24 operadores de justicia se han exiliado en Washington, como parte de una regresión autoritaria que ha criminalizado a jueces, fiscales y magistrados anticorrupción. Catorce personas más se encuentran en México, Costa Rica, y una más en Suecia, indicó Gálvez.
Los militares detrás de la persecución a Gálvez
El juez también dijo al parlamento que, en 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas precautorias que el Estado guatemalteco debía de acatar para asegurar su protección. Sin embargo, las amenazas en su contra continuaron y para mayo de este año, la CSJ admitió una solicitud de antejuicio de la Fundación Contra el Terrorismo en contra de Gálvez.
La fundación, integrada por militares y militares retirados, – algunos de los cuales han sido señalados por la violación a derechos humanos durante el conflicto armado – lo acusa de haber enviado a prisión preventiva a varios sindicados del caso Diario Militar cuando todavía no eran escuchados en primera declaración. Gálvez ha respondido a este señalamiento diciendo que por el volumen de implicados, 12 personas, era imposible escucharlas a todas en un plazo de 24 horas, como indica la ley.
Pese a esto, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de esta asociación, ha amenazado al juez de manera pública, en redes sociales, en donde le ha advertido que se encargara de su persona y de verlo procesado.
“La Fundación Contra el Terrorismo es muy fuerte. Genera mucha influencia en los partidos de gobierno y la mayoría de sus miembros han sido sancionados por el Departamento de Estado de EE.UU. por obstruir la administración de justicia y promover la corrupción”, explicó Gálvez al Parlamento.
En los próximos días, Gálvez podría conocer la decisión de Eduardo Galván Casasola (quien tiene vínculos con militares), nombrado como juez pesquisidor de Gálvez por la CSJ, para determinar si las acusaciones que la fundación ha hecho tienen fundamento y así, retirarle la inmunidad.
Eduardo Galván Casasola es el juez pesquisidor que conocerá la solicitud de retiro de antejuicio presentada por la Fundaterror contra el juez Miguel Ángel Gálvez. En este hilo compartiremos información relevante para entender su perfil. [1/4] pic.twitter.com/Af3mSKZC0a
— CMI-Guatemala (@cmiguate) July 13, 2022
A raíz de esta situación, Gálvez, ha pedido a los diputados del subcomité que sostengan una reunión con otros operadores de justicia del país y que una delegación visite a Guatemala para constatar la situación de la independencia judicial y los riesgos que enfrentan los operadores de justicia.
Además, que el Parlamento Europeo “exhorte al Estado a cumplir con las obligaciones internacionales en material de independencia judicial” y que “cese la criminalización contra los operadores de justicia”.
Otras peticiones
Marlise Stappers, directora ejecutiva de Impunity Watch, también intervino en la audiencia y dijo que “es sumamente grave que se utilice el sistema de justicia como método de represión en contra de quienes imparten justicia y defienden los derechos humanos. La población guatemalteca y los pueblos indígenas están cada vez más desamparados en sus derechos fundamentales”.
Stappers mostró su preocupación por la represión a la vuelta de un año electoral y por el riesgo que existe de que la Unión Europea pierda la inversión que ha hecho a Guatemala, para ayudar a construir la paz y un sistema de justicia independiente.
“En este momento, no existen garantías para el proceso electoral libre, democrático y transparente… Por ello, urgimos a la Unión Europea a tomar medidas más fuertes y contundentes”.
La directora ejecutiva de Impunity Watch pidió al subcomité que se envié una misión de observación electoral “para evitar una manipulación de las Elecciones del 2023” y que los países de la Unión Europea prioricen y aumenten el apoyo político y financiero a la sociedad civil y medios de comunicación independientes que luchan contra la corrupción e impunidad.
“Esto es esencial, en este momento, pues existen cada vez más obstáculos para la participación ciudadana”, acotó Stappers.
Del mismo modo, pidió que el parlamento cree un mecanismo de monitoreo permanente sobre la situación de los derechos humanos y el Estado de derecho en Guatemala. Un mecanismo en el que participen tanto la sociedad civil, los operadores de justicia, los pueblos indígenas, como los medios de comunicación.
Otra de las solicitudes que hizo fue fortalecer la coordinación con EE.UU. para sancionar las violaciones de derechos humanos y a las amenazas al Estado de derecho y a la democracia en Guatemala. Sanciones que estarían dirigidas contra funcionarios públicos involucrados en detenciones arbitrarias y ataques contra la libertad de expresión.
Violaciones a derechos humanos cometidos por mineras
Gálvez no fue el único en exponer sobre la débil situación de la justicia guatemalteca. Los periodistas Luis Solano y Carlos Choc, contaron al parlamento la persecución y criminalización penal de la que han sido objeto por reportar sobre la minería en Izabal.
Según Solano la minera rusa Solway Investment Group, con sede en Suiza, ha logrado que Guatemala se convierta en la segunda productora de níquel en Latinoamérica y la novena a nivel mundial. Pese a ello, acumula denuncias por corrupción, fraudes, sobornos, delitos ambientales, persecución a periodistas y lideres comunitarios maya Q’eqchi’.
Para ambos, la minera ha dejado en evidencia una serie de patrones operativos que van desde los desalojos violentos, despojo de tierras, contaminación ambiental, la contratación de militares para ejercer tareas de vigilancia y seguridad, hasta el uso de la policía y la fuerte militarización para defender las inversiones mineras.
“Existe una persecución y criminalización de liderazgos comunitarios que hacen que la tensión en el territorio sea grande”, dijo Solano.
Por su lado, Choc señaló que la minera simuló una consulta comunitaria para devolver la validez al proyecto extractivo que, en ese entonces, tenía orden de suspender operaciones. Durante el proceso, la mina excluyó a más de 90 comunidades afectadas por la empresa para evitar que el “no” terminara clausurando el proyecto.
#RegresiónAutoritaria El periodista Carlos Choc, participó en la audiencia del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Habló de las violaciones a los derechos del pueblo maya Q’eqchi’, por la extracción minera en El Estor, Izabal y del asecho a la libertad de prensa pic.twitter.com/yylDrairg4
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 5, 2022
Los periodistas también pidieron la visita de una delegación in situ de diputados del parlamento para conocer las denuncias de las comunidades y demás personas afectadas, así como fiscalizaciones a las inversiones europeas en minería y propiciar a que los gobiernos europeos realicen investigaciones de los inversionistas que están vinculados a violaciones de derechos humanos en Guatemala.
Tras la exposición, Tilly Metz, presidenta de las relaciones con América Central del parlamento, dijo que “se ha constatado un uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales contra defensores de derechos humanos y periodistas para penalizarles u obstaculizar su trabajo”. Y que la mayor parte de los crímenes que se cometen contra los defensores de derechos humanos no se investigan como es debido y resultan impunes.
Al mencionar al grupo Solway, Metz recordó a los eurodiputados que la explotación de níquel ha amenazado la salud del lago de Izabal que “es fundamental para la población local que depende de la agricultura y la pesca”.
