Créditos: Dan Moriarty.
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*En julio, Yadira Sánchez-Esparza, Asistente de Programa para los Programas de México y Centroamérica del Latin America Working Group (LAWG), se unió a una Delegación de Derechos Humanos de Emergencia dirigida por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC). Como parte de la delegación, se reunió con Prensa Comunitaria.

En Guatemala estamos siendo testigos de la criminalización de la verdad. Pero sólo recientemente la preocupante situación de violencia contra los periodistas en Guatemala ha llegado a la escena internacional. En lugar de defender el derecho de los periodistas a informar, bajo la administración del presidente Giammattei, el acoso y la intimidación pública a varios representantes de la prensa se han convertido en la norma en Guatemala. Pero esto no es nuevo. Giammattei se ha basado en el legado del ex presidente Jimmy Morales que promovió el uso violento de la desinformación y la difamación de la prensa.

Y ha habido graves consecuencias. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) informó que de 2020 a junio de 2022 se han producido 350 ataques y restricciones a la prensa. Las estadísticas no pueden captar la diversidad y la magnitud de la intimidación, el acoso, la difamación y las agresiones tanto virtuales como físicas a las que se enfrentan los periodistas de toda Guatemala por el simple hecho de realizar su trabajo.

Tanto dentro como fuera de la capital, los periodistas sienten la inquietante presión de la vigilancia y la intimidación. En el caso de las mujeres, muchas son acosadas sexualmente, tanto virtualmente en sus cuentas profesionales en línea como físicamente. Sus direcciones se publican en las redes sociales, y se las intimida para que guarden silencio. Los periodistas indígenas que informan sobre los daños medioambientales de los proyectos mineros, la contaminación del agua y otras amenazas a sus tierras ancestrales, son amenazados con armas o sus casas son allanadas.

Una de las tácticas más habituales es el uso de acusaciones falsas para encarcelar y silenciar a los periodistas. Por ejemplo, la comunicadora maya k’iche’ Anastasia Mejía Tiquiriz, directora del medio de comunicación comunitario Xol Abaj, fue acusada por los delitos de sedición, agresión agravada, incendio y robo. Estas difamaciones y amenazas contra ella se produjeron por haber informado sobre una manifestación contra el alcalde Francisco Carrascosa que se transmitió en directo a través de su página de Facebook con más de 157.000 seguidores. Carrascosa forma parte de la lista Engel, sobre actores corruptos en el país.

Recientemente, José Rubén Zamora, presidente del medio de comunicación guatemalteco ElPeriódico, fue detenido bajo cargos falsos. En cuestión de horas, la noticia dio la vuelta al mundo. Este caso es uno de los muchos que ponen de manifiesto la urgencia de la situación en Guatemala. Sin embargo, la mayoría de los periodistas no tienen un perfil tan alto como para provocar una reacción tan instantánea y pública. De hecho, cuando se les detiene falsamente, la mayoría de los periodistas se ven obligados a confiar en sus amigos, familias, pequeñas redes locales y pequeños socios de la sociedad civil para ser liberados o luchar contra los cargos que se les imputan.

Hay muchos que pasan semanas o años sin ser liberados. Los periodistas se enfrentan a estas condiciones por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión e informar sobre lo que ocurre en su comunidad. ¿Cómo es esto posible si los periodistas están protegidos por el artículo 35 de la Constitución guatemalteca, que protege su derecho a hablar libremente y de forma crítica?

La respuesta: la impunidad.

A pesar de la creación de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas hace apenas unos años, Guatemala sigue ocupando el puesto 124 de 180 países en la clasificación de la libertad de prensa. Esto se debe a que, aunque técnicamente la libertad de prensa está protegida, no se aplica y los responsables de las agresiones contra los periodistas suelen tener conexiones con los encargados de hacer justicia. En consecuencia, Guatemala ha creado un entorno en el que los periodistas se ven obligados a autocensurarse por miedo a las represalias. Como explica Nelton Rivera Gónzalez, historiador y fotoperiodista que forma parte del equipo de investigación de

Prensa Comunitaria, el medio de comunicación independiente que apoya la información comunitaria e indígena, “ser periodista en Guatemala es trabajar solo, no hay Estado que te ayude”.

Los periodistas son sólo uno de los muchos grupos cuyas voces son silenciadas por cualquier medio en Guatemala. Los mismos patrones de criminalización que vemos utilizados para los periodistas, también se están utilizando contra los defensores de los derechos humanos, los líderes de las comunidades indígenas, los estudiantes y los fiscales al más alto nivel.

Con este nivel de ataques a la libertad de prensa, la verdad está en peligro en

Guatemala. La comunidad internacional, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, no debe quedarse de brazos cruzados mientras las estadísticas de amenazas contra los periodistas se convierten en estadísticas de periodistas asesinados y debe prestar atención a los ataques contra los periodistas de la comunidad, así como a los de más alto perfil.

Si los periodistas guatemaltecos siguen hablando mientras están escondidos, en la cárcel y en peligro, entonces no tenemos excusa para permanecer callados. Párate con nosotros para exigir que el gobierno guatemalteco respete el derecho de los periodistas a informar libremente y que se investiguen TODAS las amenazas y ataques contra los periodistas.

#NoNosCallarán

Texto publicado en LAW.ORG

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