El gobernador de Izabal renuncia al cargo y deja un legado de represión a la resistencia antiminera de El Estor

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Créditos: Archivo PC, octubre 2021.
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria dijeron que la renuncia del gobernador de Izabal, Héctor Alarcón, se debería a que busca participar en las elecciones generales de 2023 como candidato a alcalde de Puerto Barrios, por el partido oficial VAMOS. Alarcón será recordado por su apoyo a las empresas extractivas en El Estor, en detrimento de la población. 

Por Juan Bautista

El lunes 26 de septiembre, después de una reunión realizada en la Brigada de Infantería de Marina de Puerto Barrios, cabecera departamental de Izabal, Héctor Alarcón, gobernador departamental aseguró a varios periodistas locales, que el pasado 14 de septiembre presentó su renuncia al cargo, ante el presidente Alejandro Giammattei, aunque no indicó si esta fue aceptada.

“Hoy también le notifiqué acá a todo el pleno, ellos sabían que el 14 de este mes presenté mi renuncia ante el señor presidente, eso significa que el 30, día viernes es mi último día laboral con el Estado de Guatemala”, dijo.

Sin embargo, algunos periodistas consultados bajo anonimato, aseguran que la renuncia de Alarcón tiene una razón política, ya que busca participar en las elecciones generales de 2023, como candidato a alcalde de Puerto Barrios por el partido oficial VAMOS.

Además, indicaron que para el puesto de Gobernador Departamental hay tres candidatos propuestos, de los cuales, uno de ellos será elegido por el mismo Héctor Alarcón.

Alarcón ocupó ese puesto desde que Giammattei llegó a la presidencia el 14 de enero de 2020. Durante su periodo como gobernador causó temor y represión contra las comunidades indígenas del departamento, centró su atención principalmente en el municipio de El Estor, donde habita el pueblo maya Q’eqchi’, del cual un alto porcentaje está en contra de la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la empresa CGN-PRONICO subsidiaria de Solway, casa matriz con sede en Suiza, con capital ruso.

Retrato de un gobernador prominero

En octubre de 2021, mientras la población Q’eqchi’ organizada mantenía resistencia pacífica en la entrada del municipio de El Estor, el gobernador, junto a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), llegó al lugar y reprimió con bombas lacrimógenas y agresiones a quienes manifestaban. Los pobladores manifestaban pacíficamente en contra de la operación ilegal del proyecto Fénix, porque fueron excluidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en una consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019.

El hecho ocurrió después de que Alarcón diera la orden de desalojar a la resistencia y abrir el paso a las góndolas cargadas con carbón, que intentaban ingresar a la planta procesadora de níquel, ubicada en la región sur de El Estor.

Dos días antes del desalojo, el funcionario llegó en tres ocasiones al lugar, acompañado por antimotines de la PNC, para exigir a los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’, que dejaran pasar los camiones de la empresa minera.

La segunda vez que llegó Alarcón fue el 22 de octubre, ese día intentó forzar a la resistencia, pero no logró el objetivo, aunque lanzaron bombas y varias mujeres y menores de edad resultaron intoxicados por el gas.

La mañana del 23, el gobernador volvió al lugar por tercera ocasión, esa vez llegó con más policías y un grupo de elementos del Ejército; algunos helicópteros militares sobrevolaron el área; ese día sí lograron abrir el paso y desalojar a la población con armas, bombas y amenazas. La gente estaba atemorizada y decidió salir del lugar mientras a la fuerza de seguridad no le importaba la vida de las personas.

Desde esa fecha, el municipio de El Estor quedó rodeado de policías y soldados, porque el gobierno de Alejandro Giammattei estableció un estado de sitio en El Estor, que permitió allanamiento de viviendas, control, vigilancia y persecución contra las autoridades y periodistas independientes que dieron cobertura a lo que había ocurrido.

En noviembre, aun cuando estaba vigente el estadio de sitio, el gobernador Héctor Alarcón acompañó a los agentes de seguridad en un desalojo, que terminó con la quema de viviendas de 96 familias en la comunidad de Palestina Chinebal, en la región sur de ese municipio.

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