Por Paolina Albani y Juan Calles
Los cargos que criminalizaban la labor informativa del periodista maya Q’eqchi’, Carlos Ernesto Choc Chub, fueron levantados y la orden de captura en su contra, anulada. La persecución penal que aquejó al periodista comunitario por nueve meses, se resolvió en la audiencia de primera declaración en menos de media hora.
La criminalización del periodista surgió de la denuncia de 13 policías quienes lo acusaron, en enero pasado, de graves agresiones físicas cuando intentaban desalojar al Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ y a los vecinos de El Estor, Izabal. El 22 de octubre de 2021, cumplían 18 días de estar protestando en contra de la mina Fénix, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la empresa ruso-suiza Solway Investment Group, y también exigían ser incluidos en la consulta comunitaria que decidiría si el proyecto extractivo debía de continuar operando o no.
Durante la jornada, Choc, junto a un equipo de periodistas de Prensa Comunitaria, dio cobertura a la manifestación que tomó la ruta principal de El Estor para presionar a las autoridades a escuchar sus demandas, pero también documentó el uso de la fuerza excesiva de parte de la policía antimotines y del ejército, quienes buscaban liberar el camino para los camiones de la minera sin importarles el bienestar de los manifestantes.
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La noche del 12 de septiembre de 2022, la oscuridad se instala en uno de los hoteles del municipio de Puerto Barrios, en el departamento caribeño de Izabal, en donde se encuentra Carlos Choc. El periodista comunitario, quien tiene más de 15 años de ejercicio profesional, arregla sus cosas para el siguiente día. En unas pocas horas, deberá encarar a la justicia por una denuncia falsa que 13 policías le plantaron para desacreditar su labor informativa.
Esa noche, dice que en su mente rondaban varias ideas. Una de ellas es lo difícil que sería convencer al juez Aníbal Arteaga, quien ya antes ha favorecido a la minera de CGN con sus resoluciones y quien, además, tiene nexos con el narcotráfico, de su inocencia. Particularmente, porque hace tres años, ese mismo juez lo ligó a proceso porque no quiso reconocer la labor de Choc como periodista.
Pero también piensa en sus hijos, su única familia. Antes de irse a dormir, les llama y les dice que cualquiera que sea el resultado de la audiencia, deben estar seguros que él nunca hizo nada malo ni ilegal.
A la mañana siguiente, se alista para la audiencia. El periodista Juan Calles, de Prensa Comunitaria, quien lo acompaña para documentar sus pasos, le pregunta:
—¿Cómo te sentís?
—Estoy totalmente tranquilo, llevo la frente en alto. -Me acompañan- los abuelos y las abuelas, su sabiduría y la seguridad de que mi trabajo periodístico está ahí. No hace falta que yo hable y lo diga.
—Estás a punto ir a una audiencia que definirá tus siguientes días
—Este día marcará mucho. -Hace algún tiempo que- llevo una vida que no es normal… si deciden enviarme a prisión preventiva o actuar de forma arbitraria e ilegal, será como tener otra experiencia de criminalización, pero me siento bastante tranquilo. Hoy también podría terminar una segunda persecución penal en mi contra.
En Puerto Barrios, a unos 293 kilómetros de la capital, el calor empieza a sentirse desde temprano. Por eso Choc siempre lleva un sombrero a la mano. Es raro verlo sin él y ya forma parte de su apariencia.
Poco antes de las 8:30 de la mañana, hora en la que iniciaría la audiencia, se coloca el chaleco de Prensa Comunitaria. Es el mismo que vistió el año pasado, el 22 de octubre, cuando cubría la manifestación de la resistencia antiminera.
Ya en el parqueo del juzgado, Choc espera dentro de un carro a la señal de los abogados del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quienes llevan su defensa. Entran antes que él y se dan cuenta que el juez Aníbal Arteaga no se encuentra en la judicatura.
Pasada la primera hora de espera, los abogados plantean al periodista que es posible que por la ausencia del juez la vista sea suspendida. Choc corre del parqueo hacia la sala de audiencias. Una carrera trepidante, pues tiene temor de que lo detengan antes de poder rendir su declaración de los hechos.
Los abogados lo hacen entrar al juzgado, en donde solo se encuentra la secretaria, quien procede a tomar sus datos. Momentos después, el juez manda a avisar que ya está en camino.
Choc, espera fuera de la sala otra media hora, en donde planea transmitir el desarrollo de la audiencia, pero los oficiales del juzgado le impiden el ingreso del equipo y, a la prensa, le vedan el paso, alegando que la sala es demasiado pequeña para que todos quepan, debido a las medidas de seguridad de la COVID-19.
Mientras tanto, los abogados del periodista se acercan a la fiscal que lleva el caso y le preguntan si logró reunir testimonios que identifican a Choc como uno de los supuestos agresores de la policía y si, además, tiene la denuncia que él presentó en contra de las fuerzas de seguridad por las agresiones que sufrió mientras hacía una transmisión en vivo, ese 22 de octubre. La respuesta de la fiscal a ambas preguntas fue no.
Casi a las 10:00 de la mañana, Arteaga se instala en su silla y el Ministerio Público (MP) toma la palabra para acusar a Choc. Este, a recomendación de sus abogados, decide no dar una declaración para permitir que la defensa se encargue de presentar las pruebas a su favor.
En eso, toma la palabra el abogado Francisco Vivar, de CALDH, quien derrumba los alegatos del MP al mostrar videos y fotografías de las transmisiones en vivo realizadas por el periodista comunitario, en donde se ve que los policías lo agredieron y al hacer referencia que la fiscalía no ha podido conseguir ni un solo testigo que lo identifique entre las personas que, supuestamente, agredieron a la policía.
Con un gesto congelado, Arteaga analiza las pruebas y, fijamente, observa a Choc. Le pregunta si antes tenía el pelo largo. Él contesta que sí, pero que se lo cortó. Vuelve a analizar las pruebas, mientras lo sigue observando. En ese momento, la fiscal del caso asegura que “esos videos” que presentó la defensa “no los tenían ellos” y que desconocían su contenido.
La cobertura de Prensa Comunitaria mostró como la resistencia antiminera fue reprimida en El Estor el 22 y 23 de octubre, las imágenes de los camiones cargados de carbón escoltados por cientos de policías y soldados le dieron la vuelta al mundo.
En menos de 10 minutos, el juez resuelve, casi en un tono indistinguible, y declara la falta de mérito contra el periodista porque no hay argumentos sólidos en la acusación. Además decreta que la orden de captura en su contra quede sin efecto.
Arteaga salta de la su silla y sale inmediatamente del juzgado. Detrás de él, en la sala, queda Choc y sus abogados, quienes tienen que esperar más dos horas para que uno de los oficiales les entregue una carta dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que confirma que la orden de captura queda sin efecto.
Tras la resolución, el siguiente paso en la vida del periodista será volver a estar cerca de su familia y reencontrarse con sus seres queridos, a quienes no ha visto desde hace algún tiempo, pues la persecución penal lo forzó a desplazarse. Pero también ve con ansias la posibilidad de volver a trabajar sin miedo de ser detenido en cualquier momento, y retomar las historias de los territorios indígenas.
Libertad para Carlos Choc
Ya antes, Choc había mencionado que tenía poca confianza en el sistema de justicia y en el juez que decidiría su suerte. Sobre todo por el rol cambiante que el MP ha jugado en los casos en los que el periodista ha sido criminalizado. En 2019, la fiscalía pidió cerrar el caso en su contra, pero Arteaga decidió ligarlo a proceso. Esta vez, la fiscalía buscaba inculparlo, pero el juez desistió. Desde entonces, el periodista ha tenido que viajar de El Estor, de donde es originario, hacia Puerto Barrios para firmar el libro de actas del MP, como parte del acuerdo de la medida sustitutiva.
A decir de Choc, el MP ha instrumentalizado investigaciones con tintes de venganza, en su contra, para atacar a quienes son incómodos para el Estado y para las empresas mineras, sin importarles que criminalizan a personas inocentes.
Esto ha puesto en evidencia que la fiscalía que lo acusó “no investigó” antes de solicitar la orden de captura en su contra, la cual fue presentada en enero de 2022, nueve meses antes de la audiencia de primera declaración se desarrollara.
Choc se muestra satisfecho con la decisión del juez, pero no todo es felicidad, pues sabe que todavía debe de concluir el primer caso de criminalización en su contra, que también lleva la judicatura de Arteaga, en el que ha sido acusado de amenazas y detenciones ilegales. Señalamientos que han nacido de la minera CGN por el trabajo que ha hecho y que ha ayudado a visibilizar los abusos y las violaciones a derechos humanos de la empresa en contra del ambiente y de la población Q’eqchi’.
