Por Paolina Albani
En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Carmen Gómez, una sobreviviente y familiar de una de las víctimas del Diario Militar, y Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), compartieron en un conversatorio de Nisgua y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), sus experiencias y conocimientos sobre cómo los cuerpos de las mujeres fueron utilizados como botín de guerra para quebrantar la lucha organizada de quienes se oponían a la dictadura militar durante el conflicto armado interno.
Han pasado casi 40 años desde que, durante el régimen de Óscar Humberto Mejía Víctores, una estructura de inteligencia militar, creó el Diario Militar, un documento que registró la desaparición de 183 personas, 27 de las cuales eran mujeres. Algunas de ellas fueron consideradas enemigas del Estado al ser identificadas como aliadas de la guerrilla. En algunos casos, como responsables o dirigentes de agrupaciones insurgentes.
La década de los 80, momento en el que el Diario Militar fue creado, fue uno de los puntos más álgidos y violentos de la guerra. En esa época, el Ejército persiguió y eliminó a los liderazgos de la ciudad para debilitar a los movimientos revolucionarios en el campo.
Ha sido la persistencia de las mujeres sobrevivientes y familiares de las víctimas la que logró que el 27 de mayo de 2021, el Juzgado B de Mayor Riesgo, presidido por Miguel Ángel Gálvez, ordenara la captura de una quincena de los altos mandos del Ejército y la extinta Policía Nacional, involucrados en esas desapariciones. Un año después, en mayo de 2022, Gálvez envió a juicio al primer grupo de nueve personas.
En todo este tiempo, la búsqueda de justicia ha estado dirigida por un deseo concreto: conocer el paradero de sus parientes y ver a los perpetradores tras las rejas.
Carmen Gómez, de 64 años, originaria de Amatitlán, fue una de esas víctimas del régimen militar, pero no aparece en el Diario Militar. El 10 de agosto de 1982, Día de San Lorenzo, como el nombre de su barrio, fue secuestrada cuando tenía 24 años. Estuvo 10 días detenida y durante ese tiempo, fue torturada y sometida a violencia sexual. Fue liberada bajo la idea de que, de esa manera, conseguirían información para el Ejército. Durante dos años, fue observada y vigilada, de cerca, por las fuerzas de seguridad.
Su involucramiento con el caso Diario Militar nació porque, más adelante, su tío Héctor Fernando Gómez Calito, con quien vivía y que formaba parte del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización que fue creada por mujeres para la búsqueda de los desaparecidos por el Estado, fue secuestrado. Pero él ya no apareció. Fue asesinado el 1 de abril de 1985. Después de esto, Carmen se exilió en Canadá.
Hoy, es una de las sobrevivientes que han podido contar al mundo los vejámenes sufridos durante su encierro.
“Hay otras miles -de personas- que no aparecen en el Diario Militar, pero que vivieron lo mismo. Así de heridas, tuvieron que emprender la búsqueda que ha implicado que se enfermen de angustia por el dolor que provoca el rompimiento de las familias y que continúa pasando porque no se dice la verdad”, dijo.
“El objetivo de torturarnos y tenernos encerradas era anular a las mujeres como sujetas políticas… Todo lo que hicieron, en contra de las mujeres, tenía el objetivo de regresarnos al ámbito privado. No nos perdonan haber dado ese salto a lo público”, aseguró la sobreviviente.
La abogada de CALDH coincidió en que el uso de los cuerpos y las vidas de las mujeres como botín de guerra fue “fundamental en la política de contrainsurgencia de persecución en el conflicto armado interno”.
“Se encontró en el cuerpo de las mujeres un mecanismo útil para infundir ese terror como parte de su estrategia”, aseguró.
Tzul también reconoció que en algunas de las audiencias del caso Diario Militar, CALDH ha reivindicado el derecho de las víctimas a disentir con el régimen, con la forma de gobernar. “Si era ilegal -la disidencia-, por qué no las pusieron a disposición de un juez… Para las mujeres fueron más fuertes y directas las afectaciones”, indicó.
Uno de esos efectos fueron los patrones diferenciados en el trato de las mujeres que fueron sometidas a la violencia sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes como la servidumbre doméstica y la servidumbre sexual forzada. Además, tuvieron que enfrentarse al uso que los perpetradores hacían de sus hijos como parte de la tortura psicológica.
“Fue una política violenta y deliberadamente misógina en contra del cuerpo de las mujeres”, dijo Tzul. “De lo que hemos visto y leído, las mujeres pusieron el cuerpo y la vida para defender derechos sociales, ideales de un país mejor. Que hayan tenido que vivir esas circunstancias solo puede comprarse en actos, profundamente perversos”.
Un viejo miedo revivido en 2022
Durante el conversatorio, Gómez mostró preocupación porque las circunstancias políticas y sociales de la actualidad son muy similares a las de la década de los 80.
Admitió que ha “tenido seguimientos desde hace tres meses y ha sido -de forma- descarada. Es una situación complicada porque te regresa a todo lo vivido. Mi madre lo vive con una intensidad” -como si no hubiesen pasado tantos años-.
“La vez pasada salí a la tienda de la esquina. Como no regresé rápido, mi hermana se salió a buscarme bajo la lluvia. Yo me quedé en la calle hablando con una persona conocida”, cuando vio que la estaban buscando. Desde entonces, se ha limitado a salir de la casa, contó.
Gómez dijo que una de esas veces que se dio cuenta que la estaban vigilando, fue en junio pasado, días después de que el juez Gálvez enviara a juicio a los nueve militares retirados y expolicías.
“Después de tantos años no hay claridad -sobre el camino que el proceso penal tomará-. Eso también lastima a todas las personas en esta búsqueda. No hay certeza de que las familias no sufrirán la represión y violencia que se vivió en el pasado”, expresó.
La esperanza de las sobrevivientes frente a una justicia tardía
Pese a ello, tanto Gómez como Tzul están convencidas que la búsqueda de justicia debe continuar. Así como ha continuado la resistencia y la reivindicación de las víctimas, que “ha dado esperanza a las sobrevivientes en el proceso”, dijo la abogada.
“Nos duele saber que esto pasó, pero al conocer la verdad también nos organizamos, repensamos, nos sumamos a esas luchas para continuar estas reivindicaciones por lo justo en este país. Reivindicamos las memorias y continuamos en la lucha”, refirió Gómez.
Gómez aseguró que “esta es una búsqueda llena de amor”. “Vemos a tantos oponiéndose a lo que está pasando en este momento -a la decisión del juez Gálvez-. Esto va a cambiar. Tiene que cambiar. No pueden haber procesos detenidos por más que digan que no es cierto -las desapariciones- y por más que coopten al Estado”.
Por eso, la sobreviviente ha demandado que se detenga la criminalización y persecución en contra de quienes piden justicia por las atrocidades de la guerra, que salga a la luz la verdad de los desaparecidos, que las instituciones paramilitares que están obstaculizando el proceso dejen de intervenir, y que se mantenga la independencia de los tres poderes para que avancen los casos sin tropiezos.
Tzul también mencionó que como ya se ha visto en la etapa previa del caso, se ve venir que los problemas de salud de los acusados serán parte de los argumentos que la defensa planteará para dilatar el juicio y entorpecer la posibilidad de una sentencia.
La intervención de EE.UU.
Rebeca Zúñiga, directora del Denver Justice & Peace Commitee y miembro del Consejo del Observatorio de la Escuela de las Américas, dijo que el conocimiento de las fuerzas armadas guatemaltecas sobre contrainsurgencia lo obtuvieron de parte del gobierno de Estados Unidos en la década de los 60. Ellos los entrenaron para crear unidades de contrainsurgencia en la policía y el Ejército.
En la Escuela de las Américas, los militares y policías aprendieron la doctrina del enemigo interno, se les enseñó a torturar y a ejecutar desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, aseguró la experta.
“EE.UU. apoyó la brutalidad. El viceministro de la defensa de Guatemala solicitó el entrenamiento de escuadrones especiales de secuestro para eliminar a la gente organizada”, dijo.
Con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos, la ayuda para Guatemala fue recortada, pero millones de dólares fueron donados al ejército para la compra de equipo, para mantener las redes de inteligencia y el entrenamiento táctico.
El presidente Ronald Reagan deshizo la reducción y renovó el apoyo, brindando la asistencia de la CIA, indicó.
“Estados Unidos opta por seguir pasando por alto las desapariciones forzadas mientras seguía financiándolas”.
De esa cuenta, uno de los militares retirados enviados a juicio por las desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad en contra de las víctimas del Diario Militar, obtuvo entrenamiento de la Escuela de las Américas. Se trata del coronel retirado, Esdras Jacobo Salán Sánchez.
Salán Sánchez, en 1974, se formó en “Combate y Apoyo”. Luego de pasar por la jefatura adjunta de las fuerzas especiales Kaibil, que desempeñó en los años en que se registró el Diario Militar, “fue premiado con el curso de Estado Mayor y Mando Militar”.
Por este involucramiento, Estados Unidos “también debería de ser enjuiciado en el caso del Diario Militar”, concluyó Zúñiga.
