“De la noche a la mañana los Q’eqchi’ fueron obligados al trabajo feudal como mozos colonos de sus propias tierras”, Carlos Morales de la UVOC.
Por Elías Oxom
Tres organizaciones campesinas e indígenas denunciaron este lunes el despojo histórico que enfrenta la población maya Q’eqchi’ en manos de finqueros y militares en la región de las Verapaces. Además, rechazaron los señalamientos de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) de ese departamento, emitido el pasado 2 de septiembre, en donde acusaron a los pueblos originarios de “usurpadores de propiedades privadas”.
Los miembros de ACDEPRO hablaron como si los pueblos indígenas desconocieran la historia del país y particularmente la situación agraria de las Verapaces, señaló Carlos Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)”, y agregó: “Les decimos a ellos ya que no somos como cuando nos esclavizaron”.
El dirigente de la UVOC mencionó que el territorio de Alta Verapaz fue habitado por diversos grupos mayas, entre estos los Q’eqchi’ y Poqomchi’, sin embargo, desde la invasión española se les despojó de las tierras. “Las tierras de estos pueblos fueron repartidas entre la Corona española, los líderes militares y la Iglesia católica durante la época colonial”, señaló Morales.
La Independencia de 1821 trajo consigo la época liberal, en la que se instauró el trabajo forzado y las tierras indígenas fueron declaradas como baldías, y posteriormente fueron entregadas a los alemanes para el cultivo de café en 1887. Luego se adueñaron de 6 mil 676 caballerías de las mejores tierras cultivables de Alta Verapaz. “Esta es la historia que los finqueros quieren ocultar”, dijo el coordinador de la UVOC.
Entre otros datos, Morales apuntó que “de la noche a la mañana los Q’eqchi’ fueron obligados al trabajo feudal como mozos colonos de sus propias tierras”. Por ejemplo, en el municipio de Cahabón, en la década de 1930 un finquero extranjero poseía un área de 100 mil hectáreas, unas 284 caballerías que cubría 284 comunidades y empleaba a la mitad de población municipal como mozos colones, concluyó.
Por su parte, Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dijo que ACDEPRO agrede al pueblo maya Q’eqchi’, sin ningún sustento, al llamarlos usurpadores. “Es importante reconocer que el Estado está secuestrado por las mafias para su servicio y para hacer que las instituciones respondan a sus intereses”, aseveró.
Para Juracán, la población originaria ha mostrado la importancia de la defensa de su territorio. “Hemos presentado varios peritajes ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y les hemos demostrado que quienes han tenido la razón de defender sus territorios hemos sido nosotros”.
Juracán agregó que el pueblo Q’eqchi’ ha respetado la institucionalidad y ha sido el gobierno el que no ha cumplido con el debido proceso, al desalojar a la población originaria de tierras que se destinan para el monocultivo y la construcción de proyectos hidroeléctricos.
Tanto la UVOC como el CCDA y el CUC, dijo Juracán, han solicitado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática, porque el gobierno de Alejandro Giammattei vulnera los derechos humanos de la población indígena al cerrar la Secretaría de Asuntos Agrarios.
Por su parte, María José Macz, del Comité de Unidad Campesina (CUC), expresó su preocupación por las declaraciones de un grupo de terratenientes que acusan a los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’ de usurpar fincas y agrega que las naciones originarias son milenarias y “los territorios les pertenecen”.
Macz responsabilizó al gobierno y a la ACDEPRO por lo que pueda suceder a algunos de los compañeros y dijo que los desalojos han sido violentos e ilegales, porque no han cumplido con las normas y leyes. “Ellos sobrepasan lo que es el derecho privado a lo que es el derecho a la vida, el derecho humano, el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación”, declaró.
Ojalá que este mensaje también les llegue, llevamos más de 500 años de resistencia y de lucha, concluyó.
