Luego de que miembros del Estado guatemalteco detuvieran y desaparecieran a seis miembros de su familia en 1981, Adriana Portillo, en búsqueda de justicia, solicitó un proceso de averiguación especial para sumar a la PDH en sus esfuerzos por conocer el paradero de sus familiares. La CSJ aprobó tal solicitud, con lo que se espera encontrar respuestas y justicia.
Por Juan Calles
Adriana Portillo solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso legal para que autorice un proceso de averiguación especial en el caso de desaparición forzada de seis de sus familiares, incluidas sus hijas de 10 y 9 años, además de su pequeña hermana de un año y medio.
Después de evacuar una audiencia en la sala de vistas de la CSJ, en donde se escucharon los argumentos de los abogados del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quienes asesoran a la señora Portillo, del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), los magistrados resolvieron aprobar el proceso de averiguación especial.
Al aceptar la solicitud, los magistrados, ordenaron a la PDH iniciar una investigación especial por mandato constitucional, que les otorga facultades equiparables a las del MP para realizar dicha investigación. En la misma resolución se estipuló un plazo de 10 meses para presentar sus conclusiones.
Foto: Juan Rosales
El abogado Maynor Galeano, del GAM, dijo sobre la solicitud: “Se solicitó a la CSJ que equipare las funciones del MP a la institución del Procurador de Derechos Humanos, se realizó esta solicitud porque este es un hecho de violación a los Derechos Humanos, de violación de los derechos del niño y como la ley lo faculta nos pareció muy importante sumar a la institución del PDH para averiguar qué sucedió con estas 6 personas guatemaltecas”.
Por su parte Adriana Portillo reconoció la importancia de esta decisión legal en el camino por la justicia y conocer la verdad de lo sucedido a su familia; “Estamos muy contentos, pues vamos a tener otras personas involucradas en la investigación a ver si se puede averiguar el paradero de las dos mujeres, mi papá y las tres niñas, a ver si se logra al fin justicia”.
#JusticiaFamiliaPortillo 🌹 "Llevo cuarenta años buscando justicia, a mi familia jamás volví a verla", comenta Adriana Portillo al hablar sobre la búsqueda de justicia por sus 6 familiares desparecidos el 11 de septiembre de 1981 a manos de las fuerzas del Estado.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 9, 2022
“El 10 de septiembre de 1981 fue la última vez que vi a mis hijas”
Hace 41 años fue la última vez que Adriana Portillo pudo ver a sus hijas de 9 y 10 años, Glenda Corina y Rosaura Margarita llegaron a la casa de su abuelo para celebrar un cumpleaños, su madre, Adriana, las encontraría en esa casa al día siguiente, pero lo que encontró Adriana fue un contingente policial y del ejército que no le permitió ingresar a la casa de su padre.
A partir de ese día nunca volvieron a saber del paradero de seis de sus familiares, junto con sus pequeñas hijas desaparecieron a su papá Adrián Portillo Alcántara de 70 años, la esposa de este, Rosa Elena Muñoz y su cuñada Edilsa Álvarez Morales de 18 años, además su pequeña hermana de apenas un año y medio de edad.
Al narrar como fueron esos primeros días al afrontar la desaparición forzada de sus pequeñas hijas, Adriana narra que debió contar mentiras al resto de sus hijas para evitar un dolor más grande: “Les tuve que inventar, para ellas y para mí, que ellas se habían ido a México a vivir con su abuelo, y cuando me preguntaban si teníamos fotos, les decía que sí, pero que eran un tesoro y no las podíamos ver. Fue hasta que nos fuimos a Texas, cuando había muchos medios de comunicación y personas esperándonos, que yo pude aceptar lo que había pasado y que mis nenas se enteraron de la verdad, lo que fue un golpe muy duro para ellas”.
Lea la historia completa en el siguiente enlace:
La historia de Adriana Portillo y la desaparición forzada de su familia – primera parte –
A partir de la presente fecha la PDH tiene 10 meses de plazo para presentar los resultados de su investigación, los magistrados de la CSJ, al emitir su resolución, indicaron que los personeros de la PDH asignados para realizar la investigación cuentan con la autorización legal para actuar con las mismas prerrogativas de los investigadores del Ministerio Público, para que puedan hacer un trabajo investigativo profesional y a profundidad.
