Por Prensa Comunitaria
Lo que empezó como la cobertura de una jornada de protestas organizada por la resistencia antiminera, en El Estor, Izabal, dio un giro repentino para la vida de Carlos Ernesto Choc Chub, periodista maya Q’eqchi’. Ese día, se sentarían las bases de una venganza personalizada que lo llevaría a ser criminalizado, por segunda vez, en su labor informativa.
Esta nueva denuncia en su contra surgió del testimonio de 13 policías, quienes lo acusan de supuestas agresiones físicas cuando intentaban desalojar, de forma violenta, a los manifestantes de la resistencia, el 22 de octubre pasado.
Este es el recuento de los hechos ocurridos ese día, un relato que será escuchado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, este 13 de septiembre, y que tiene la intención de mostrar el trabajo del periodista y los múltiples intentos del gobierno por encarcelarlo.
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El 22 de octubre de 2021, Carlos Choc, junto a un equipo de cuatro periodistas de Prensa Comunitaria, tomaron fotos e hicieron transmisiones en vivo de la manifestación y las demandas de la resistencia antiminera al Estado, que pedía al Ministerio de Energía y Minas ser incluidos en el proceso de consulta comunitaria que decidiría si el proyecto Fénix, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la empresa ruso-suiza, Solway Investment Group, debía continuar operando en el territorio.
Aunque la primera parte de la mañana fue, relativamente, pacífica, todo cambió al mediodía. De un segundo a otro, la llegada de las fuerzas especiales de la policía dio un vuelco y transformó la situación en un ataque hostil y violento contra población civil que ejercía su derecho a protestar.
El 22 la fuerza pública fue numerosa y hasta, excesiva, a diferencia de los 18 días anteriores que había durado la jornada. A lo largo de dos kilómetros había patrullas, policías y militares intentando liberar el camino para dejar pasar los camiones de la mina. Las fuerzas de seguridad adhirieron a un millar de soldados, altamente armados, a sus filas.
Pasado el mediodía, la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas para desalojar a la gente, incluso, ingresó a las viviendas que estaban al ras del camino para bombardearlas con los gases. Niños y ancianos quedaron intoxicados por el ataque y tuvieron que ser llevados al centro de salud para recibir atención médica, dijo Choc.
La policía no tardó en sacar sus armas de fuego. Desde el primer momento, Choc y el resto de periodistas que estaban en el lugar, transmitieron en vivo. El periodista narró paso a paso lo que estaba ocurriendo, tomó fotografías, envió información a Prensa Comunitaria y documentó la agresión de los antimotines que continuaban el desalojo.
En un momento, las fuerzas especiales se formaron frente a uno de los camiones de la mina, que bloqueaba la carretera para rescatarlo. El primero de los camiones, cargados de carbón para la planta procesadora, intentaba abrirse camino con los antimotines. Detrás, un grupo de rusos de la mina vigilaba el operativo desde sus picops. Mientras, la policía pretendía aumentar la presión contra la gente para obligarlos a huir del lugar.
En ese momento, uno de los agentes de la policía le quitó a Choc el celular con el que estaba realizando la transmisión.
“Recuerdo bien que en un momento me dijeron: ya deje de estar transmitiendo”. Ellos “iban a accionar -disparar- porque estaba pasando algo que ellos no se esperaban. Del otro lado, la gente no tenía armas para defenderse, más que un palo”, contó Choc.
El periodista siguió adelante con la transmisión, pero le arrebataron el celular. Solo se lo devolvieron cuando dijo que era un delito la censura a la prensa. No conformes, le quitaron el micrófono para obstaculizar su trabajo y el casco que lo protegía de cualquier golpe. Ninguno de los dos le fueron devueltos. Durante este intercambio, Choc recibió un par de golpes del mismo agente.
Pero el uso de la fuerza no logró el objetivo de la policía, del ejército, de la Gobernación de Izabal, e incluso, de la Comisión Presidencial de Diálogo: desalojar a la gente y liberar el camino.
La transmisión de Choc y demás prensa en el lugar, obligó a las autoridades a contener el ataque, replegarse y retirarse del lugar a las 4:00 de la tarde. No sin antes arrojar algunas bombas lacrimógenas en la dirección de Choc, “como para descargar su enojo”.
Pero el día siguiente fue distinto. El 23 de octubre, la policía logró el desalojo y el Ejecutivo, en una encomienda exprés a favor de la minera, declaró un estado de sitio por 30 días. Supuestamente, para “devolver el orden a la comunidad”, pero las comunidades Q’eqchi’ pronto comprobaron que para ellos no habría paz.
En los días siguientes, la persecución, detenciones y allanamientos a las viviendas de quienes conformaban la resistencia antiminera fue parte del plan del gobierno para “devolver la calma”.
Las medidas de acoso también fueron dirigidas contra los tres periodistas de Prensa Comunitaria que viven en el territorio Q’eqchi’ y que dieron cobertura a los hechos: Choc, Juan Baustista Xol y Baudilio Choc. Las viviendas de los reporteros fueron allanadas en busca de supuesta evidencia que probara que habían participado de la manifestación como protestantes y que iban armados, instigando el uso de violencia contra funcionarios públicos.
La cobertura del 22 de octubre en la que Choc, junto a al resto de corresponsales de Prensa Comunitaria, informó al mundo lo que ocurrió en El Estor fue utilizada por 13 policías, quienes lo denunciaron como uno de los responsables de haberles ocasionado graves agresiones físicas.
Choc solo supo de la denuncia hasta marzo de 2022, cuando visitó la Fiscalía de Puerto Barrios, para firmar el libro de libertad condicional por otro proceso penal en el que está ligado a proceso por su rol como periodista.
Choc está convencido que esta nueva acusación es parte de una estrategia para poner en duda su labor informativa y perder credibilidad ante las revelaciones que ha hecho contra la minera de Solway y CGN, en la investigación de Mining Secrets.
En los próximos días de septiembre, será escuchado en primera declaración por Aníbal Arteaga, del Juzgado de Puerto Barrios, quien ya antes ha favorecido a la mina con sus resoluciones y ha sido señalado de tener nexos con el narcotráfico.
En el contexto de la regresión autoritaria y la cooptación del Estado, el periodista Choc ha dicho que desconfía del sistema de justicia que decidirá su suerte, pero persiste en su empeño de defender su trabajo periodístico.
El aumento de los ataques a periodistas, como es el caso de la detención del fundador y director de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, reafirman la desconfianza de Choc en el sistema de justicia.
#JusticiaParaCarlosChoc 📍🧵 Aquí recordamos el 22/oct/ 2021, cuando estalló la violencia estatal contra los 4 Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi y comunidades de El Estor, Izabal, que pedían ser incluidos en la consulta comunitaria de la mina Fénix. #MiningSecrets #NoNosCallarán pic.twitter.com/8Eg8nmybh6
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 12, 2022
