Bernardo Caal Xol, maestro y defensor del río Cahabón, enfrenta un segundo juicio con incumplimientos en los plazos legales e irregularidades en los señalamientos. Desde la versión del defensor del territorio, Joviel Acevedo y la exministra de Educación Cynthia del Águila, fueron quienes iniciaron las condiciones para su criminalización desde su labor sindical que coincidió con la defensa del río Cahabón.
Por Simón Antonio Ramón
En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, presidido por el juez José Alfredo Quiñónez Lemus, en Cobán, Alta Verapaz, se desarrolla el segundo juicio oral y público contra Bernardo Caal Xol, que inició el pasado 7 de septiembre. En este proceso, Caal está señalado por el delito de retenciones indebidas.
Bernardo Caal recobró su libertad el pasado 24 de marzo, después de pasar más de cuatro años preso, por una sentencia de siete años y cuatro meses de prisión, emitida por el Tribunal de Sentencia de Cobán por defender los ríos en Santa María Cahabón.
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El caso de Bernardo Caal recorrió una larga ruta legal antes de lograr su libertad anticipada
En 2017, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendieron las operaciones de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II que operan en Santa María Cahabón, en las que se ordenó la consulta a la población. En ese mismo año se giraron las dos órdenes de capturas en contra de Caal.
El proceso de criminalización
Los hechos de los que se le señala al profesor maya Q’eqchi’, originario de Santa María Cahabón, ocurrieron en 2013. Sin embargo, la denuncia fue presentada por el exdirector departamental de Educación, Álvaro Xoy, hasta 2017, cuatro años después de la destitución de Bernardo Caal por la entonces ministra de Educación Cynthia del Águila, durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina.
Al inicio del proceso penal la acusación era por el delito de caso especial de estafa, pero el juez Ricardo Isaías Caal cambió el delito a retenciones indebidas. Desde 1995, Bernardo Caal se desempeñó como profesor y en 2012 fue secretario general Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) ,en el departamento de Alta Verapaz, que en ese entonces contaba con unos 12 mil maestros afiliados.
El juicio se desarrolla a cinco años de iniciarse el proceso, con violaciones al plazo legal, porque el tiempo que estuvo Bernardo Caal en prisión por otro caso, no avanzó sino hasta cuando recuperó su libertad y fue en ese momento cuando empezó a recibir las notificaciones. “¿Por qué se activa hasta este momento? eso queda en la lectura que se puede hacer, seguramente es parte de un trabajo elaborado para perseguirlo”, dijo su abogado defensor, Edgar de León.
Para el jurista, la ley faculta a los dirigentes sindicales a tener ocho días hábiles al mes para hacer los trabajos que les corresponden; en el pacto colectivo de 2008 se cambió esta situación y se aumentaron los días. En la acusación en su contra varían esos días de trabajo sindical, por lo señalan que entre enero de 2012 y agosto de 2013 no se presentó a trabajar. “Estas personas de mala fe retrocedieron las fechas y dijeron que desde 2012 no me había presentado a trabajar, pero que sí cobré salarios”, informó el profesor Caal.
A Caal le sorprende la acusación, porque la ley dice que, si un trabajador se ausenta tres días seguidos, al cuarto su salario debería estar suspendido, por eso, cuando se presentó el 21 de junio voluntariamente ante el juez dijo que en ningún momento había estafado al Estado. “A mí, la misma autoridad me nombró para formar parte de dos comisiones en la Dirección Departamental, una comisión tripartita y una junta mixta”, señaló.
Durante esa audiencia, el juez Isaías Caal, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, le cambió el delito especial de estafa por el de apropiaciones y retenciones indebidas; el juez lo ligó a proceso con una medida sustitutiva y dio un plazo de tres meses de investigación al Ministerio Público (MP).
Por su parte, Bernardo Caal señaló al dirigente del STEG, Joviel Acevedo, como uno de los responsables de su situación actual. Indicó que junto a Daniel Solares, otro dirigente sindical de la región de las Verapaces, fueron expulsados de la Casa del Maestro, cuando se suscribió un acta que se presentó a Cynthia del Águila y que fue remitida a Cobán, lo que fundamentó su destitución.
“Judicializaron ese proceso, por lo que una jueza de trabajo invalidó el acta de Acevedo, porque lo que únicamente presentaron ante el juzgado fueron hojas de papel bond y no el libro de actas, por eso la fiscalía del Ministerio Público tuvo que realizar un allanamiento en la Casa del Maestro el 26 de octubre de 2016”, dijo Caal.
La coincidencia de dos casos de criminalización
El ocho de diciembre de 2017 se conoció una nueva orden de captura contra Bernardo Caal por los delitos de robo agravado, detenciones ilegales con agravantes específicas e instigación a delinquir contra trabajadores de la empresa Netzone, subsidiario de la hidroeléctrica Oxec, propietaria del conglomerado empresarial Corporación Multi Inversiones (CMI).
Por este caso, Bernardo Caal fue sentenciado a siete años y cuatro meses de prisión el 9 de noviembre de 2017 y recuperó su libertad al cumplir la mitad de la pena, el 24 de marzo de este año. Los casos en su contra cumplen el mismo objetivo señala: criminalizarlo. Por eso considera que este segundo caso tiene dedicatoria. “Legalmente no deberían de cruzarse, pero políticamente lo amarran. Porque si somos dos sindicalistas a quienes se nos expulsa, Daniel Solares y a mí, porque entonces no tiene orden de captura él, por ejemplo”, señaló.
Contó que Daniel Solares, el otro expulsado inició un juicio y recuperó su puesto de trabajo, en tanto que el ministerio de Educación tuvo que pagarle su salario. Pero en su caso, dijo, lo llevaron por la vía penal.
El juicio oral y público: sin el principal agravado
El juicio oral y público se realiza a cinco años que inició el proceso y no avanzó mientras Bernardo estuvo más de cuatro años en prisión. Al averiguar las razones del incumplimiento de los plazos legales, dijo que la Sala de Apelaciones había jugado un papel muy importante en el retraso.
El abogado De León indicó que no se cumplen los plazos legales por mora judicial, porque un proceso penal no puede tardar más de 12 meses. “Parece ser que hay mala fe, mala intención de querer seguir controlándolo de esa manera, porque se habría podido continuar con este caso mientras él estuvo en prisión”.
Por estas razones, Bernardo presentó una recusación contra el juez Ricardo Isaías Caal quien emitió las dos órdenes de captura en su contra y por no atender las diligencias a tiempo. “Yo personalmente recusé a Isaías Caal, le cuestioné sus intereses y la tardanza. Esa es la primera sospecha que me da”, dijo Bernardo.
La recusación tuvo que ser conocida por la Sala de Apelaciones que costó su integración porque ningún magistrado quiso conocer los casos relacionados con él. También, en la primera sentencia fue la misma situación. Al resolverse el caso fue remitido con la jueza Úrsula Teyul, quien envió a Bernardo Caal a juicio oral y público por este delito.
“Las diligencias que se hicieron no fueron atendidas. La Sala de Apelaciones conoció dos apelaciones de Bernardo, la del debate en segunda instancia y la recusación al juez de este caso, porque no se integraba la Sala”, indicó el abogado De León.
En este proceso, hasta la etapa intermedia el MINEDUC y la Procuraduría General de la Nación (PGN) participaron como querellantes del caso; al inicio del juicio el 7 de septiembre solo se presentó la PGN y el MP.
Al preguntarle a Bernardo su perspectiva sobre el juicio, con la primera experiencia en octubre y noviembre de 2017, lo ve con mayor pesimismo. “Nada bueno puedo esperar porque lleva dedicatoria todo esto, porque cualquier estudioso de la ley puede emitir opinión, esto no es un caso penal, en todo caso me hubieran requerido a mí, usted debe resolver los salarios, me hubieran dicho”, dijo.
Bernardo Caal, afirma que donde vive ha gestionado varios proyectos a favor de las comunidades como carreteras, agua entubada, escuelas y al ser señalado por trabajadores de la hidroeléctrica, le sorprendió a las comunidades. Al preguntarle sobre cómo analiza la situación actual, lamentó que la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) se haya ido del país la “La CICIG nos enseñó quienes son los verdaderos delincuentes esos que llegan a gobernar como Otto Pérez Molina, y Baldetti; Jimmy Morales impidió las investigaciones de sus familiares. Y con Giammattei estamos viendo cómo está gobernando”.
Finalmente, dijo que a lo largo de estos meses de libertad ha dedicado tiempo para disfrutar con su familia, de la que fue apartado por cuatro años y cuatro meses y aunque tiene claro lo que puede ocurrir en el juicio, no pierde la esperanza de las resistencias y movilizaciones a nivel nacional para la defensa de los bienes naturales y la justicia.
