Créditos: Emmanuel Andrés.
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Corte de Constitucionalidad suspende artículos clave para la consulta de Asunción Mita, ambientalistas señalan error legal.

Por Paolina Albani

El pasado 26 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender temporalmente tres artículos clave del reglamento de consulta municipal de vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, concediendo la impugnación a Elevar Resources, empresa canadiense propietaria de la mina Cerro Blanco. De acuerdo a especialistas ambientales y en derecho, esta decisión ha puesto en evidencia los continuos ataques a la comisión específica de coordinación que ayudó en la preparación y ejecución del plebiscito, pues la acción legal se planteó sobre el borrador del reglamento propuesto por los comisionados y no sobre la versión aprobada por el Concejo Municipal.

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La empresa Elevar Resources presentó la acción de inconstitucionalidad general, parcial, cuatro días antes de la resolución de la CC, el 22 de septiembre. Con ella, impugnó los artículos, 1, 3 y 20 del “Reglamento de consulta municipal a solicitud de los vecinos del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa”.

Tras la decisión de la corte, integrada en ese momento por una mayoría de magistrados suplentes, quedarían sin efecto los apartados del reglamento en los que los vecinos de Asunción Mita plantearon la pregunta para la consulta municipal:

“¿Está usted de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades que impacten en los recursos y ambientes naturales en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa?”.

También el derecho al voto secreto y el conteo de los votos bajo la observación de delegados internacionales acreditados. Suspendió la participación del Concejo Municipal, la Iglesia Católica y vecinos de reconocida honorabilidad del municipio quienes integran la comisión de coordinación y, finalmente, que los resultados de la consulta sean vinculantes para las autoridades municipales.

Fuentes consultadas han referido que el planteamiento de inconstitucionalidad de Elevar Resources se hizo sobre el borrador del reglamento de los vecinos y no sobre el reglamento que el Concejo Municipal aprobó y publicó el 8 de agosto pasado en el Diario Oficial y que fue la base para desarrollar la consulta.

De acuerdo a Julio González, del colectivo ambiental Madre Selva, organización que ha acompañado a los vecinos de Asunción Mita en el proceso para demandar y realizar la consulta municipal, la acción de Elevar Resources no solo busca obstaculizar y desestimar el plebiscito, sino que “da la fea impresión que fue a petición del Ejecutivo”.

“Atacan el Acta 04-2022, donde la comisión de coordinación traslada la propuesta de reglamento al Concejo Municipal. O sea, no es norma. Es una propuesta. No atacan el acta del Concejo Municipal donde aprueba a la Comisión Específica de Coordinación. Más bien, se lanzaron contra la comisión, dicen que esta excediéndose en sus funciones y no es cierto”, señaló el ambientalista.

En una comparación entre el Acta 04-2022, redactada por la comisión, y la publicación en el Diario Oficial hay diferencias notorias, pero leves. La mayoría de ellas, son de forma, pero no cambian la esencia del reglamento.

Por ejemplo, en el artículo 1, el acta propone preguntar a los vecinos si ¿estarían de acuerdo “con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades que impacten en el uso del agua, del departamento de Jutiapa”.

Mientras que el reglamento en el diario plantea: “¿está usted de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades que impacten en los recursos y ambientes naturales en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa?”.

En el artículo 3, modalidad de la consulta, el acta propone que “la comisión específica dará fe de lo actuado conforme a las actas levantadas para el efecto” y la publicación oficial agrega antes de esta frase el siguiente fragmento: “dicha comisión será la encargada de coordinar el evento”.

Por ahora, la decisión de la CC no invalida la consulta ni su resultado, pero para González la intención es detener la consulta, obstaculizarla y causar zozobra en los integrantes de la comisión “para perseguirlos individualmente”.

“A todas luces es una impugnación que está fuera de tiempo, pues, la consulta ya se realizó. Es un hecho consumado. La decisión de la Corte no tiene efecto retroactivo”, indicó González, pero Rafael Maldonado, abogado ambientalista, ha referido que no es la primera vez que la CC suspende aspectos específicos de consultas ya ejecutadas, mientras dura la revisión de una posible inconstitucionalidad.

Pasó en Mataquescuintla, en 2012, donde por un año suspendió el resultado de la consulta para determinar si estos aspectos eran inconstitucionales. Un resultado en el que el 98.42% de los vecinos votó contra la minería. Al final, la corte decidió que no habían inconstitucionalidades que viciaran el resultado, avaló el no a la minería y Mataquescuintla se mantiene como uno de los municipios libres de minería metálica. Pero a la Municipalidad de ese municipio le tomó hasta 2015, decidirse a apoyar los resultados de ese referéndum.

En el caso de la consulta de Asunción Mita, la CC escuchará en los próximos 15 días al Concejo Municipal, a los integrantes de la comisión específica de coordinación, al Ministerio de Energía y Minas que ya se ha manifestado en contra de validar la consulta, al Ministerio Ambiente y a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. La resistencia antiminera necesitará armarse de paciencia pues el proceso mediante el cual la Corte dará una resolución definitiva será largo, dijo Maldonado.

Un amparo pendiente de resolver 

Además de la inconstitucionalidad, existe un amparo presentado por un aliado de la mina, Juan José Monroy González, que todavía se esta resolviendo en el Juzgado Pluripersonal de Jutiapa. Este también va en contra de la comisión.

El amparo 22003-2022-00320, otorgado el 12 de septiembre pasado, seis días antes de la consulta, levantó sospechas en las organizaciones nacionales e internacionales que acompañaron el proceso de la consulta pues, usualmente, el sistema de justicia pide un informe circunstanciado para ayudar al tribunal de amparo a decidir si otorga el amparo o no. Pero esta vez, el juez Rubén Montepeque Castellanos pidió el informe y en el mismo documentó otorgó el amparo de forma provisional.

Víctor Ferrigno, especialista en litigio estratégico y quien ha asesorado a Madre Selva, señaló que este amparo, tuvo un efecto extemporáneo al notificar a la comisión después de la realización de la consulta, el 19 de septiembre. Y el mismo tendría la intención de atacar a sus integrantes.

Este embate legal ha hecho creer a las fuentes de Madre Selva que siempre que la voluntad popular contradice los intereses del gobierno, este sale a defender a las grandes corporaciones.

“Están al servicio del capital minero. El Estado debería defender la voluntad del pueblo de Mita. Se les concedió soberanía para que defendieran los derechos de la gente.

Este es un proceso consultivo, los ciudadanos tienen derecho a externar opinión y a expresar su libre determinación”, refirió el ambientalista González, quien también dijo que su organización ya ha reaccionado legalmente, pero no dio más detalles.

Un golpe para fortalecer a la resistencia

Víctor Ruano, padre de la parroquia de Santa Catarina Mita, un municipio vecino de Asunción que también se opone a la actividad minera, dijo que la suspensión de los artículos ha sido un golpe fuerte. Sin embargo, esta situación adversa podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la organización de la población en una resistencia pacífica, expresó.

“Para eso se requiere de un acompañamiento del pueblo. Sobre todo del liderazgo del alcalde -Francisco Guardado- para que sea él la figura que lidere esta manifestación ciudadana pacífica, que le dé músculo y fuerza al poder local para enfrentar al poder económico y poder político”, manifestó Ruano. “El poder local se expresó, ejerciendo su libre determinación de su destino, apostándole a la democracia”, indicó el párroco.

Esa organización comunitaria de un pueblo que se auto identifica, en su mayoría, como mestizo, también tiene el apoyo de El Salvador y de la Conferencia Episcopal de Guatemala, aseguró.

“No cabe duda de que es otra manifestación más de esta dictadura que tenemos encabezada por el gobierno, a la que se ha plegado el sector económico. Es una dictadura corporativa”, añadió.

Desde la parte legal, Ruano confía en que los abogados encontrarán la base jurídica para sostener la postura de la resistencia en defensa de la vida y del ecosistema. Y si el sistema de justicia decide respaldar a la minera, el siguiente paso sería acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La amenaza ambiental que logró la organización de una población mestiza

En 2007, el gobierno de Óscar Berger aprobó a la minera Entremares S.A. la licencia de explotación de oro en Cerro Blanco, en Asunción Mita.

Se tenía planeado explotar cerca de 2.4 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata, y el proyecto auguraba ganancias multimillonarias, según escribió Ferrigno en una de sus columnas de opinión.

Pero la promesa a los inversores del proyecto no se cumplió pues, según lo han asegurado organizaciones ambientalistas, Cerro Blanco no contaba con un estudio de impacto ambiental y para cuando iniciaron operaciones, la alta temperatura de las aguas termales que atraviesan el territorio impidió llegar a la veta del mineral.

La mina no pudo extraer oro ni plata y como consecuencia de eso, pasó 14 años dormida, sin pagar regalías al Estado, hasta que el proyecto fue vendido a la empresa canadiense Elevar Resources, o Bluestone Resources, que, desde 2021, ha querido cambiar el tipo de explotación de subterráneo a cielo abierto.

“La minería a cielo abierto es una industria que provoca enormes impactos contaminantes, por la aplicación de tóxicos para la lixiviación del terreno mediante el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, que permiten separar el mineral precioso del material excedente”.

El proyecto Cerro Blanco amenaza con contaminar gravemente el río Ostúa, que desemboca en el lago de Güija, el cual es tributario del río Lempa, del cual se abastecen millones de salvadoreños, por lo que se generaría un conflicto internacional”, aseguró Ferrigno.

El anuncio del cambio en la modalidad de explotación y la amenaza ambiental y social, fue el catalizador para que los comunitarios de Mita, con ayuda de la Iglesia Católica, encontraran el modo de organizarse para defender sus recursos naturales.

Con ello, ha nacido un nuevo frente de resistencia binacional activo y propositivo, sin igual entre otras comunidades mestizas, que parece dispuesto a defenderse de un ecocidio anunciado.

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