A partir de la denuncia de un ciudadano francés que construyó un hotel ecoturístico en la comunidad indígenas Mucbilha, 51 personas que defienden la propiedad colectiva son perseguidas penalmente desde el 2013. Hasta el momento seis personas han sido absueltas del proceso, dos con apelaciones y otras dos con casación; en los actos conclusivos de este día, contra Rigoberto Caal Quib, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) pidieron al tribunal, 27 años de prisión en su contra.
Por Simón Antonio Ramón
En el Tribunal Primero de Sentencia Penal se desarrolla la última fase del juicio oral y público contra Rigoberto Caal Quib, por defender la propiedad colectiva de la comunidad indígena Mucbilha del municipio de Raxruha, Alta Verapaz. Desde 2013 se activó la persecución penal contra Caal, junto a otras 50 personas acusadas y con órdenes de capturas emitidas por el juzgado primero de Primera Instancia Penal.
La acusación contra 50 hombres y una mujer del pueblo maya Q’eqchi’ de la comunidad Mucbilha fue promovida en el Ministerio Público (MP) por el ciudadano francés Daniel Dreux, quien asegura ser propietario de una parte del terreno comunal donde construyó un hotel a espaldas de la comunidad. “Después de tener el hotel ecoturístico comenzó a abusar de ese derecho e invadía otras propiedades de la comunidad, eso fue lo que molestó a la comunidad”, dijo el abogado defensor Cristián Otzin, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala.
La justificación de Dreux fue haber negociado el derecho de uso con Daniel Sierra, alguien que contrajo matrimonio con una persona de la comunidad y ahora se hace pasar por propietario del terreno donde se construyó el hotel, además de apropiarse de otros recursos de la comunidad como el agua.
El reclamo de las y los comunitarios es porque la comunidad Mucbilha está inscrita como propiedad colectiva en el Registro General de la Propiedad por lo que no puede desmembrarse a propiedades particulares. Por lo que el 27 de marzo de 2013 buscaron una mesa de diálogo con el Daniel Dreux y Daniel Sierra, ese día los comunitarios fueron recibidos por un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército.
“La comunidad se molestó tanto por lo que ese día pidieron a estas personas que se salieran de la comunidad, porque la propiedad colectiva era de la comunidad indígena Mucbilha. Ese día las personas salieron de la comunidad, pero después vinieron las denuncias”, dijo el abogado Otzin.
Después de ese día vinieron las denuncias contra las 51 personas, quienes son acusadas por los delitos de allanamientos con agravación específica, maltrato a menores de edad, detenciones ilegales con circunstancias agravantes contra cuatro personas, agresión sexual con agravación de la pena y hurto y robo de tesoros nacionales. “Por eso está la Procuraduría General de la Nación (PGN) como querellante del caso”, afirmó el abogado Otzin.
A pesar de que los hechos ocurrieron hace diez años, hasta el momento solo diez personas han logrado resolver su situación jurídica, seis personas han sido absueltas, dos están en proceso de apelación y otras en la etapa de casación.
El caso de Rigoberto Caal
En proceso penal conta Rigoberto Caal Quib inició en 2020 luego de ser detenido en la ciudad de Guatemala cuando trabajaba como albañil y guía de turismo en la comunidad. Tras una semana en las carceletas de la Torre de Tribunales fue trasladado a Cobán donde fue ligado a proceso. Las otras diez personas comenzaron a ser detenidas desde el 2016 en diferentes momentos.
Caal fue ligado a proceso por los delitos de detenciones ilegales, allanamiento de morada, maltrato contra menores de edad, hurto y robo de tesoros nacionales; se le dictó falta de mérito por el delito de agresión sexual. “Ayer fue el final del debate, ya solo falta que le dicten sentencia el 12 de octubre. Nosotros esperamos que la sentencia sea absolutoria, aunque el MP y la PGN haya pedido 27 años de condena”, señaló el abogado Cristián Otzin.
“Es una muestra más del fenómeno de la criminalización a las personas que defienden su territorio con tal de que dejen de defender su tierra y sus derechos”, opinó el abogado, quien también denunció que hay una preferencia de llamar a la policía y el ejército cuando las comunidades denunciaban agresiones.
A lo largo de los diez años que lleva el caso, se han buscado diferentes mecanismos para dejar sin efecto las 51 órdenes de captura porque no hay delito que perseguir, según los abogados de defensa, pero a la fecha no han funcionado y el juez que preside el Tribunal de Sentencia no se ha pronunciado sobre la propiedad de la tierra, porque considera que a su despacho no le corresponde hacerlo.
Actualmente, las familias de la comunidad hacen trabajos turísticos a la orilla del río Candelaria, pero son afectadas por la contaminación que produce la siembra de palma de aceite que se expande en la Franja Transversal del Norte (FTN).
