La Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, expresó su solidaridad con el periodista comunitario Carlos Choc y con los medios independientes que enfrentan la criminalización de su trabajo. El juez Aníbal Arteaga, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Puerto Barrios, resolvió que la acusación del Ministerio Público no tenía suficientes elementos para acusar a Choc, por el delito de instigación a delinquir y desestimó la acusación.
Por Francisco Simón Francisco
Mientras el juez Aníbal Arteaga desestimaba la acusación del Ministerio Público (MP) contra el periodista comunitario Q´eqchi´ Carlos Ernesto Choc, en Puerto Barrios, Izabal, por la falta de sustento, las autoridades de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, expresaron este martes su solidaridad con él y con los medios independientes que enfrentan la criminalización de su trabajo
“Queremos expresar nuestra solidaridad con el periodista Carlos Ernesto Choc, con Prensa Comunitaria y con todos los medios de comunicación independientes que son perseguidos y criminalizados por la labor que hacen a favor de la comunicación y la libertad de prensa en Guatemala”, expresaron las autoridades en una conferencia de prensa.
Asimismo, solicitaron al Estado el cese de la criminalización, la estigmatización y la persecución contra los periodistas independientes y los medios alternativos que difunden a la población “las violaciones de derechos humanos que se viven en un cada uno de los territorios originarios”.
#JusticiaParaCarlosChoc ✊🏽 Conferencia de prensa en apoyo y respaldo al periodista Carlos Choc y Prensa Comunitaria. Autoridades Ancestrales de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla.
#NoNosCallarán
📸 Francisco Simón pic.twitter.com/8Be9ml5RRW— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 13, 2022
También se solidarizaron con el pueblo maya Q´eqchi´ de El Estor, por su lucha contra el proyecto minero Fénix, que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC), por segunda ocasión en 2022 y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta comunitaria con los habitantes del área de influencia de la minera. El proceso organizado por el ministerio excluyó la participación de toda la población.
Por ello, en octubre de 2021, se organizaron en una resistencia pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para rechazar este proceso; pero fueron reprimidos con un estado de sitio ordenado por el presidente Alejandro Giammattei a finales del mismo mes.
La audiencia del periodista Choc, que duró poco menos de una hora, se realizó este 13 de septiembre en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Puerto Barrios, a cargo del juez Aníbal Arteaga, quien en su resolución dijo que no había elementos suficientes para la acusación del MP, por el delito de instigación a delinquir y desestimó la acusación en contra del periodista comunitario.
“Desde enero de 2022, no he podido realizar mi labor como periodista y tampoco desplazarme con libertad. Así que estoy agradecido con el Ajaw”, dijo Choc después de la decisión del juez.
Carlos Choc fue acusado junto a otras 11 personas por 13 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de supuestas agresiones físicas cuando intentaban desalojar a los manifestantes mientras documentaba la agresión que sufrieron los pescadores y las autoridades del pueblo Q’eqchi’ en la entrada de El Estor, en octubre de 2021.
Según el juez, la acusación del ente investigador es insuficiente porque solo incluye la declaración de 13 los agentes, quienes afirman haber sufrido lesiones y señalan directamente al periodista.
Ese día un numeroso contingente de policía, fuerzas especiales y ejército, reprimieron la resistencia antiminera, para que liberaran la ruta a un convoy de camiones cargados de carbón, que buscaba llegar a la planta procesadora de níquel de CGN-Pronico.
Sin embargo, lo que empezó como la cobertura de una jornada de protestas organizada por la resistencia antiminera, dio un giro repentino para la vida de Carlos Ernesto Choc, periodista maya Q’eqchi’, que desde 2017 denunció la aparición de una mancha roja sobre el lago de Izabal, provocada por la empresa minera de CGN-Pronico.
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