El 1 de septiembre la municipalidad de Nebaj, Quiché, intentó desalojar a la Alcaldía Indígena Ixil de la sede que ocupa desde 2013. En la diligencia rompió la puerta del local y un grupo de personas que acompañaban a un síndico y a un juez de asuntos municipales, agredió a varias personas y autoridades acusándolas de ser “guerrilleras” y de “oponerse al desarrollo”. El desalojo quedó suspendido por un amparo que otorgó el juzgado de primera instancia a favor de las autoridades indígenas. La autoridad ancestral sostiene que la agresión es parte de un ataque sistemático que busca desaparecer la figura de la autoridad ancestral en ese territorio.
Por Diego Petzey
Las acciones sistemáticas que han ocurrido en contra de la población Ixil de Nebaj y de sus autoridades ancestrales en los últimos 15 años llegaron a un nuevo extremo el jueves pasado, cuando un grupo de personas que acompañaban a Francisco Brito Ceto, síndico primero de la municipalidad de Nebaj, agredieron a ocho personas, cuatro de ellas alcaldesas indígenas, quienes tuvieron que recibir atención médica por las heridas que les fueron provocadas con piedras y por la crisis nerviosa que ocasionó la agresión.
La mañana del1 de septiembre, el gerente municipal, junto a un juez, intentó desalojar la oficina que ocupa la alcaldía indígena, del que sustrajeron documentación histórica y administrativa y se llevaron más de 80 varas de autoridad de principales, alcaldesas y mayules. Hasta ahora se desconoce la ubicación de las pertenencias de la alcaldía indígena. Según el medio local Canal Ixil Nebaj el desalojo fue ordenado por el alcalde municipal Virgilio Gerónimo Bernal de acuerdo a las declaraciones que le habría brindado el gerente municipal en una entrevista.
Ante el desalojo, las autoridades indígenas y principales Ixil defendieron el espacio que ocupan en el edificio municipal y que llaman “Casa del pueblo”. Ante esto, principales y autoridades de las aldeas y comunidades distantes del centro urbano de Nebaj llegaron de las comunidades para acuerpar y resguardar la alcaldía indígena durante toda la noche y madrugada del viernes.
En la mañana del viernes 2 de septiembre, las alcaldías indígenas de San Juan Cotzal y Chajul llegaron a la alcaldía para acompañar a los principales de Nebaj, su presencia se debe porque afirman que son “Vetz K’aol”, que en español significa “somos hermanos”, y dijeron que son un mismo pueblo y que el Estado guatemalteco los dividió por municipios.
Durante la época de la guerra la población Ixil fue una de las poblaciones afectadas, al haber sido declaradas como “enemigos internos” por los gobiernos militares. Fue también durante ese periodo que la Alcaldía Indígena Ixil se desarticuló y su población se organizó en Comunidades de Población en Resistencia; sus habitantes se resguardaron en las montañas para defenderse de las masacres que realizaba el ejército de Guatemala en su contra.
En 2008, la población Ixil, 12 años después de la firma de la paz, inició la recuperación de su forma de gobierno comunal estableciendo nuevamente la figura del B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a o Consejo de Autoridades Indígenas de Nebaj. Desde entonces, llevaron a juicio al general Efraín Ríos Montt, quien fue sentenciado por los delitos de genocidio deberes contra la humanidad, en mayo de 2013; han iniciado procesos judiciales para que se les restituyeran las tierras que les fueron despojadas durante la guerra y a defender su territorio ante la implementación de proyectos extractivos y de hidroeléctricas.
El alcalde Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán fue denunciado en diciembre de 2021 y perdió el derecho de antejuicio en agosto pasado, señalado por 13 delitos, para que el Ministerio Público pudiera investigarlo.
También han mostrado su respaldo a juezas y jueces que han sido criminalizados por su lucha en contra de la corrupción y la impunidad.
El objetivo es desaparecer la alcaldía indígena de Nebaj
Diego Santiago Ceto, autoridad indígena Ixil dijo que el objetivo del último ataque fue “debilitar y desaparecer la figura del B’oq’ol Q’esal Tenam de Naab’a’”, o el “Consejo de Principales del Pueblo de Nebaj” y con ello crear a una nueva estructura afín al poder municipal y a intereses que van en contra de la población.
La declaración de la autoridad indígena fue confirmada por los concejales: Vicente Marcos Gallego, concejal cuarto; Domingo Cedillo Cedillo, concejal quinto; Luis Fernando García, concejal sexto y Cornelio Benjamín Santiago Ceto, concejal séptimo, ellos cuatro son parte del Concejo Municipal de Nebaj, en donde declararon que el desalojo tenía como objetivo “desaparecer la información y trabajo de la alcaldía indígena”; declararon al alcalde municipal como “un violador de derechos humanos y como un criminal”; e indicaron que el alcalde utiliza a grupos de mujeres de la comunidad Antigua Xonca para agredir a las autoridades indígenas de la alcaldía ixil.
José Santos Sapón, abogado de la Alcaldía Ixil, relató que el trasfondo del ataque en contra de la alcaldía indígena es removerlos del espacio físico que ocupan y en su lugar se establecería una organización de autoridades indígenas afines a la municipalidad de Nebaj, según Sapón esta nueva organización estaría funcionando de manera similar a los Consejos Comunitarios de Desarrollo -Cocode- y que su finalidad sería la de aprobar todo tipo de proyectos que se pretenda realizar a nivel municipal sin ninguna resistencia.
Este grupo de personas cometieron estas agresiones en presencia del síndico primero y segundo de la municipalidad, mostrando que las personas agresoras recibían ordenes de la municipalidad. El 16 de diciembre de 2021 la municipalidad y el alcalde de Nebaj entregaron varas a los comunitarios de Antigua Xonca para acreditarlos como autoridades indígenas; en sus declaraciones agradecían el apoyo que les brinda la municipalidad de Nebaj.
Según las autoridades de la alcaldía indígena de Nebaj, el desalojo se habría dado como venganza por haber denunciado al alcalde municipal de Nebaj a finales del año pasado; a raíz de esta denuncia la Sala Regional Mixta, de la Corte de Apelaciones de Quiché retiró el antejuicio al alcalde de Nebaj en agosto de este año.
Cronología de un desalojo fallido
31 de agosto
8:00 a.m.: personal de la municipalidad circuló el edificio municipal con láminas, supuestamente con la intención de que se iniciarían trabajos de remodelación del edificio municipal. Según el portal gubernamental Guatecompras la municipalidad de Nebaj adjudicó a dos empresas los trabajos por remodelación, una por mano de obra, por un monto de 372 518 quetzales; y otra por compra de materiales para la remodelación por un monto de 732 759 quetzales.
3:00 p.m.: las autoridades de la alcaldía indígena Ixil realizaron una conferencia de prensa en la que dijeron que la municipalidad había trasladado las oficinas municipales al sótano del parque central. Diego Santiago Ceto, señaló que en ningún momento la municipalidad les habló de los trabajos de remodelación y si les iba a otorgar un lugar temporal. Así mismo indica que dos días antes la municipalidad llegó a pegar un papel en una pared donde indicaba que daban dos días a las autoridades indígenas para desalojar el lugar, el documento estaba firmado por el secretario y gerente municipal.
Las autoridades relataron que hace más de un año realizaron una petición al Concejo Municipal sobre la necesidad de ocupar un espacio más amplio para atender a toda la población que confía y cree en la alcaldía indígena, sin embargo, no tuvieron una respuesta a su petición.
1 de septiembre
8:00 a.m.: la colocación de una barrera de láminas restringió el acceso de las autoridades indígenas a las oficinas, después de unos minutos la secretaria administrativa, dos alcaldesas y una alguacil lograron ingresar. El espacio lo ocupan desde 2012 y en 2013 les fue cedido por la municipalidad por tiempo indefinido, a través del acta municipal No. 058-2013.
9:00 a.m.: bajo las órdenes de Maynor Moisés Ventura Marroquín, juez de Asuntos Municipales y de Tránsito; Diego Fernando Guzmán de León, secretario municipal; Faustino Otoniel Tzunux García, gerente municipal; y Francisco Brito Ceto, síndico primero, con el apoyo de agentes de tránsito y de otros trabajadores municipales, iniciaron el desalojo y con herramientas eléctricas derribaron las puertas de la alcaldía indígena. Durante este momento cuatro integrantes de la alcaldía indígena quedaron retenidas.
9:10 a.m.: los trabajadores municipales empezaron a sacar la documentación administrativa e histórica, también mobiliario y más de 80 varas sagradas de las autoridades indígenas. Según varias personas que presenciaron el desalojo, lo que sustrajeron lo subieron a un camión y no se sabe a dónde las llevaron.
10:00 a.m.: Jacinto Humberto Cedillo Chel, juez del Juzgado de Paz con sede en Nebaj, llegó a la municipalidad para realizar una exhibición personal a favor de las cuatro autoridades detenidas, sin embargo, no pudo ingresar. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito dijeron que tenían que consultar con el juez municipal. Al preguntar por el juez municipal le indicaron que no se encontraba, entonces, tendría que hablar con la gerencia de la municipalidad. Tras varias excusas, finalmente el juez logró el acceso, pero restringieron la entrada a los medios de comunicación que se encontraban en ese momento.
10:15 a.m.: las autoridades indígenas Feliciana Herrera Ceto, Catarina Ramírez Raymundo y Gabriel de Paz Pérez presentaron una denuncia en contra del alcalde municipal y los trabajadores municipales, por allanamiento ilegal.
11:00 a.m.: las autoridades indígenas acompañadas por varias personas de la comunidad y medios de comunicación ingresaron en el lugar del desalojo. En ese momento el síndico primero dijo que cumplían con un procedimiento administrativo de desalojar las oficinas que ocupa la alcaldía indígena.
12:00 p.m.: un abogado particular llegó al lugar y, sin identificarse, dijo que fue contratado por la municipalidad para dar fe de las acciones realizadas y aseguró que fueron transparentes. Además, dijo que la documentación de la Alcaldía Indígena fue inventariada antes de ser retirada. Al ser cuestionado sobre el destino de las pertenencias, dijo que desconocía el lugar a donde habían sido llevadas.
12:45 p.m.: un grupo de personas, entre ellas varias mujeres de la comunidad Antigua Xonca, quienes acompañaban al Francisco Brito Ceto, síndico primero, intentó desalojar a las autoridades indígenas, destruyeron algunos muebles y les lanzaron agua con cloro a las autoridades.
3:40 p.m.: el grupo de mujeres de Antigua Xonca, llegó de nuevo frente a la alcaldía indígena, lanzaron piedras, golpearon a las autoridades indígenas y les decían que eran “guerrilleras que se oponían al desarrollo y que no llevan proyectos de construcción a la población”. Las agresiones sucedieron frente a la pasividad de los agentes de la Policía Municipal y de Tránsito que solo se limitaron a observar. Las autoridades Ixil llamaron a la Policía Nacional Civil, pero les respondieron que no intervendrían porque eran conflictos políticos. En la agresión resultaron heridas ocho personas de la alcaldía indígena.
3:52 p.m.: el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Santa María Nebaj, resolvió un amparo provisional a favor de la alcaldía indígena Ixil suspendiendo provisionalmente la orden de desalojo que fue ordenada por la municipalidad a través del Oficio No. SEC 78-2022 REEF. DFGL, de fecha 25 de agosto. Así mismo solicitó un informe circunstanciado a la municipalidad para que explique los hechos.
5:15 p.m.: el grupo de personas que agredieron a las autoridades indígenas salió de las oficinas temporales de la municipalidad, ubicados en el sótano del parque central, con el acompañamiento del síndico primero, abordaron un vehículo y se dirigieron con rumbo desconocido.
6:00 p.m.: los principales y autoridades de otras comunidades llegaron a la alcaldía indígena Ixil para apoyar y resguardar las oficinas y algunos objetos que quedaron. Su presencia se debe, dieron, a que el “el lugar que fue allanada, es la casa del pueblo y que deben resguardarlo y protegerlo”.
7:00 p.m.: las ocho personas de la alcaldía indígena que resultaron heridas fueron trasladadas hacia un hospital para ser atendidas por lesiones y crisis nerviosa. Pasaron la noche en el hospital.
2 de septiembre
9:21 de la mañana: a raíz de las agresiones ocurridas el 1 de septiembre, en contra de la Alcaldía Indígena Ixil de Nebaj, los integrantes del Concejo Municipal: Vicenta Marcos Gallego, concejal cuarto; Domingo Cedillo Cedillo, concejal quinto; Luis Fernando García, concejal sexto; y Cornelio Benjamín Santiago Ceto, concejal séptimo, declararon al actual alcalde municipal como un “Violador de derechos y un criminal”. Señalaron que las acciones buscaban terminar con la “información” de la alcaldía indígena, por lo que exigieron al Ministerio Público una investigación de los hechos.
10:35 de la mañana: las alcaldías indígenas de San Juan Cotzal y Chajul llegaron a la alcaldía para acompañar a los principales de Nebaj, porque afirman son “Vetz K’aol”, “somos hermanos” y que ellos forman un solo pueblo ixil y que es el Estado guatemalteco quien los dividió por municipios.
12:57 del mediodía: la fiscalía del Ministerio Público de Nebaj llegó a la Alcaldía Indígena Ixil para iniciar una investigación sobre las denuncias presentadas por las autoridades indígenas.
En la tarde del viernes y el fin de semana las autoridades indígenas de varios pueblos, a nivel nacional, se solidarizaron con la Alcaldía Indígena Ixil, condenaron las agresiones y demandaron una investigación de los hechos.
#AlertaNebaj 📍Condenan ataque del Alcalde Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, las Autoridades Ancestrales de Iximulew muestran su solidaridad con la Alcaldía Indígena Ixil de Nebaj.https://t.co/dOMgkt7ovt
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 4, 2022
El papel de la alcaldía indígena ixil
En diciembre del año pasado la Alcaldía Ixil desconoció a Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán como alcalde municipal y promovieron una nueva denuncia en su contra señalándolo de 13 delitos; así mismo, exigieron su renuncia. Siete meses después la Sala Regional Mixta, de la Corte de Apelaciones del departamento de Quiché, retiró el antejuicio al alcalde y con esto el Ministerio Público podía iniciar la investigación de las denuncias presentadas por el pueblo de Nebaj.
En la decisión asamblearia participaron los Principales del pueblo Ixil para discutir la ingobernabilidad en Santa María Nebaj a causa de las denuncias y antejuicios en contra del Bernal.
Durante la guerra interna, que duró 36 años, según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, entre 1978 y 1982, altos mandos del Ejército consideraron a las autoridades indígenas y a la población Ixil como enemigos del Estado y fueron atacados sistemáticamente dejando un saldo aproximado de 12 400 víctimas, entre hombres, mujeres, niñas y niños. En esas circunstancias, el sistema de gobierno comunal se desintegró y fue hasta que a inicios del 2000 que empezaron un proceso de recuperación de su memoria colectiva y en 2008 reorganizaron nuevamente la alcaldía indígena ixil.
Después de la reorganización de la figura del B’oq’ol Q’esal, la autoridad lideró el movimiento para llevar a juicio los responsables del asesinato y desaparición de miles de personas Ixil durante la guerra. Cinco años después lograron sentar en el banquillo de los acusados al general Efraín Ríos Montt, a quien el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, condenó a 80 años por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. al general Efraín Ríos Montt. el 10 mayo de 2013. Y aunque la sentencia fue anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), permanecerá en la memoria de la población Ixil de la guatemalteca en general.
La lucha de la alcaldía indígena y la población Ixil también se remite a la defensa de su territorio y los recursos naturales que han sido codiciados por empresas transnacionales que han intentado llevar adelante algunos megaproyectos. A raíz de esta defensa en 2017, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), demandó que los tres poderes del Estado debían enfocarse en preservar la economía local y que el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo no debía utilizarse para suspender proyectos industriales.
La posición del CACIF fue una respuesta a las acciones judiciales o amparos que presentó la Alcaldía Indígena en contra de los proyectos hidroeléctricos “el Tigre”, “las Brisas, “Vega 1” y “Vega 2”, con estos recursos legales lograron detener la construcción de estos megaproyectos.
La Alcaldía Indígena dijo que a pesar de las persecuciones penales en contra de algunos de sus integrantes, así como el desalojo del jueves pasado, seguirán luchando para promover acciones a favor de la población Ixil y en la defensa de su territorio.
