Por Paolina Albani
Las acciones de Bluestone Resources, dueña del proyecto minero Cerro Blanco, se derrumbaron en la bolsa de valores. Expertos en temas ambientales y financieros, creen que el desplome tiene que ver con el resultado de la consulta municipal en el que el pueblo de Asunción Mita, en Jutiapa, dijo no a la minería en el territorio, lo cual ahuyentó a los inversionistas. Aun así, no descartan que otros dos factores, como el inicio de la recesión económica mundial y la volatilidad de la industria minera en el mercado, hayan jugado en contra de la minera que irrespeta la voluntad de los pobladores.
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De acuerdo a portales financieros, el comportamiento de las acciones de Bluestone empezó a caer desde mayo pasado, y coincide con el momento en el que la población de Asunción Mita presentó las más de 4 mil 200 firmas ante la municipalidad para exigir que se realizara una consulta de vecinos. En ese momento, cada acción valía 50 centavos de dólar.
De ahí tuvo una leve recuperación en mayo, pero, nuevamente, se derrumbó el costo de las acciones en septiembre a 41 centavos de dólar, luego de que ganara el NO en la consulta municipal, de acuerdo a Reuters y a Yahoo Finance.
El portal de Yahoo señala que las ganancias por cada acción tienen un costo de -0.2470 dólares y es imposible saber en cuánto tiempo los inversionistas podrían recuperar el capital aportado a la minera, pues falta el dato de la tasa de ganancias sobre precio de cada acción.
No obstante, Bluestone refiere en su portal que “el estudio de factibilidad para el proyecto de oro Cerro Blanco indicó una operación de alto margen y recuperación rápida”.
“Los negocios que están vinculados a situaciones de conflictividad social no son buenos”
Ante la caída del precio de las acciones, dos economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Abelardo Medina y Ricardo Barrientos, han compartido su lectura de la trayectoria de Bluestone Resources en la bolsa de valores.
Según Medina, la trayectoria es un indicativo de que “el rendimiento de dicha empresa en el largo plazo está fuertemente comprometido”. La causa para esto puede variar. Una de las explicaciones es que las explotaciones o inversiones de la empresa no están rindiendo como se esperaba, aunque también podría deberse al nivel de deuda “y el costo de adquisición de la misma le esté causando problemas”.
Aunque podría pensarse que la desfinanciación en la bolsa está ligada al NO definitivo de Asunción Mita y a las denuncias que organizaciones sociales y ambientales de Guatemala y El Salvador, que se han opuesto al funcionamiento de Cerro Blanco, Medina se inclina a creer que el motivo principal de la picada es que las explotaciones son menores y con mayores costos.
Según Barrientos, quien tiene una postura mucho más social, “la industria de minería tiene problema permanente de volatilidad”, por la conflictividad social que genera.
“Icefi ha advertido que las inversiones de minería no son buenas para el país, para el ambiente, ni para los inversionistas, porque lucran de una industria conflictiva que ha sido señalada del encarcelamiento de lideresas”, refiere Barrientos.
“Negocios que están vinculados a situaciones de conflictividad social no son buenos”, agrega.
El resultado de la consulta en Asunción Mita fue una clara advertencia de lo riesgoso que es prestarle dinero a la minera. El comportamiento de las acciones en la bolsa de valores dice mucho de la empresa, de cuánto cuesta, su calidad y rentabilidad, explica.
Hace 10 días, cuando el pueblo de Asunción Mita celebró la consulta municipal para fijar la postura de los vecinos en torno a la instalación y explotación de sus recursos naturales, los resultados fueron un claro y rotundo NO a la minería con 7 mil 881 y tan solo 904 a favor. Esto en un contexto político en el que el gobierno ha intentado atropellar la voluntad de la gente para instalar con violencia proyectos extractivos que generan conflictividad social y criminalización.
Para que los resultados del referéndum fueran vinculantes, se necesitaba de la participación del 20% de la población de Mita que estuviese empadronada. En la actualidad rebasan los 30 mil habitantes. Y esa cifra fue superada.
La consulta fue impulsada, en buena parte, por la Diócesis de Jutiapa y las organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, que habían expresado preocupación por la contaminación con arsénico de la cuenca de Ostúa que desemboca en el lago Güija y el río Lempa, en El Salvador. Además de la posible desaparición de una de las comunidades de Mita, Trapiche Vargas, que podría quedar sepultada bajo los residuos de la actividad minera.
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Recesión mundial o fuga de capital por una consulta
Prensa Comunitaria escribió a la Gremial de Recursos Naturales Minas y Canteras de la Cámara de Industria, para saber si otras mineras han reportado pérdidas en la bolsa y cuál podría ser la causa, pero no respondió a los cuestionamientos.
La respuesta podría encontrarse en otro factor: la recesión mundial ya que los minerales metálicos como el oro, producto que Bluestone intenta explotar en Asunción Mita, perdieron valor.
Según pronosticó el portal mineríaenlinea.com en junio de este año, el precio del oro caería tras un crecimiento de la oferta del mineral. Y así ocurrió, al variar su precio con la subida del dólar.
Sin embargo, las fuentes consultadas no descartan que el resultado de la consulta jugara un papel importante en la caída de las acciones de la minera.
Julio González, de Madre Selva, organización ambientalista que ha seguido de cerca el desarrollo de la consulta municipal en Asunción Mita, dice que tras la consulta “el voto contra la mina lo hicieron los inversionistas, al protagonizar una fuga que el gobierno no pudo detener.
“Esa mina no tiene futuro, no tiene avalada la actualización que presentaron -para explotar a cielo abierto- y sin eso no pueden operar”, recuerda González.
“Ya saben que ese proyecto no va y si van contra la gente eso les acarreará mala reputación frente a Canadá, pues ya aceptó juzgar delitos en terceros países… No se vale que se vayan en contra de la voluntad de la gente”, comenta.
Por otro lado, en el pasado las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) han sido decisivas. Por ejemplo, en 2017, la CC suspendió la licencia de la minera El Escobal, que operaba en San Rafael las Flores, Santa Rosa, propiedad de la transnacional canadiense Tahoe Resources, dedicada a la explotación de plata y oro, y le ordenó realizar la consulta pública a los pueblos indígenas de las comunidades aledañas. A raíz de esto, Tahoe habría quebrado, según una fuente financiera que prefirió no ser nombrada.
La misma orden se dio a la minera Fénix, en El Estor, Izabal, un municipio caribeño rico en ferroníquel que es explotado por la empresa de origen ruso-suizo, Solway Investment Group, a quien la CC ordenó detener operaciones en 2019 y, de nuevo, en forma definitiva, en 2020, para que cumpliera con la consulta comunitaria y para que se investigaran delitos cometidos en contra de la población Q’eqchi’.
Pese a las decisiones de la CC, algunas mineras, como la de Solway, han logrado continuar operando ilegalmente y con impunidad sin sufrir las consecuencias, y extrayendo minerales y metales que les han permitido mantenerse activos en la bolsa de valores.
