El gobierno de Alejandro Giammattei cerró la institucionalidad de la Paz y trasladó las responsabilidades del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), sin embargo, dicho ministerio, creado durante la gestión de Otto Pérez Molina no ha hecho nada por las víctimas; se teme que el gobierno está desapareciendo los expedientes y pretenda esperar que expire el acuerdo gubernativo que dio vida jurídica al PNR, en diciembre de 2023.
Por Simón Antonio Ramón
Familiares de víctimas y sobrevivientes de la guerra interna en Guatemala, articulados en la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, promovieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), contra el presidente Alejandro Giammattei; Álvaro González, ministro de Finanzas Públicas (MINFIN) y Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social (MIDES), por la paralización del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
El traslado del PNR al MIDES, se da en el marco del cierre de la institucionalidad de la Paz por el actual gobierno, desde 2020, con el cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH,) que se modificó a Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).
El PNR fue creado con el Acuerdo Gubernativo 258-2003 durante el gobierno de Alfonso Portillo, publicado el 7 de mayo de ese año; diez años después, con el gobierno de Otto Pérez Molina se extendió por otros diez, por lo que perderá vigencia el 31 de diciembre de 2023 con el Acuerdo Gubernativo 539-2013.
El acuerdo gubernativo 539-2013 establece cinco funciones que el programa debe atender: dignificación de las víctimas mediante acciones de apoyo a exhumaciones, inhumaciones y medidas de verdad y memoria; resarcimiento cultural; reparación psicosocial y reparación; restitución material de vivienda, tierra, certeza jurídica y en inversión productiva; y resarcimiento económico.
Una de las debilidades del PNR según las y los miembros de la Plataforma Nacional es que no nació de un decreto ley sino por un acuerdo gubernativo, por lo que cada gobierno lo modifica a sus intereses. Hasta el momento el único gobierno que asumió un rol proactivo de cumplir con el resarcimiento económico fue el de Álvaro Colom.
“Ningún gobierno ha tenido el pleno de decisión política, más bien lo que se ha avanzado en el programa, algunas medidas a las víctimas ha sido por la lucha. Sin embargo, en el caso del presidente Álvaro Colom si se avanzó una buena medida, solo estamos hablando en el resarcimiento económico el programa tiene cinco medidas”, dijo Miguel Itzep, del Consejo Coordinador de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas.
Las y los amparistas denuncian que desde hace dos años que el Gobierno cerró Copredeh, trasladó el PNR al MIDES y a la fecha no se ha dado respuesta a las familiares y sobrevivientes, a pesar de que desde hace un año existe una mesa de diálogo.
“El programa perdió su viabilidad en atención a las víctimas desde el gobierno del -Partido- Patriota”, dice Miguel Itzep. “El gobierno cerró la institucionalidad de la paz, trasladó el programa a jurisdicción del MIDES, una institución del Estado que no tiene ningún carácter de reparación más bien, es una institución dirigida al programa de asistencialista a la población. Bajo nosotros perdió contenido”, dice Miguel Itzep.
“Nos dicen lo mismo, que no hay ninguna víctima que haya asistido al MIDES en el año que va el traslado del PNR, más aún los expedientes que recogieron en las 14 sedes regionales los enviaron a una bodega fuera de la ciudad, para nosotros es una señal no solamente negativa de asistir a las víctimas sino una medida en el cual el gobierno está empezando a desaparecer los expedientes”, denunció Miguel Itzep.
Hasta marzo de este año había 22 mil 772 expedientes que no han sido atendidas según se les ha informado a los miembros de la Plataforma Nacional por el MIDES, pero indican que hay más, aproximadamente son más 85 mil expedientes que están sin atenderse.
“Precisamente una de las peticiones es que a través de este Gobierno se constituya otro acuerdo gubernativo, porque no es justo que las familias queden sin ser atendidas porque es un compromiso del Estado, que se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH)”, dijo Feliciana Macario.
Mientras las víctimas demandan el cumplimiento de los compromisos del gobierno asumidos en el contexto de los Acuerdos de Paz, en el Congreso han impulsado iniciativas de ley para indemnizar a personas que realizaron su servicio militar durante la guerra, como también hay iniciativas que buscan eliminar acusaciones penales contra altos mandos militares, señalados de delitos de lesa humanidad.
Las y los integrantes de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno advierten que si el Estado no cumple sus compromisos, se le denunciará en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).
