Con la presencia de cientos de policías y de personas vestidas de civil, 58 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Nuevo Chicoyuo fueron desalojadas de la finca San Luis. La comunidad salió de la finca de forma voluntaria, varias personas se llevaron algunas de sus pertenencias.
Por Francisco Simón Francisco*
Las 58 familias maya Q’eqchi’ que habitan la comunidad de Nuevo Chicoyuo fueron desalojadas por más de mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a petición del Ejército de Guatemala que reclamó ante un Juzgado de Paz, de Cobán, Alta Verapaz, la propiedad de la finca San Luis, que fue ocupada por las familias hace tres años.
Los agentes de la policía se desplegaron a Cobán desde tempranas horas de este miércoles y se reunieron en las afueras del estadio municipal a la espera de instrucciones para desalojar a las familias.
La orden de desalojo fue autorizada por el juez Ricardo Caal. Según el gobierno de Alejandro Giammattei, las tierras ocupadas pertenecen a la finca San Luis, propiedad del Ministerio de la Defensa, en donde se fabrican municiones para el Ejército. Mientras, la población aseguró ser la propietaria histórica de la tierra.
A pesar de la insistencia, el juez de paz, acompañado por la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y otras instancias del gobierno, en una primera conversación con los comunitarios dijo, que solo tenían 45 minutos para desocupar la finca, de lo contrario serían desalojadas por la fuerza.
“El presidente Giammattei nos quiere dejar sin tierras y en la pobreza”, dijeron algunos de los pobladores. En el lugar había mujeres, personas adultas, menores de edad y agricultores Q’eqchi’. Además, las 58 familias de Chicoyuo calificaron de “ilegal” el desalojo de la comunidad que está ubicada en el kilómetro 219, a unos 15 minutos de la cabecera departamental de Cobán.
“Nos traen una orden de desalojo que no está firmada por el juez. Estamos aquí por nuestras abuelas y abuelos, ellos fueron colonos de los antiguos dueños de la finca, por ello volvimos a este lugar”, dijo un comunitario, que pidió omitir su nombre por seguridad.
Las autoridades acordaron que a principios de este año se reunieron en la ciudad de Guatemala con representantes del Ejército, para resolver la situación de la finca, sin embargo, se sorprendieron con la presencia de la policía. “No se cumplió con las directrices que dio el juez, la orden no estaba clara ni firmada”, aseguró Germán Gómez, de La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), quien estuvo acompañando a la comunidad.
Las personas afectadas solicitaron un recuso de exhibición personal ante el Juzgado de Paz para exigir “el cumplimiento de los protocolos internacionales en materia de derechos humanos”, pero la petición no fue atendida.
Por su parte, la auxiliatura de la PDH se negó a presentar el recurso solicitada por las familias, mientras el Ministerio de la Defensa alegó que la finca ubicada en el kilómetro 219 es propiedad del Estado de Guatemala.
Mientras avanzaba la hora, el juez de paz insistió con el desalojo y fijó otro plazo de 30 minutos para que las personas pudieran sacar sus pertenencias de la finca San Luis y ser trasladadas a un albergue que las autoridades acondicionaron en el centro de Cobán. Les indican que “si no acatan saldrán por medio de la fuerza pública”.
“Ya agotamos los mecanismos, el juez determinó que la finca tiene dueño y es el Ejército”, dijo uno de los agentes de la PNC.
Magdalena, una madre soltera, que ocupó la finca junto a otras familias, en 2019, dijo llegó al lugar por la falta de tierra. “Queremos que el gobierno nos dé otro lugar para vivir”. Ella tiene sembrada milpa y algunas hierbas, pero lamentó que lo perdería, ya que es su única fuente de ingreso para sobrevivir. La mujer Q’eqchi’ agregó: “las familias que vivimos aquí, todas somos madres solteras con hijos y no queremos salir porque no tenemos a donde ir”, dijo entre llanto.
“El plazo de la segunda conversación con ustedes ha finalizado, entonces los elementos van a proceder a desalojarlos”, dijo una delegada de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). “Dennos tiempo, la finca se la vamos a entregar”, respondieron los pobladores que mantienen ocupada la finca, que actualmente se denomina como Nuevo Chicoyou.
Minutos después los miles de agentes ingresaron a la comunidad y tomaron el control de la finca con el apoyo de personas particulares vestidos de civil. Las personas aseguran que llegaron al lugar hace tres años ante la falta de tierras y alimentos.
Ante las amenazas de los agentes de la PNC, que cercaron a la comunidad de Nuevo Chicoyou, las 58 familias salieron de la finca de forma voluntaria. La mayoría se vio obligada a dejar su vivienda y algunos se llevaron algunas de sus pertenencias: camas, láminas, materiales de cocina y de cultivo.
Por su parte, Lourdes Pop, una dirigente de las mujeres de esa comunidad, señaló que se quedarán en la calle, porque no tienen otro lugar para establecerse. La municipalidad de Cobán les ofreció un albergue en el centro del municipio, sin embargo, lo califican de “engaño”.
*Con información de Gilberto Cucul
