Por Paolina Albani
Latin American Resources Ltd., Petrolera del Itsmo S.A. y Petro Energy S.A. le adeudan al Estado guatemalteco más de US$66 millones en regalías, multas e intereses. La primera de ellas está vinculada con Zury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, exdiputada del ala conservadora y quien se anticipa será una de las aspirantes a la Presidencia de la República por el partido Valor; a través de su actual esposo, Gregory Charles Smith, quien es presidente ejecutivo de LAR.
El diputado Carlos Barreda, integrante del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), refirió que Petrolera del Istmo (EPI), le adeuda al Estado US$60.2 millones (Q463.5 millones), monto que ha venido arrastrando desde el 2010. La deuda original por regalías es de US$10 millones (Q76.4 millones) y los otros US$50 millones (Q387.1 millones) corresponden a los intereses y multas generadas por la falta de pago.
EPI consiguió el contrato 2-2009, cuando el gerente de la compañía era Rodolfo Sosa de León, quien antes fue presidente de la petrolera Basic Resources, empresa que sería cliente del bufete A.D. Sosa y Soto, de acuerdo a información de Centro de Medios Independientes (CMI).
En esa lista, Latin American Resources es la segunda petrolera con más deuda en regalías. Adeuda más de US$1.5 millones (Q11.9 millones) en regalías no pagadas, cifra que ha ido en aumento desde 2016, y US$1.9 millones (Q15 millones) en multas e intereses.
Petro Energy ocupa el tercer lugar con US$1.2 millones (Q9.6 millones) en regalías adeudadas desde el 2015, y US$1 millón (Q8 millones) en multas e intereses. Salvador Ramírez es el representante legal de la empresa, quien fue financista de la campaña de Giammattei en 2019 y, ahora, es el comisionado presidencial de infraestructura estratégica.
Esta es información es de febrero de 2021 y, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha fallado en entregar una actualización de la deuda a Prensa Comunitaria, por lo que Barreda ha estimado que el monto, ahora, sería mucho mayor. El diputado del GPO también ya había denunciado que las autoridades de la cartera se han negado a compartir información sobre los manejos del ministerio entorno a las petroleras y, en ocasiones, la han entregado incompleta.
Hasta ahora, la única información pública referente a las regalías que se encuentra en el portal del ministerio es la “Tabla de ingresos percibidos por la producción nacional de petróleo crudo, condensado y gas natural”.
En ella, EPI reporta el pago de US$1 millón 325 mil 259.51 (Q) que ha hecho efectivas en seis de 30 meses, entre enero de 2020 y junio de 2022. En tanto que, la Latin American Resources pagó de US$270 mil 447.54 millones (Q2 millones) en regalías que no forman parte de la deuda sino de los ingresos por producción. Es un 0.50% del total de US$53.4 millones (Q411.3 millones) que el ministerio ha percibido en el último año y medio, de cinco petroleras. Petro Energy no aparece en esta tabla.
Mientras la deuda petrolera sigue creciendo y la extracción del crudo continua, sin nadie que la detenga, el Ejecutivo ha insistido para que el Congreso apruebe la iniciativa 6021, reforma a la Ley de Hidrocarburos, que Alejandro Giammattei presentó en enero pasado, y ahora ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso.
Esta iniciativa propone prorrogar los contratos petroleros hasta el límite económico de la actividad. Es decir, “hasta que generen beneficios económicos a la empresa y Estado… esa posibilidad incentiva a que vengan nuevas empresas al país, y que las existentes realicen nuevas inversiones, pues algunas han dejado de hacer inversiones porque sus contratos están próximos a vencer”, refirió el ministro Alberto Pimentel al salir de una citación con la Comisión de Finanzas del Congreso.
Además, permitiría a las petroleras firmar convenios de pago que se convertirán en títulos ejecutivos que facultaría al Estado para demandar el pago judicialmente a las empresas.
“Hoy tenemos tres empresas que nos deben pero no podemos ejecutar esas deudas porque tenemos que agotar juicios de conocimiento. Nos ahorraríamos mucho tiempo. Algunas han ido pagando periódicamente, pero todavía están con deuda”, refirió el ministro.
Un ministerio pasivo
En diciembre de 2019, la petrolera LAR, a través de su representante Andrea Fajardo, denunció que Claus Marvin Mérida Jiménez, Luis Alfonso Chang Navarro, exministro del MEM, y Sergio Gabriel Monzón Ordóñez, exdirector de Hidrocarburos, intentaban extorsionar a la empresa a cambio de concederles un convenio de pago.
La entidad Latin American Resources, Ltd. emite comunicado y cuestiona decisiones del Ministro de Energía y Minas. pic.twitter.com/vRef5KHajv
— Diario La Hora (@lahoragt) November 11, 2019
Monzón negó las declaraciones y dijo que buscaban manchar su nombre, porque “la empresa no cumple con los requisitos legales, técnicos ni ambientales”.
Pese a esto, ninguna de las autoridades del MEM inició la terminación no automática de los contratos o algún juicio por la vía ordinaria, para reclamar el pago de regalías como la Procuraduría General de la Nación (PGN) lo recomendó.
Incluso, la Contraloría General de Cuentas (CGC) corroboró que “no se realizó ningún tipo de procedimiento económico coactivo” y “no se realizaron acciones encaminadas a la terminación automática de los contratos correspondientes según lo establece la ley en materia de incumplimiento de pagos de regalías por actividad petrolera”.
Esta falta de acción de parte del MEM ha sido cuestionada por Barreda quien dijo a Prensa Comunitaria que “el ministro ha dejado pasar el incumplimiento de las empresas” y que “debería de haberse movido para declarar lesivos los contratos y anularlos”.
Denuncias de contaminación
Mientras esto no sucedió, otro hecho que empañó todavía más a Latin American Resources. Pues, en febrero de 2021, los vecinos de San Benito Uno, en Alta Verapaz, que se encuentran dentro de uno de los campos de exploración del proyecto, denunciaron la contaminación del río Icbolay y señalaron como responsable a LAR.
Esto llevó a que el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) concluyera que “Latin American Resources LTD”, representa pérdidas económicas y socioambientales para el país” y que el río las Mulas estaba siendo afectado por el derrame de petróleo, mismo que desemboca en la laguna Lachuá.
Es válido concluir, entonces, que la extracción de petróleo por parte de Latin American Resources LTD representa pérdidas económicas y socioambientales para el país. Visita el perfil del contrato aquí: https://t.co/T5DsFZwbO2
— OIE – Observatorio de Industrias Extractivas (@oie_gt) February 12, 2021
El Contrato 1-2005, fue otorgado a Latin American Resources Ltd. el 28/03/2006 al 27/03/2031. Este tiene tres campos activos, dos de exploración y uno de explotación. Los contratos de LAR rodean el parque nacional Laguna Lachuá en la cuenca Salinas. https://t.co/rrieunLPBo pic.twitter.com/LWYrQ7EQTA
— OIE – Observatorio de Industrias Extractivas (@oie_gt) February 9, 2021
La comunidad San Benito, se encuentra dentro de uno de los campos de exploración. El río Las Mulas está siendo afectado por el derrame de petróleo, este desemboca dentro del Parque nacional Laguna Lachuá. pic.twitter.com/bJonctxzfd
— OIE – Observatorio de Industrias Extractivas (@oie_gt) February 9, 2021
La Agencia Fiscal de Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz realizó un allanamiento y tomó muestra de agua y suelo, en San Benito I, Cobán.
Esto luego de la denuncia por posible contaminación por un derramamiento de petróleo de la empresa Latin American Resources LTD. pic.twitter.com/lK6ExKf1TJ
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 11, 2021
En esa oportunidad, el MEM lanzó un comunicado en el que aseguraba que acudieron al lugar para hacer las inspecciones y que, luego de examinar el campo, no encontraron “derrame de crudo o contaminación significativa del agua, excepto por daños leves”, que eran resultado de malas prácticas de la empresa Latin American Resources Ltd. Debido a los hallazgos, el ministerio dio a la empresa tres días para que presentara pruebas de descargo, pero nunca difundió el contenido de estas y si la información fue satisfactoria para librarlos de la responsabilidad por la contaminación denunciada.
Un contrato que durará 9 años más
Latin American Resources firmó el contrato de explotación 1-2005, en 2006, cuando Óscar Berger, vinculado a otros petroleros, era presidente del país. Este contrato finalizará hasta 2031, en nueve años más. El campo petrolero de LAR abarca los municipios de Ixcán, Quiché y Cobán, Alta Verapaz, y rodea el Parque Nacional laguna Lachuá en la cuenca Salinas, de acuerdo al OIE.
El observatorio ha estimado que el proyecto genera ingresos de US$5 millones 522 mil 736.25 (Q42.5 millones). Datos del mismo observatorio han demostrado que LAR es inconstante en el pago de regalías. Pues, de 2006 a 2009 y en 2016 no se registró el pago de las mismas, y de 2010 (cuando empezó a generar ingresos) a 2020 ha fluctuado de US$62 mil 803.74 (Q438 mil 588.79) a US$2 millones 052 mil 241.34 (Q15.8 millones).
Pese a que de 2008 a 2019, la producción de barriles de petróleo creció de 14 mil 279 a 163 mil 704, elPeriódico ha referido que LAR ha extraído hasta 706 mil barriles desde que empezó a operar en Guatemala.
