El caso de Zamora es uno de los más graves ataques a la prensa en Centroamérica y que aunque la Fiscalía insiste que la investigación no está motivada por su trabajo periodístico, todo indica lo contrario. WOLA
Por Regina Pérez
La exdirectora administrativa y financiera de elPeriódico, Flora Silva, fue ligada a proceso por el juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo, por el delito de lavado de dinero, señalada de haberse concertado con Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, para lavar Q300 mil, dinero que según la Fiscalía tenía origen ilícito.
Silva se suma a Zamora y a la fiscal Samari Gómez en ser ligada a proceso y enviada a prisión preventiva, en un caso denominado “Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero” que, organizaciones de prensa y de la sociedad civil ven como un ataque a la libertad de expresión en Guatemala.
Tras la sindicación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la intervención de los querellantes y de su abogado defensor, Gustavo Valle, el juez Orellana ligó a proceso a Silva, exgerente general de Aldea Global S.A., casa editora de elPeriódico, a quien le cambió el delito por el cual el Ministerio Público (MP) la imputó, que era conspiración para el lavado de dinero, por lavado de dinero. Además, la envió a prisión preventiva argumentando peligro de fuga y obstaculización a la averiguación a la verdad, a pesar de que el abogado defensor de Silva indicó que ella presentó su renuncia al cargo el 24 de agosto.
Silva fue ingresada al Hospital San Juan de Dios luego de su detención el 19 de agosto, donde según el MP, médicos y una agente de seguridad indicaron que se negó a tomar sus pastillas. Este y otros argumentos fueron usados por la Fiscalía para pedir prisión preventiva en su contra.
El caso se origina de una denuncia interpuesta el 26 de julio por Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores, procesado por el Ministerio Público (MP) en dos casos, Arca y Bantrab, quien grabó conversaciones y reuniones con el presidente de elPeriódico. En una de esas reuniones, el año pasado, estuvo Flora Silva, así como los abogados de Zamora, Mario Castañeda y Romeo Montoya, quienes también tienen una orden de detención.
En la audiencia de primera declaración de este miércoles, la fiscal Cinthia Monterroso presentó varios indicios para pedir que la gerente general de elPeriódico, quien también es gerente financiera, fuera enviada a juicio.
Durante su intervención, Valle manifestó que llama la atención que la denuncia de Navarijo se haya interpuesto en la agencia 9 de la FECI, a cargo de la fiscal Cinthia Monterroso en horas de la noche del 26 de julio. En elPeriódico se han publicado varias noticias sobre Monterroso, a quien Zamora, ahora ligado a proceso, llamó la “topo del pacto de corruptos”. Por ello señaló que hubo un posible vicio desde que se presentó la denuncia.
“Una agente fiscal se autoasigna un caso específico de suma gravedad que amerita que el licenciado Curruchiche, jefe de la FECI, distribuya y ordene a su personal que indique qué fiscal va a conocer este caso, si no se hace así el acto introductorio fue arbitrario”, manifestó el abogado defensor.
Valle también criticó el papel que jugó Ronald García Navarijo, procesado en varios casos en el MP, de haber grabado las llamadas y reuniones con Zamora, el exjefe de la FECI, Francisco Sandoval, abogados y la exdirectora financiera de elPeriódico.
El abogado hizo referencia a la Ley contra la Delincuencia Organizada, señalando que García Navarijo no actuó conforme a la ley, pues no es funcionario policial. Sin embargo, este argumento fue desestimado por el juez Orellana, quien también señaló que no es ilegal grabar llamadas donde la persona que graba participa como interlocutor.
“Eso lo digo aplicando las leyes guatemaltecas” manifestó el juzgador, quien en una anterior audiencia se amparó en la legislación española para justificar las grabaciones presentadas por el MP, que en esta audiencia usó los mismos audios utilizados en la audiencia de Zamora, varios de los cuales eran inaudibles.
Orellana indicó durante su argumentación que no solo se tenía la declaración de García Navarijo como parte de los indicios, sino que contaba con otras, como la de Jorge Gonzalo Barrios, mensajero de elPeriódico quien era el encargado de depositar el cheque por Q300 mil, a solicitud de Zamora. También estaba la declaración de Natali Pérez, jefa de cobros de Aldea Global, quien declaró sobre sus funciones en dicha entidad.
Según el juez los indicios orientan a que Silva dio una orden, tenía conocimiento, ejercía un cargo de jefatura, tenía el conocimiento financiero por su profesión que tiene que ver con transferencias financieras, bancarias “y por lo tanto pudo haber incurrido en lavado de dinero”.
Durante la audiencia, el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, quien representó a García Navarijo, estuvo tomando fotos con su celular al abogado de Silva, quien pidió al juez llamarle la atención, puesto que tampoco estaba poniendo atención a la audiencia, sin embargo, el juez Orellana reaccionó diciendo “es la última vez que permito que interrumpan a la Fiscalía”.
Pocas horas después, fotos del abogado Valle circularon en redes sociales en cuentas de netcenter.
WOLA: Caso Zamora es un ataque a la prensa
Un reciente análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala que el caso de Zamora es uno de los más graves ataques a la prensa en Centroamérica y que aunque la Fiscalía insiste que la investigación no está motivada por su trabajo periodístico, todo indica lo contrario.
“Como sucedió con el periodista Carlos Fernando Chamorro y varios más en Nicaragua, Zamora es perseguido por el delito de lavado de dinero como parte de una estrategia de persecución similar a la del régimen Ortega-Murillo”, señala el artículo, firmado por Héctor Silva Ávalos y Ana María Méndez.
