Por Héctor Silva
Fue como ver otra vez la misma película de terror. El incendio que ocurrió en la mina Fénix en El Estor, Izabal, la noche del lunes 29 de agosto, es un recordatorio de que, en Guatemala, si se cuenta con los amigos apropiados y se soborna lo suficiente, una mina como esta y sus dueños, las guatemaltecas CGN y Pronico y el conglomerado ruso-suizo Solway, pueden siempre salirse con la suya.
La mina aceptó que había habido un incendio, pero lo hizo solo porque, como en ocasiones anteriores, hubo quienes se atrevieron a publicar las imágenes del fuego y a contar lo que había ocurrido, bajo riesgo de ser espiados, criminalizados y reprimidos por los mineros y sus aliados en el gobierno de Alejandro Giammattei.
En una nota informativa publicada el martes 30 de agosto, basada en testimonios de personas que se atrevieron a hablar, Prensa Comunitaria reveló varias cosas: que las autoridades de la mina intentaron ocultar el incendio y que, para ello, obligaron a los trabajadores a entregar sus celulares; que la mina mantuvo sin información precisa a familiares de los trabajadores que llegaron a la planta en El Estor cuando se enteraron que había un incendio; y que, tras verse obligados a reconocer el incidente a través de un comunicado, los mineros descartaron lesiones o daños ambientales.
¿Cómo puede la mina garantizar, a pocas horas de ocurrido el incendio, que no hubo daños ambientales? ¿Cómo creerle a una empresa que, como demostró en marzo la investigación Mining Secrets de la que Prensa Comunitaria y The Store Project fueron parte, ha hecho de la ocultación del agravio al ambiente una de sus principales políticas?
La verdad es que es imposible creer a los representantes de la mina. Después de todo, su operación entera de extracción de níquel está basada en mentiras.
La mina mintió al Estado de Guatemala al no entregar los permisos ambientales que, desde el principio, necesitó para operar, durante 17 largos años lo ha hecho de manera ilegal. La mina mintió sobre la mancha roja y la contaminación al Lago de Izabal que pescadores Q’eqchi’ detectaron en 2017. Mintieron, ya coludidos con los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, sobre la consulta que se vieron obligados a hacer por orden de las altas autoridades judiciales del país. Y mintieron, una y otra vez, sobre el cumplimiento a la orden de la Corte de Constitucionalidad de 2020 de cerrar la operación minera hasta que se llevara adelante esa consulta con los comunitarios Q’eqchi’ afectados.
La mina puede mentir porque tiene poder, en Izabal y en Ciudad de Guatemala, el que le han dado años de sobornos a autoridades locales y nacionales. Y puede mentir porque goza de impunidad, la que le dan, de nuevo, años de vigilar, violar, asesinar, desplazar y criminalizar a los Q’eqchi’ con la complicidad del Estado. La mina miente porque puede.
En agosto de 2016, una caldera de la mina explotó y siete personas murieron. Aquella vez, CGN y Pronico también intentaron ocultar los pormenores del incidente, fuera del país la transnacional ruso-suiza Solway también lo ocultó, la responsabilidad penal de directivos de la mina, incluso la cifra de muertos. La verdad ha ido saliendo a la luz poco a poco, pero aún queda mucho por descubrir.
Este último incendio ocurre en momentos en que, en Suiza, donde los rusos dueños de la mina tienen asentadas sus oficinas, Solway, la empresa matriz, se ha visto obligada a abrir una investigación exhaustiva sobre los crímenes e irregularidades denunciados en la investigación Mining Secrets. La mina, aunque ha intentado decir lo contrario, no ha abierto esa investigación por iniciativa propia, sino porque algunos de sus principales clientes en Europa han detenido sus contratos hasta que Solway dé respuestas.
Y ocurre cuando las altas cortes guatemaltecas han fallado que la consulta con los Q’eqchi’ afectados por su operación no es válida, fue ilegal y, por tanto, en teoría, la mina no debería siquiera estar funcionando. Lo dicho: la mina tiene poder.
En Izabal y en el puerto Santo Tomás de Castilla, CGN-Pronico-Solway comparten la explotación del níquel que sale de El Estor y Alta Verapaz con Mayaníquel, la empresa que, a través de enviados rusos y un empresario judío de origen kazajo, entregó un soborno millonario a Giammattei, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando la dirigía Juan Francisco Sandoval. Hoy -así es el poder que comparten los mineros y el presidente de Guatemala- Sandoval está exiliado en Washington, la mina opera sin problemas, aunque en Europa la estén investigando, aunque las cortes hayan dicho que no puede hacerlo y aunque sus calderas y hornos se sigan incendiando.
Es incluso posible que la mina sea capaz de extender su influencia cuando Alejandro Giammattei ya no sea presidente de Guatemala. Sí Zury Ríos Sosa, la eterna candidata, termina afianzando su camino hacia la silla presidencial, es previsible que Fénix y las demás licencias mineras sigan operando sin problemas. Ríos, por ejemplo, ha compartido lobistas con Alexander Machkevich, el empresario kazajo dueño de TelfAg, la empresa madre de Mayaníquel, y en cuyo avión llegaron a Guatemala los rusos que, se supone, sobornaron a Giammattei. Gane quien gane las próximas elecciones presidenciales, el lobby de los rusos estará presente.
Quienes se han opuesto a la mina en El Estor y los periodistas que han cubierto y divulgado sus abusos y corrupción han sentido todo el peso del poder del Estado. Los periodistas Q’eqchi’ Carlos Choc, Juan Bautista Xol y Baudilio Choc han sido acosados por la empresa, la PNC y sus casas han sido allanadas -Carlos Choc ha sido criminalizado a través de dos procesos penales. El periodista Jose Rubén Zamora, uno de los pocos que desde Ciudad Guatemala profundizó en la trama entre los rusos y Giammattei, está preso. Y a decenas de liderazgos Q’eqchi’ la mina los sigue persiguiendo y desalojando de sus tierras.
La mina mintió, impuso miedo, se confabuló con el Estado y sigue riéndose de las leyes de Guatemala. El lunes pasado, otra vez, intentó ocultar un incendio en sus hornos. No pudo.
