Por Paolina Albani
Nueve integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la Colonia Villas del Quetzal, de Ciudad Quetzal, fueron sentenciados a pagar Q25 mil cada uno o a cumplir 250 días de cárcel después que el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, los denunciara por desobediencia al oponerse a entregar la administración de dos pozos que están dentro de la colonia. Según Alfredo Quevedo, actual presidente del COCODE de dicha comunidad, esto sería parte de una venganza de su antecesor, Miguel Najarro García-Salas, quien forma parte de la Corporación Municipal como concejal segundo.
El problema se remonta a 2020, cuando la colonia Villas del Quetzal, que está a 40 minutos de distancia del centro de San Juan Sacatepéquez y, que supera los 5 mil habitantes, decidió no apoyar la continuidad de la Junta Directiva del COCODE anterior, liderada por Miguel Najarro García-Salas. Los vecinos votaron por la planilla de Alfredo Quevedo, un lugareño que proponía cambiar las cosas y mejorar la administración de los servicios.
El COCODE ha tenido en sus manos la administración de los dos pozos de la comunidad desde 2014, cuando la Compañía de Agua, de Villas del Quetzal, se la cedió. Durante seis años no hubo reclamos por el manejo del servicio, pero todo cambió cuando García-Salas se vio forzado a dejar la presidencia del consejo.
La negación del COCODE y de la Colonia a entregar la administración de los bienes y servicios tiene que ver con que las comunidades que dependen de la Municipalidad para el abastecimiento, que son las que tienen un servicio deficiente, expresó Quevedo.
“Algunos -vecinos- tienen agua una o dos veces por semana. Acá tenemos un día sí y un día no, por 14 horas. Si entregamos el servicio, el temor es que sea deficiente. Además, nos obligarían a pagar un tipo de mora u otra sanción por el tiempo que no lo manejaron”, explicó.
En agosto del año pasado, la Muni publicó un comunicado en el que afirmó que es “propietaria” de los pozos de agua dentro de la colonia, y que “cualquier pago que realicen los vecinos a terceras personas sin la autorización de la Municipalidad no serán reconocidos”. La alcaldía ha preferido no dar declaraciones hasta que el proceso penal contra el COCODE concluya, de acuerdo a una contestación dada a Prensa Comunitaria.
El inicio de los ataques y una sentencia que criminaliza
“La Junta Directiva anterior estuvo integrada por las mismas personas que se reelegían de manera fraudulenta, por más de ocho años. Llegó un momento en el que un grupo de vecinos, en la clandestinidad, se organizó para ponerle un hasta aquí a la situación”, contó Quevedo. “Así surgimos nosotros. Salimos a luz pública y, desde ese momento, empiezan los ataques y acciones maliciosas del expresidente del COCODE y la Muni”.
La colonia no pudo realizar la asamblea en la que elegiría a la planilla de Quevedo, por cinco meses, debido tropiezos que el COCODE de ese momento ponía en su camino.
Dos de las cuatro planillas que participaron eran “afines a la Municipalidad”, pero, finalmente, la nueva Junta Directiva fue electa el 7 de febrero de 2020 “en contra la voluntad de la gente de la Muni. Y me consta porque nos lo dijeron luego de la elección”, refirió el actual presidente del COCODE.
La sensación de triunfo no duraría ni 24 horas, pues el 8 de febrero, personal de la municipal, encabezado por Pellecer, entró a la colonia por la fuerza para administrar los recursos alegando que estos “habían sido donados a la Muni”. En esa oportunidad, extrajeron documentos y equipo de la oficina que ocupaba el COCODE saliente. Allí nació la resistencia de la colonia en contra de la Municipalidad.
“Varios vecinos logramos expulsarlos. No les quedó más que retirarse, pero ignoramos cuánta información sustrajeron. Incluso estaban pintando el lugar con los colores oficiales de la Muni”, recordó.
No pasó mucho tiempo antes de que la alcaldía les notificara que la administración de las áreas verdes, de los dos pozos de agua y del mantenimiento de las calles, ahora, pasarían a ser tutelados por comuna de San Juan Sacatepéquez, dirigida por Juan Carlos Pellecer, quien ha sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico y quien ya antes ha sido acusado de extorsión.
La colonia Villas del Quetzal se negó a entregar los servicios y bienes argumentando que, en 2014, el acta de cesión de la compañía de agua refiere que “no se entrega a tercero, ni se permite ceder, traspasar ni enajenar los derechos que se le conceden”.
La municipalidad presentó un amparo aduciendo que la nueva Junta Directiva del COCODE estaba violentando el derecho a la vida, al interrumpir el derecho al agua y la autonomía municipal. El Juzgado de Paz de San Juan Sacatepéquez lo otorgó de manera provisional y, luego, en definitiva, dijo Quevedo, quien indicó que “en ningún momento la Muni ha administrado estos servicios y bienes. Siempre ha sido por medio del COCODE o directivas de asociaciones”.
Esto dio paso a, varios intentos para ingresar a la fuerza a la colonia por parte de representantes de la Municipalidad, y hacerse con el control de los pozos. Esto con el apoyo de contingentes de la policía municipal, la policía de tránsito, e incluso, de acuerdo a Quevedo, aspirantes a policías. Pero los vecinos se resistieron a la intervención.
“En un tercer intento quisieron romper cadenas de los portones, traían un caimán y lastimaron a una señora con él. Fueron diez horas de resistencia. Vinieron a las 8 de la mañana y se fueron a las 7 de la noche cuando vieron que no podían continuar”, recordó. “Molestos por no poder ingresar, solicitaron al Ministerio Público que se nos investigara por el delito de desobediencia”. Y eso dio paso al proceso penal.
El 24 de agosto pasado, se celebró la audiencia, luego de dos suspensiones. La Junta Directiva del COCODE de Villas del Quetzal estuvo allí por más de ocho horas, para presentar sus alegatos y medios de prueba. Pero nada fue suficiente, pues la jueza los sentenció al pago de Q25 mil por cada uno de los miembros de la junta o a pasar 250 días en prisión.
“Nos pareció raro que la señora jueza se hiciera acompañar de policía dentro de la sala. No somos delincuentes. Sentimos que fue una forma de amedrentarnos. Lo injusto fue que no fueron valoradas nuestras pruebas. Además, ninguno de los nueve que integramos la junta tiene antecedentes penales y policiacos”, resaltó el presidente del COCODE.
Este miércoles 31 de agosto, a la 1:00 de tarde, el Juzgado dará lectura a la sentencia. El COCODE, desde ya, ha dicho que apelará la sentencia, pues no cuentan con los recursos que el juzgado les pide.
Mientras tanto, los ataques en contra del COCODE no se han detenido. El 24 de mayo, el contador del pozo número 2 fue destruido y los cables de la energía eléctrica fueron cortados, con lo que la colonia no pudo recibir agua. Solo ese mes, el COCODE hizo, al menos, tres anuncios de desperfectos en los pozos.
A principios de junio, personas vestidas de particular entraron a Villas del Quetzal a las 3 de la madrugada. Adentro se uniformaron y se dirigieron a los pozos, otros quisieron romper las puertas de las oficinas de la directiva anterior.
“Dijeron que los teníamos retenidos y pusieron una exhibición personal. La jueza de paz constató que no era así. Nueve de los personeros de la Muni fueron sacados por la fuerza”.
“Se favoreció a las autoridades”
Sonia Gutiérrez Raguay, diputada del partido Winaq, ha expresado su preocupación por la criminalización de quienes integran el COCODE, sobre todo, porque el juzgado no tomó en cuenta las pruebas que presentaron para sustentar la decisión de no ceder la administración de los recursos de la colonia.
La diputada Gutiérrez dijo que “se favoreció a las autoridades municipales con esa sentencia. Eso hace más alarmante la participación de los vecinos. Hay una persecución muy clara del COCODE por no haberse plegado a los intereses del alcalde”.
La parlamentaria ya ha manifestado su solidaridad con el consejo comunitario en redes sociales.
Mi solidaridad con miembros de la actual JD del Cocode de la colonia de villas del Quetzal del San Juan Sacatepéquez, que están siendo criminalizados por la resistencia en la defensa de sus recursos y a la participación ciudadana. Un país cooptado nos afecta a todo nivel.
— Sonia Gutierrez (@SoniaGRaguay) August 30, 2022
Para Gutiérrez Raguay, la Municipalidad ha hecho evidente un patrón de criminalización y desprestigio a las autoridades comunitarias que se oponen a las disposiciones del alcalde Pellecer.
“El COCODE que administra los bienes de esa comunidad no se puso a disposición, como lo quería el alcalde. Frente a eso inician los ataques de desprestigio, hasta una denuncia penal contra los comunitarios”.
Si bien es cierto que las comunas se encargan de administrar los municipios, tareas más específicas sobre los recursos, normalmente, son atendidos por las autoridades comunitarias, quienes con presupuesto vecinal proponen e implementan proyectos y mejoras.
“El COCODE es quien tiene esa facultad autorizada por la comunidad. Muchas veces, son cooptados por las autoridades municipales para hacer favores políticos que han distorsionando su labor, su legitimidad y accionar”, indicó Gutiérrez Raguay.
Ante esto, recordó que son los Consejos de Desarrollo quienes velan por los espacios comunitarios y la administración de sus recursos.
