Estamos en un escenario de retroceso acelerado como no se había visto desde 1986. ¿Alcanzará esta regresión a los casos de justicia de transición y se negará de nuevo el derecho de las víctimas y sus familiares de alcanzar verdad y justicia?
Por Javier de León Villatoro
Treinta y seis años han transcurrido desde que se realizó la primera elección democrática en Guatemala; veinticinco desde que se firmó la paz entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); y casi 40 años desde que un grupo de hombres y mujeres sobrevivientes de la guerra y familiares de víctimas iniciaron el camino de la búsqueda de justicia por los crímenes y la violación de derechos humanos atribuidos, por una comisión de la verdad, al Estado de Guatemala, específicamente al Ejército.
Las acciones que se delinearon en los Acuerdos de Paz como la creación de la institucionalidad de la paz para resarcir a las víctimas de la guerra civil o la resolución de la tenencia desigual del acceso a la tierra, por citar algunas, se vinieron al suelo durante los primeros meses del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Por otro lado, la historiografía guatemalteca se ha centrado en periodos específicos de la historia reciente de Guatemala. Principalmente ha ofrecido explicaciones sobre lo ocurrido entre los años 1978 y 1983, como el genocidio contra el pueblo Ixil; las masacres perpetradas en departamentos del occidente y norte del país; la desaparición forzada de dirigentes estudiantiles y otros delitos a los que la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) atribuyó, en más del 90 por ciento, a las instituciones de seguridad de Estado, específicamente al Ejército de Guatemala.
Pero se conoce poco, al menos de forma escrita, sobre lo que ocurrió entre el golpe de Estado que llevó al general Óscar Humberto Mejía Víctores a la jefatura de facto hasta la entrega del poder a los civiles, en enero de 1986. De ahí la importancia histórica del proceso judicial del Diario Militar.
Fue en ese escenario en el que se definió con mayor intensidad el contexto de apertura a la democracia, en el que se gestó la institucionalidad que hoy están cooptada por las Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI), que amenazan los incipientes avances democráticos alcanzados en más de treinta y cinco años.
Así como fueron creciendo los procesos de justicia de transición, también se fue gestando un movimiento integrado por algunos militares de formación contrainsurgente y sus familiares que, en la actualidad, cuenta con presencia mediática para difundir campañas de negación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército, y generar oposición a los procesos judiciales que buscan establecer la responsabilidad de quienes perpetraron graves violaciones a los derechos humanos en segmentos importantes de la sociedad, especialmente de los pueblos indígenas.
Ese movimiento de militares confluyó con sectores de políticos conservadores, empresarios globalizados y redes de crimen organizado, para dar forma a redes de poder que algunos expertos han llamado una convergencia mafiosa criminal, que ha cooptado al Estado
Las organizaciones Impunity Watch (2021) y Abogados Sin Fronteras, Canadá (2012), sistematizaron de 1996 a 2021, 26 sentencias en 21 procesos de justicia de transición que alcanzaron a militares de alto rango, policías, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil condenados por violaciones a derechos humanos durante la guerra civil en Guatemala.
En esos procesos judiciales se juzgaron los delitos de genocidio, masacres, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otros crímenes de lesa humanidad; y alrededor de 70 militares, soldados, policías y miembros de las PAC fueron sentenciados. A continuación, se citan algunos de los casos:
El primero de esos ellos ocurrió en 1996, cuando el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz condenó a un exparamilitar por su responsabilidad material en la masacre en el caserío Chorroxaj, de Joyabaj, Quiché, en 1981.
El 9 de julio de 1999, el Tribunal de Sentencia de Cobán, Alta Verapaz condenó al capitán Antonio Lacán Chaclán y 13 soldados por la autoría material en la masacre de Xamán, en 1995, en la que murieron 11 personas, 3 de ellas menores de edad y 28 heridos.
El 7 de septiembre de 2009, el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango juzgó y emitió una condena, por primera vez en la historia, en contra de un excomisionado militar, Felipe Cusanero Coj, por el delito de desaparición forzada. La pena fue de 150 años de cárcel por la autoría material de la desaparición de 6 personas en la aldea Choatalum, Chimaltenango, entre 1982 y 1984.
En 2011, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente condenó a tres sargentos kaibiles por el asesinato de 201 personas, en la masacre en el parcelamiento de las Dos Erres (1982) en Petén. Por ese mismo caso, en 2021, el exsubinstructor kaibil y especialista en operaciones de comando, Pedro Pimentel Ríos a 6,060 años de prisión por los delitos de asesinato y lesa humanidad.
En mayo de 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó al general Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, cometidos del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 en contra del pueblo Ixil.
En enero de 2015, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a 90 a años de prisión al exjefe del Comando 6 de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, como responsable intelectual de los delitos de asesinato y crímenes contra los deberes de la humanidad por la masacre de 37 personas en la quema de la embajada de España ocurrida en 1981.
En febrero de 2016, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó al teniente coronel retirado Esteelmer Reyes Girón, excomandante de la Base Militar Sepur Zarco, a 120 años de prisión; y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asig, a 240 años, por crímenes contra los deberes de la humanidad contra 14 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica.
A 26 años del primer proceso de justicia de transición, querellantes y familiares de las víctimas del caso del Diario Militar enfrentan la ofensiva de sectores militares y conservadores que hasta ahora han logrado retirarle el antejuicio al juez Pablo Xitumul; forzar el exilio de la jueza Erika Aifán; desarticular parcialmente la Fiscalía de Derechos Humanos e impulsar propuestas de leyes para amnistiar a militares señalados de crímenes contra la humanidad.
Aunque sigue sin resolverse la petición de retiro de antejuicio del juez Miguel Ángel Gálvez, de llegar a concretarse, la misma podría determinar el futuro de los procesos de justicia de transición en el país.
En dos décadas, el trabajo de sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos y la independencia de jueces y juezas ha permitido alcanzar sentencias históricas para la sociedad guatemalteca. Si las acciones antes descritas llegan a materializarse, los casos que no han llegado a juicio serían anulados; los que están siendo investigados, se interrumpirían; y los que no han llegado a debate ya no se juzgarían. De esta manera, se violentaría el derecho de las víctimas y la independencia judicial de quienes han tenido bajo su responsabilidad el juzgamiento de hechos de extrema violencia, perpetrados al cobijo del Estado.
Estamos en un escenario de retroceso acelerado como no se había visto desde 1986. ¿Alcanzará esta regresión a los casos de justicia de transición y se negará de nuevo el derecho de las víctimas y sus familiares de alcanzar verdad y justicia?
Para leer la primera y segunda parte visita los siguientes enlaces:
Diario militar: ¿el último caso de la justicia de transición en Guatemala? (I parte)
“Quieren garantizar que la impunidad del pasado se haga efectiva en el presente” (II parte)
