Zury Mayté Ríos Sosa se asesora y contrata servicios de empresas vinculadas a personajes señalados de corrupción y de nexos con redes criminales internacionales. Sonoran Policy Group, una casa lobista cercana a Donald Trump, ha representado los intereses de la hija del dictador Efraín Ríos Montt en Estados Unidos, al menos desde 2019. También han trabajado para el presidente salvadoreño Nayib Bukele, para un íntimo de Trump ligado con pornografía y abusos infantiles y, para magnates de todo el mundo sancionados por Washington, entre ellos un funcionario del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La empresa lobista de Ríos Sosa también trabaja para uno de los empresarios de las mineras rusas en Guatemala, quién entregó supuestos sobornos a Giammattei en el caso conocido como Alfombra Mágica.
Por Héctor Silva Ávalos
Zury Ríos, precandidata presidencial por el Partido Valor, ha mantenido una relación contractual con la casa de cabildeo estadounidense Sonoran Policy Group, al menos desde inicios de 2019. Uno de los socios principales de esa compañía es Peter Daniel Stryk, un lobista de la costa oeste estadounidense que fue financista de la campaña de Donald Trump en 2016 y facturó cerca de 10 millones de dólares cuando movió su operación a Washington poco después.
El contrato de Ríos con Sonoran inició en abril de 2019, según documentos del Departamento de Estado y el de Justicia, en poder de Prensa Comunitaria, y se renovó en al menos tres ocasiones, la última, a través de un contrato registrado en septiembre de 2021 y cuya vigencia era hasta febrero de 2022. Según los registros oficiales, Ríos pagó a Sonoran al menos US$450,000 por sus servicios.
El guatemalteco Mario Duarte, jefe de inteligencia del expresidente Jimmy Morales, reconvertido en lobista en Estados Unidos, fue empleado de Sonoran Policy Group, que, en 2021, cambió su nombre a Stryk Global Diplomacy. Duarte, quien también tiene nacionalidad estadounidense, fue, desde febrero de 2020, presidente para América Latina del grupo. A mediados de noviembre de 2021, Duarte coordinó una visita de Ríos a Washington D.C., y reuniones con congresistas conservadores afines al expresidente Donald Trump y con funcionarios del Departamento de Estado.
Otro cliente de Sonoran y Stryk es el magnate israelí de origen kazajo Alexander Machkevich, cuyo nombre aparece en una investigación criminal abierta en Guatemala por un supuesto soborno millonario entregado al presidente Alejandro Giammattei.
Machkevich, representante de la compañía minera rusa TelfAg, viajó a Ciudad de Guatemala en compañía de tres rusos en abril de 2021. En la capital guatemalteca, los extranjeros se reunieron con el entonces ministro de Economía de Giammattei, Antonio Malouf. Y, según una investigación coordinada por Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), kazajo y rusos entregaron al presidente un soborno de millones de dólares envueltos en una alfombra. TelfAg es dueña de Mayaníquel, una minera que opera en Guatemala. La transnacional rusa es socia y comparte operaciones mineras con Solway Investment Group, otra minera ruso-suiza implicada en escándalos medioambientales y de corrupción, de la cual se habla ampliamente en la investigación Mining Secrets.
Machkevich firmó un primer contrato con Sonoran en Estados Unidos en febrero de 2021, con una validez inicial de seis meses, para “proveer servicios de asesoría estratégica e interacciones con el gobierno de los Estados Unidos relativos a negocios y viajes”, de acuerdo con el contrato anexo al documento de registro ante el Departamento de Justicia exigido por la ley estadounidense a los llamados agentes extranjeros, que es el nombre oficial de lobistas como Peter Stryk. El contrato se extendió al menos hasta mediados de 2022.
En 2021, un informe del portal Foreign Lobby Report reveló que Machkevich tiene nexos con Dan Gertler, un magnate israelí de la minería mundial a quien Estados Unidos sancionó en 2017 por presuntamente corromper a autoridades de la República Democrática del Congo, cuyo gobierno también fue cliente de Sonoran Policy Group, en su afán por extender su operación minera. En Guatemala, Machkevich ha sido señalado de algo similar: corromper a un gobernante.
TelfAg, la compañía de la que Machkevich es socio, tiene negocios en El Estor, Izabal, con Solway, otro gigante minero de capitales rusos a través de Mayaníquel. Esta última empresa hizo una oferta al gobierno de Guatemala para operar, con supervisión laxa, un sector del Puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, por donde sale el níquel, tierras raras y otros metales que Mayaníquel y Solway extraen de la mina Fénix en El Estor. El negocio del puerto se cayó tras el escándalo público por el supuesto soborno a Giammattei, pero Mayaníquel logró conseguir nuevas licencias mineras en Guatemala. El propio estado de la Federación de Rusia clasifica estas operaciones como prioritarias y geoestratégicas para sus intereses, según un cable de la embajada de ese país en Guatemala.
En marzo de este año, un consorcio periodístico del que Prensa Comunitaria y The Store Project formaron parte, publicaron la investigación Mining Secrets, que revela prácticas violatorias de los derechos humanos de comunitarios maya Q’eqchi’ opuestos a la operación minera en Izabal, pagos irregulares a la Policía Nacional Civil en operativos para reprimir a estas comunidades, la cooptación de funcionarios estatales locales y la contaminación masiva del Lago de Izabal por parte de la mina Fénix, entre otras irregularidades y crímenes.
El Ministerio Público de Guatemala (MP), dirigido por Consuelo Porras -también sancionada por Estados Unidos como funcionaria corrupta y antidemocrática-, no ha avanzado en la investigación sobre el supuesto soborno de Machkevich y los rusos a Giammattei, ni ha abierto expediente por las irregularidades señaladas a la minera Fénix, a pesar de que ya varios clientes de los consorcios rusos suspendieron relaciones comerciales con ellos hasta que no investiguen los señalamientos.
Alexander Machkevich, es socio de Stanislav Kondrashov, quien se encuentra en la cúspide de la empresa rusa TelfAg. Kondrashov y TelfAg han estado vinculadas con actividades con bancos sospechosos, quiebras y actividades de allanamientos, afirmó en 2019 el medio ruso Luxherald. El dueño de Mayaníquel en Guatemala, el principal beneficiario de los supuestos sobornos al presidente Giammattei, ha estado presente en reuniones comerciales entre el Estado Ruso, la transnacional minera y el sector empresarial guatemalteco, representado por Roberto Antonio Malouf, exministro de Economía de Giammattei.
Los partidos de Zury Ríos, Valor; y Alejandro Giammattei, Vamos; coinciden en su desprecio a los operadores de justicia que han investigado hechos de alta corrupción en Guatemala y en su ideario ultraconservador. Ambos han operado pactos que le han permitido al presidente tener el control del Congreso y a la hija del dictador Efraín Ríos Montt mover sus piezas en las altas cortes del país.
En marzo de 2021, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, dominada por la alianza oficialista, nombró a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Molina fue candidato a vicepresidente de la fórmula presidencial liderada por Zury Ríos en 2019, la cual, sin embargo, no pudo presentarse a elecciones luego de que se validara la inhabilitación de ella por ser familiar de Ríos Montt, implicado en un golpe de Estado en 1982. Durante la presidencia de Ríos Montt se aplicó el genocidio en contra del pueblo maya Ixil y por esto el exdictador fue condenado en un Tribunal de Mayor Riesgo en 2013.
El alegato por esa inhabilitación, que ella considera una violación a sus derechos ciudadanos, fue parte de los temas listados como parte del cabildeo en Estados Unidos. Sonoran Policy Group ayudaría a Ríos, según el contrato firmado, a defender, en Washington, “el derecho universal a participar en asuntos públicos”.
Lobistas para “clientes con los que otros no trabajarían”
Una de las aventuras políticas más recientes de Peter Daniel Stryk ocurrió en Minsk, la capital de Bielorrusia, unas semanas después de la invasión rusa a la vecina Ucrania, en febrero de este año. Stryk, uno de los cabilderos favoritos del expresidente estadounidense Donald Trump, había viajado para cerrar un trato con magnates de la industria del potasio en Bielorrusia.
Tres días después de que las primeras tropas rusas invadieran Ucrania, Stryk envió una carta a sus potenciales clientes para ofrecer sus servicios como lobista, e incluyó una propuesta específica: mediar ante el gobierno de Joe Biden para suavizar sanciones impuestas por Washington a la industria del potasio bielorruso. En abril y diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro había sancionado a compañías de Bielorrusia que se cuentan entre las mayores productoras mundiales de potasa -cloruro de potasio- por señalamientos de corrupción y otros crímenes. Eso, representar a sancionados o empresarios y políticos que están en malos términos con los gobiernos de Estados Unidos, parece ser la marca de la casa Stryk.
En amplio reportaje en el que reseña el viaje de Stryk, el periódico Politico de Estados Unidos dice sobre el lobista: “Es un operativo con un historial de clientes con los que otros no trabajarían”. La lista incluye, entre otros, a Isabela Dos Santos, una millonaria angoleña también sancionada por Estados Unidos; a Saro Spadaro, un italiano que opera un emporio de casino en la isla caribeña de Saint Marteen y cuya visa fue revocada en 2008 por sospechas de que lava dinero para la mafia de su país natal; y a Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, también sancionado por Estados Unidos.
El italiano Spadaro pagó US$400,000 en 2018 a Sonoran Policy Group para que le ayudara “con asuntos pendientes con el gobierno de Estados Unidos, como el hecho de que el señor Spadaro pueda viajar a los Estados Unidos”, según un contrato registrado el 24 de mayo de aquel año, del que Prensa Comunitaria tiene una copia.
Al venezolano Muñoz Pedroza Sonoran no lo representa directamente: no puede hacerlo porque él es funcionario de un gobierno, el de Maduro, al que Washington no reconoce oficialmente. Por ello, a finales de enero de 2020, Pedroza contrató al bufete Foley & Lardner de la Florida por US$12,000,000 para que lo representara ante el gobierno de Donald Trump. Foley, por su parte, subcontrató a Sonoran Policy Group y a Peter Stryk por US$2,000,000.
El 4 de diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro en Washington, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Muñoz Pedroza y a otros tres funcionarios del régimen de Maduro. A Muñoz lo acusan de ser cómplice en la consolidación ilegal de poder por parte del presidente venezolano. Como resultado de esas sanciones, todas las propiedades y activos de Muñoz en Estados Unidos han sido congelados.
En este caso, el objetivo de los cabilderos, estipula el contrato, es asesorar a Muñoz sobre como “mitigar los riesgos legales y de otro tipo asociados con la imposición de sanciones”, y “representar (lo) en posibles procesos judiciales, administrativos o legales en los Estados Unidos”. Sonoran también se comprometió con Muñoz, como lo hizo con Zury Ríos y otros clientes, a “desarrollar una narrativa” acorde a la estrategia de cabildeo.
Uno de los clientes más mediáticos de Sonoran y Stryk en Estados Unidos y acaso uno de los más retorcidos ha sido George Nader, un empresario estadounidense de origen libanés que estuvo en el círculo íntimo de Trump y sirvió como testigo en la investigación dirigida por Rober Mueller, exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de la supuesta complicidad del expresidente estadounidense con otra trama rusa, esta para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.
Cuando Trump ganó la presidencia, Nader fue parte de los equipos asesores en la transición presidencial y, además, fue cabildero personal del magnate neoyorquino con jeques saudíes, según una investigación de Politico.
En junio de 2020, Nader fue condenado por un juez de Virginia, Estados Unidos, a 10 años de prisión por cargos de pornografía y abuso sexual infantiles. Tres meses antes, en abril, Nader contrató a Stryk para intentar conseguir un perdón presidencial o una conmutación de pena de Trump, algo que el lobista no logró. Según Politico, el estadounidense-libanés pagó US$4.4 millones de dólares por esto, lo que convirtió a Stryk Global Diplomacy en una de las 20 agencias de cabildeo que más dinero hicieron en el primer trimestre de ese año. En aquellos días, Stryk también trabajaba con Zury Ríos, quien en su agenda conservadora se declara defensora de la vida desde la concepción.
De Centroamérica, además de a la hija del dictador Ríos Montt, Stryk y los suyos han hecho lobby para otro cliente controversial: Nayib Bukele, el presidente salvadoreño a cuyos funcionarios la administración Biden también ha señalado por actos de corrupción, por pactar con las pandillas MS13 y Barrio 18 y por atentar contra las instituciones democráticas del país.
Jimmy Morales, Nayib Bukele y Mario Duarte
Entre el 6 de octubre y el 7 de diciembre de 2020, los lobistas de Stryk, bajo el liderazgo del guatemalteco Mario Duarte, coordinaron seis videollamadas entre asistentes de congresistas republicanos en Washington y Peter Dumas, el jefe de inteligencia de Nayib Bukele. Por estas llamadas y otros servicios de lobby no detallados, el gobierno salvadoreño pagó al menos US$450 000 en menos de un año.
La Casa Presidencial de Bukele intentó desmentir el contrato con Sonoran Policy Group. A mediados de agosto de 2020 emitió una comunicación oficial en la que aseguró que el gobierno había deshecho el trato con los lobistas porque el presidente no lo había aprobado. Las llamadas coordinadas por Duarte entre octubre y diciembre de ese año muestran que eso es mentira, pero también le hacen pagos hechos por la presidencia salvadoreña a Sonoran, que constan en documentos del Departamento de Justicia en poder de Prensa Comunitaria.
En septiembre, octubre y noviembre de 2020, Sonoran recibió tres pagos mensuales del gobierno de El Salvador, cada uno de US$71,326.53, para un total de US$213,979,59 solo en el último cuatrimestre de ese año, aunque, según los comunicadores de Bukele, el contrato para entonces no estaba vigente.
Mario Duarte, el guatemalteco que coordinó la relación entre Dumas y Sonoran, además del contrato de la guatemalteca Zury Ríos con la casa cabildera, fue el jefe de inteligencia del expresidente Jimmy Morales, quien fue investigado por supuestos actos de corrupción como financiamiento electoral ilícito. La investigación a Morales, iniciada por el MP en 2017, contó con la colaboración de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Prensa Comunitaria intentó contactar a Duarte a través de DH Global Strategy, otra empresa de cabildeo de la que es director, pero no hubo respuesta.
Las investigaciones por financiamiento electoral ilícito a Morales y su partido, el FCN-Nación, llegaron hasta empresarios guatemaltecos que hicieron donaciones irregulares durante la campaña electoral de 2015.
A partir de 2017, Morales y algunos empresarios se embarcaron en una arremetida para expulsar a la CICIG, la cual pasó por declarar persona non grata al colombiano Iván Velásquez en agosto de ese año. Velásquez, actual ministro de defensa del presidente de Colombia Gustavo Petro, era entonces el jefe de la CICIG.
Como parte del acoso, jeeps J8 artillados del ejército guatemalteco, donados por Estados Unidos, se pasearon por los alrededores de la sede de la comisión y frente a la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala, el 31 de agosto de 2018, día en que Morales anunció, rodeado de militares, que no renovaría el mandato de la CICIG. Mario Duarte, el lobista y entonces jefe de inteligencia, retó a la diplomacia de Estados Unidos, que había protestado por el incidente con los jeeps: “Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos…”, dijo en una conferencia de prensa.
Para mediados de 2019, Zury Ríos ya había firmado contrato con Sonoran Policy Group, y para febrero de 2020, cuando ya Alejandro Giammattei, el sucesor de Morales, había jurado como presidente de Guatemala, Mario Duarte era director para América Latina del grupo lobista de Peter Daniel Stryk. Su portafolio inicial era de dos clientes: la hija del dictador Ríos Montt con pretensiones de suceder a Giammattei como presidenta de Guatemala y el gobierno del vecino salvadoreño, quien ya piensa en la reelección, aunque la Constitución de su país no lo permite.
Un incendio en Chinebal y varias reuniones en Washington
Varias cosas pasaron el 16 de noviembre de 2021 y, de alguna manera, todas estaban relacionadas. Aquel día, uno de tantos soleados que se alternaban con fechas de lluvia pegajosa en la comunidad Palestina de Chinebal en El Estor, Izabal, guardias de una empresa de palma aceitera prendieron fuego a casa de indígenas Q’eqchi’ en un intento por desalojarlos. A las imágenes de las casas quemadas las acompañaron las de decenas de agentes policiales que escoltaban a los guardias de la empresa. A unos 9,000 kilómetros de Chinebal, el día era frío -con mínimas de apenas unos grados centígrados sobre cero- en Washington D.C. donde Mario Duarte y Zury Ríos estaban embarcados en una gira de cabildeo.
En los alrededores de Chinebal, los mismos jeeps J8 los usaba esta vez el gobierno de Alejandro Giammattei en apoyo al desalojo de indígenas junto a una empresa privada. Los mismos J8 que Mario Duarte había ofrecido devolver a Estados Unidos. Mientras eso ocurría en el noreste de Guatemala, Duarte se disponía a acompañar a su clienta, Zury Ríos, a varias reuniones, precisamente en Washington.
Ríos visitó, aquel día, a Chip Roy, un congresista republicano de Texas. A Ken Buck, también republicano, y quien votó en contra de un juicio político contra Donald Trump por la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando una turba arengada por el expresidente intentó tomarse el Capitolio para revertir los resultados electorales de 2020, que dieron la victoria del demócrata Joe Biden.
También recorrió Ríos, de la mano de Duarte, las oficinas de los congresistas Mike García, republicano de California, un expiloto de la Fuerza Aérea estadounidense, que recibió el apoyo de Trump cuando se postuló para la Cámara de Representantes en Washington.
Hubo, además, una visita al congresista Paul Gosar, republicano de Arizona. Un día después de su reunión con Zury Ríos, Gosar recibió una mala noticia: la Cámara de Representantes aprobó, el 17 de noviembre, una moción de censura contra él luego de que publicó un montaje de video en el que aparece realizando acciones violentas contra la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez. El 18 de noviembre, Trump publicó un tuit en el que elogiaba a Gosar por ser un “servidor leal”.
En todas las reuniones entre Ríos y las oficinas de los congresistas republicanos, pactadas por Duarte, los temas de agenda fueron los mismos: “la situación política de Guatemala, la lucha contra la corrupción y la soberanía”, según el último reporte trimestral que Sonoran Policy Group presentó al Departamento de Justicia para el año 2021.
Duarte, a pesar de su desafío a Washington por el asunto de los J8, también pudo abrir las puertas del Departamento de Estado de Biden a Zury Ríos. Un día antes de las reuniones en el Congreso y las quemas en Chinebal, Ríos visitó la sede central de la diplomacia en Washington, donde se reunió con funcionarios de nivel medio de la Oficina para el Hemisferio Occidental (WHA) y de la Oficina para el Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la que es jefe Todd Robinson, exembajador en Guatemala y uno de los mayores defensores de la CICIG. También se reunió con Patrick Ventrell, el director para Centroamérica de WHA. Los temas de los que hablaron, según el reporte entregado por Sonoran a las autoridades estadounidenses, fueron los mismos que los abordados con los congresistas.
El cabildeo en Estados Unidos puede resumirse en dos palabras: acceso y narrativa, según coincidieron dos exfuncionarios estadounidenses, uno republicano y otro demócrata, quienes trabajaron para las administraciones de George W. Bush y Bill Clinton respectivamente. El acceso que Duarte y Sonoran consiguieron a Zury Ríos, cuando mucho, de nivel medio y, en el caso de los congresistas, limitado al espectro republicano más cercano a Trump.
“Vino a hablarle a su público, como lo están haciendo varios políticos centroamericanos, a los republicanos más conservadores y más pro-Trump. En realidad, si no llegas a niveles más altos y logras alcanzar a actores clave en los dos pasillos políticos del Congreso (demócratas también), todo esto es muy poco eficiente”, dijo el exfuncionario demócrata.
La narrativa conservadora de Zury Ríos es bastante similar a la de Alejandro Giammattei o a la del mismo Mario Duarte en temas como la supervisión internacional a la lucha anticorrupción: los tres han calificado de injerencia acciones de Estados Unidos y otros países que ha desvelado complicidad del Estado de Guatemala con élites corruptas. Por ahora, esa narrativa no ha tenido demasiada repercusión en el Washington de Biden.
Lo que sí es hoy más evidente es que Zury Ríos intenta ya abrir brecha en la narrativa de su más que probable intentona por la presidencia guatemalteca el próximo año. Y, para hacerlo en Estados Unidos, la hija de Efraín Ríos Montt ha echado mano del mismo lobista republicano al que han acudido Nayib Bukele, un funcionario sancionado del régimen madurista en Venezuela y, entre otros, Alexander Machkevich, el kazajo de Mayaníquel que, según las investigaciones de la fiscalía guatemalteca, dio un soborno a Alejandro Giammattei para ampliar la operación de extracción de níquel en El Estor, Izabal.
