A una semana de la aprobación del decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección de la Ciberdelincuencia, diferentes voces han surgido para señalar la ley como violatoria a la Constitución; organizaciones piden que el presidente Alejandro Giammattei la vete.
Por Simón Antonio Ramón
El Congreso de la República aprobó, el 4 de agosto, el decreto 39-2022 Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia que, a consideración de organizaciones sociales y periodistas, violenta varios derechos establecidos en la Constitución, como la libertad de expresión, de prensa y de manifestación, e instaura un ambiente de censura y autocensura como antecedente a la limitación de otros derechos.
La nueva ley establece dos objetivos: crear delitos para prevenir la ciberdelincuencia y velar por la ciberseguridad y la ciberdefensa, en la legislación nacional, según el artículo 1 de la misma. Además, en la exposición de motivos plantea que con su aprobación el siguiente paso será ratificar el convenio sobre ciberdelincuencia conocido como el Convenio de Budapest.
El decreto 39-2022 establece nuevos delitos que deben incorporarse al Código Penal, como el acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos, ataque a la integridad del sistema, Falsificación informática, Apropiación de Identidad ajena; abuso de dispositivos, fraude informático, delito de acoso cibernético y engaño pederasta.
El momento de la aprobación de esta ley, obtuvo 100 votos a favor de las bancadas de la alianza oficialista; 1 voto en contra del diputado Julio César López Escobar de la bancada Unión del Cambio Nacionalista; 59 diputados estaban ausentes, la mayoría de las bancadas minoritarias se han considerado oposición, de ellos solo 20 diputados habían solicitado licencia.
Para la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización Acción Ciudadana, los artículos 4, 9, 19, 22 y 23; vulneran el artículo 35 de la Constitución, el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento y el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ley ingresó como iniciativa a la dirección legislativo el 17 de septiembre de 2019, revisada por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional cuando la Comisión era presidida por Juan Adriel Orozco Mejía, de la bancada FNC Nación.
Una ley que retrocede garantías de derechos
Para Frank La Rue, exrelator de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la aprobación de esta ley es un antecedente de lo que puede venir en el contexto de la regresión autoritaria para Guatemala. “Antes con el desacato se perseguía a todo aquel que criticaba a un funcionario en ejercicio de sus funciones cuando la crítica es legítima, esta ley es un antecedente de lo que puede venir, es más de los que estamos viendo”, dijo La Rue.
Según el exrelator, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró violaciones en este delito por eso pidió que se le eliminara, pero con la nueva ley se plantea un escenario igual que alcanza a medios de comunicación y periodistas. “Esto va a permitir la criminalización a los medios de comunicación comunitaria, porque ellos dependen muchos del internet, como se hacía con el desacato que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exhortó a que se eliminara en la ley y Guatemala fue uno de esos países”, dijo.
La APG anticipó que el artículo 22 atenta contra el artículo 35 de la Constitución, que habla sobre la libertad de emisión de pensamiento, en las sanciones a periodistas, socios y accionistas y decomiso de equipos de los medios de comunicación. “Conllevaría el decomiso de dispositivos como computadoras, celulares o discos duros utilizados por el medio para albergar y publicar la información, lo cual es contrario a lo que estipula el artículo 35 de la Constitución”, afirmó la APG.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) por su parte pidió a Alejandro Giammattei que vete el actual decreto de ley. “Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero que a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, comunicó la Cámara el 9 de agosto.
Vetar la ley es la salida
Acción Ciudadana por medio de un comunicado de prensa publicado, indica que es obligación del presidente Alejandro Giammattei vetar el decreto 39-2022, “de no ser así, confirmaría la tendencia autoritaria a la que nos está arrastrando su gobierno”, aseguró.
Acción Ciudadana indicó que la aprobación de esta ley vulnera varios derechos, tanto de las y los periodistas, como de la población. “Cómo se observa, las normas aprobadas por el Congreso vulneran de forma flagrante e ilegal el derecho sagrado de libertad de expresión, coartando el ejercicio periodístico y crítica ciudadana hacia los funcionarios públicos”, dice el escrito.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) coincide con Acción Ciudadana: “Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero que a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, señala la Cámara.
La aprobación de la ley coincide con la detención del periodista Jose Rubén Zamora, quien está siendo acusado de lavado de dinero junto a la auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Samari Gómez; el delito de lavado de dinero y ciberdelincuencia, que se ha convertido en un patrón de acusaciones que han utilizado algunos presidente de Centroamérica.
Por procedimiento, Alejandro Giammattei tendrá la última palabra para sancionar o vetar la ley en por lo menos dos semanas; de ratificarlo podría acudirse a una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC), quien determinaría si la ley no atenta contra los derechos constitucionales, como ya se ha denunciado.
