A criterio de expertos en el tema y de diputados de oposición en el Congreso de la República, la iniciativa 6076 que regula el uso de la fuerza policial en manifestaciones puede contener artículos que ponen en riesgo el respeto de los derechos humanos, de la ciudadanía guatemalteca, sin embargo, la alianza oficialista en el Legislativo aprueba a pasos apresurados dicha inciativa, sin discusión parlamentaria.
Por Juan Calles
La iniciativa 6076 fue aprobada en su primera lectura por el Congreso de la República. La alianza oficialista aprobó con más de 150 votos que la propuesta de ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el ejército de Guatemala, la cual, según diputados de oposición y analistas jurídicos es una ley inconstitucional que pone en riesgo la integridad de los guatemaltecos y guatemaltecas.
La 6076 fue propuesta por diputados del partido politico Unión del Cambio Nacional, UCN, Napoleón Rojas Alarcón, Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Karla Andrea Martínez Hernández, José Arnulfo Garcia Barrios, Maynor Estuardo Castillo y Castillo y Byron Wilfredo Arreaga Alonzo.
Para que se convierta en ley aún falta su aprobación en segunda y tercera lectura y luego la aprobación por artículos; sin embargo, durante su aprobación en primera lectura, diputados de oposición advirtieron sobre fallas técnicas y jurídicas, ambiguedades e inconstitucionalidades, por lo que el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, ingresó una moción privilegiada para que la iniciativa regresara a la comisión de Gobernación y a la de Asuntos de seguridad nacional para su evaluación, sin embargo, esta posibilidad fue rechazada por la alianza oficialista y luego fue aprobada en primera lectura.
Sonia Raguay, de la bancada Winaq, en su intervención en el pleno legislativo aseguró que es necesario estudiar la propuesta de ley, ya que tiene fallas técnicas y jurídicas; y agregó: “Este Congreso, al aprobar esta iniciativa de ley, se convierte en el enemigo del pueblo, estamos retrocediendo a los tiempos de represión y dándole un mensaje al pueblo de Guatemala: que aquel que alce su voz, que denuncie y exija sus derechos, vamos a enviarle toda la fuerza pública”.
“La iniciativa 6076 es un lobo con piel de oveja”
El diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, calificó la iniciativa aprobada en su primera lectura, como un lobo disfrazado de oveja porque toman una serie de elementos que sí responden a normas internacionales de uso de fuerza, pero que en el lenguaje y modificaciones a artículos del codigo penal la convierte en una ley que será utilizada con intenciones represivas.
“Por ejemplo, usan el término de legitima defensa, diciendo que los policías o los funcionarios que tengan a su cargo ejercer la fuerza publica tienen el derecho a la legitima defensa, eso no solo es un equívoco, sino es inclusive ilegal, por que el concepto de legitima defensa ampara al ciudadano que se ve amenazado por cualquier circunstancia en su integridad fisica, la de su familia o la de su morada, en el caso de los funcionarios que ejercen seguridad pública deben tener sus propias normas”, opinó el diputado.
Además, agregó que en la iniciativa 6076 confunden las funciones de las fuerzas de seguridad pública con las fuerzas militares, que no tienen nada que ver la una con la otra, lo que crea un enorme peligro pues se pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
“Si se quitarán de la inicativa la inclusión del ejército y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, podría ser una ley que efectivamente le da garantías a todos los actores”.
La 6076 podría ser una oportunidad de profesionalizar a la PNC
La necesidad de modernizar y profesionalizar a la PNC no es un tema nuevo y se ha identificado como una necesidad desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, de hecho, la sociedad civil elaboró una propuesta para la modernización y profesionalización de la PNC, sin embargo, esta iniciativa de ley al retomar el tema lo hace con otra intención.
Para el abogado, Oswaldo Samayoa, es necesaria una ley que regule el uso de la fuerza policial, eso hace más profesional a la policía, pero algunos artículos contenidos en la propuesta no corresponden a los estándares internacionales, “No es una ley regresiva, pero sí contiene artículos preocupantes”, opinó Samayoa.
“Necesitamos una ley de uso de la fuerza en Guatemala, que permita la profesionalización de la PNC, por eso no hay que oponerse, ni hacer show en el Congreso, la oposición parlamentaria debe proponer la discusión de esta iniciativa, por que la 6076 es una iniciativa que solo brinda la oportunidad de discutir el tema pero su contenido todavía está lejano de cumplir con esos fines de profesionalización”, dijo el abogado.
El uso de la fuerza policial en manifestaciones ya está regulada por la La Orden General 11-2019 de la Policía Nacional Civil
La sociedad civil elaboró una propuesta para regular el uso de la fuerza policial, las cámaras empresariales e industriales en el 2010 presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción por manifestaciones campesinas en aquel año, con el amparo favorable a las cámaras se generó jurisprudencia en el caso de manifestaciones en carreteras, sin embargo, nada de ello se aplica correctamente al momento en que la PNC actua contra manifestaciones públicas.
Es por ello que la misma PNC asesorada por organismos internacionales creó la orden general 11-2019 en donde ya se regula el uso de la fuerza y la profesionalización policial, en donde si se respetan los estándares dictados para las fuerzas policiales de todo el mundo, es decir, es un propuesta moderna y que respeta los derechos humanos de la población.
Es por ello que la iniciativa 6076 genera suspicacias, porque se basa en propuestas elaboradas por la sociedad civil, pero agrega palabras y conceptos que desnaturalizan la intención de profesionalizar y modernizar a las fuerzas policiales.
Además, la 6076 contrario a la ya existente orden general 11-2019 de la PNC incluye al ejército de Guatemala, la seguridad penitenciaria y a la SAAS, lo cual sí representa un riesgo a los derechos humanos de los guatemaltecos.
Hay sectores que buscan legitimar el uso de la fuerza pública para limitar derechos
En una conversación con el abogado Esteban Celada, opinó que es difícil darle el beneficio de la duda a este tipo de iniciativas de ley, pues basado en el contexto actual en el pais no se espera que los ponentes de la 6076 busquen garantizar los derechos de la ciudadanía guatemalteca, al contario, son personas que han evidenciado su intención de limitar derechos.
“Si el contexto fuera de plena garantía de derechos humanos, podría verse de forma diferente, pero lo que ha caracterizado a esta legislatura y el actuar del organismo ejecutivo y judicial, es querer reprimir y controlar los derechos de la población haciendo uso de cualquier medio, por eso es dificil ver esa posibilidad, sobre todo por las características propias de las fuerzas de seguridad, debemos recordar que el actual ministro de Gobernación viene del ejército.”
Celada también opinó que no podemos entender el presente si no conocemos el pasado y basado en ello, no confía que esta iniciativa de ley traiga beneficios para la población guatemalteca sino por el contrario. Es aprobada de manera apresurada por la necesidad de algunos sectores de reprimir las resistencia pacificas ciudadanas, tales como la resistencia estudiantil en la Universidad de San Carlos, la resistencia antiminera y contra los pueblos indígenas que reclaman la propiedad de sus tierras ancestrales.
“La verdad judicial, que es la que el sistema de justicia ha construido, nos dice que cuando han tenido el poder de forma indiscriminada, ya sea por golpes de Estado o de otro tipo, tanto el ejército como la policía hace parte de abusos y violencia contra la población, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos policias luego de una audiencia y ellos tenían mucha expectativa por la aprobación de la 6076, se sentían empoderados por el respaldo que tendrían al hacerse respetar por los manifestantes.” Relató Celada.
El autoritarismo se aferra a las leyes de Guatemala
Despues de la llamada primavera democrática en Guatemala, la revolución de 1944, el presidente Jacobo Árbenz fue derrocado y todo los avances económicos y sociales, logrados durante los diez años (de 1944 a 1954) fueron destruidos por la llamada “liberación” que instauró una nueva constitución, la represión contra miembros de ese gobierno fueron perseguidos y exiliados, acusados de comunistas y corruptos, iniciando así una guerra que devastó al país por 36 años.
Durante esos 36 años los golpes de Estado y las asonadas militares fueron la norma, junto con el deterioro social, económico y político, la violencia y la represión contra cualquier expresión contraria a la oficial era común, aceptada y promovida desde los tres organismos del Estado, aunque todos los funcionarios negaban la participación estatal en el Estado de violencia y aseguraban que todo su gobierno era el mejor y lo más adecuado para el país.
Para noviembre del 2020 Keneth López y Carlos González, dos jóvenes que decidieron ir a manifestar su descontento por la forma en la que el Congreso de la República aprobó un presupuesto nacional contrario a los intereses nacionales, pero a pesar que manifestaban pacíficamente en el parque central las bombas lacrimógenas lanzadas por elementos antimotines de la Policía Nacional Civil, PNC, impactaron en su rostro por lo que ambos perdieron el ojo izquierdo, sin que se dedujeran responsabilidades para las fuerza públicas.
López y González, dos jóvenes de menos de 30 años perdieron un ojo simplemente por hacerse presentes en una manifestación pública de rechazo a políticas gubernamentales, ese día las fuerzas policiales vapulearon, gasearon, y apresaron a cientos de personas sin que un solo agente enfrentara a la justicia por los abusos cometidos.
Para el historiador, Carlos Maldonado, Guatemala desde 1954 ha vivido una vorágine de violencia, “con sus bemoles, hay momentos menos álgidos, pero los 70, 80 y 90 fueron muy violentos, recordemos que en América Latina Guatemala es uno de los países donde más masacres se cometieron” basado en esa tesis, el historiador entiende que proponer una iniciativa como la 6076 motiva el terror que la sociedad guatemalteca tiene grabada en su cultura.
Maldonado opina que la historia se repite incansablemente en el país debido a una oligarquía ignorante que motiva y promueve pactos y alianzas de élites que les permiten mantener su riqueza y su poder, el dinero y el poder político que acumulan generan procesos que mantienen al país en el atraso y una constante regresión.
“Yo lo explico a través de la ignoracia que tiene la oligarquía, que ni siquiera ha tenido la visión de industrializar y modernizar al país, la oligarquía sustenta su producción en la sobre explotación de la mano de obra, y para eso necesitan masas de gente que no proteste, que no exija sus derechos, que se conforme, por eso les interesan este tipo de leyes, para reprimir las expresiones populares.”
La iniciativa 6076 además de permitir el uso de la fuerza policial en manifestaciones sin ser claros en su justificación, agrega que los agentes que sean enjuiciados por ejercer violencia en sus funciones policiales tendrán asesoria legal gratuita del ministerio de Goberanción, además se norma que obtendrán medidas sustitutivas para que no sean llevados a prisión.
