Guatemala: ¿del Estado capturado al Estado plurinacional?

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 16 minutos

 

Tras la «primavera» ciudadana de 2015, que llevó a la cárcel a figuras de primer orden de la política guatemalteca, y la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se restauró en el país el régimen de impunidad. A ello se suma la deriva autoritaria del gobierno actual, presidido por Alejandro Giammattei. Pero pese a las dificultades, el movimiento social, con un fuerte peso de los pueblos indígenas, busca trazar otro rumbo mediante una Asamblea Constituyente plurinacional.

Por: Ricardo Sáenz de Tejada

El deterioro de la situación política y el cierre de espacios democráticos se han acelerado en Guatemala. Tras la toma de posesión del presidente Alejandro Giammattei en enero de 2020, uno a uno ha ido cayendo los últimos bastiones de la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y la defensa del Estado de derecho.

Este proceso incluyó la integración de una Corte de Constitucionalidad favorable a los intereses de la coalición gobernante, la desarticulación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la confirmación de Consuelo Porras –señalada por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir y socavar repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos– al frente de la Fiscalía General, el desmantelamiento de las entidades públicas creadas para dar seguimiento a los acuerdos de paz de 1996 y, recientemente, la imposición fraudulenta de un rector en la única entidad de educación pública superior del país, la Universidad de San Carlos. En esta estrategia ha jugado un papel central la prolongación de mandato ilegal de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, elegidas en 2014 y que debieron entregar su cargo hace tres años.

El deterioro de la institucionalidad democrática se ha traducido en la criminalización de opositores, desde exfiscales de la FECI hasta periodistas, pasando por estudiantes, líderes sociales y autoridades indígenas; incluso algunos de ellos han tenido que salir al exilio. El sometimiento del sistema de justicia también ha dado lugar al retorno a la «cultura de impunidad» que posibilitó la generalización de la corrupción en el sector público y el retroceso en indicadores de seguridad. Para comprender cómo se ha llegado a este estado de cosas, se considera pertinente hacer un recorrido por la última década de la historia política de Guatemala, que vivió la primavera de la movilización social en 2015 y asiste hoy al establecimiento de un régimen autoritario que aparenta mantener la legalidad.

 

La cooptación del Estado

En las elecciones de 2011 ganó la Presidencia el general retirado Otto Pérez Molina. El exmilitar tuvo a su cargo operaciones contrainsurgentes en localidades en las que se cometieron actos de genocidio contra el pueblo Ixil a principios de la década de 1980. Posteriormente, ocupó posiciones en la inteligencia militar hasta alcanzar la Dirección de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993). Durante el autogolpe de Estado intentado por Serrano en 1993, Pérez desempeñó un papel clave para lograr una salida constitucional a la crisis y entró en contacto con los principales grupos económicos del país. Como militar «institucionalista», fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz con la guerrilla en 1996. En 2003, con el Partido Patriota (PP) recién fundado, formó parte de la coalición que llevó a la Presidencia a Oscar Berger. Durante los primeros meses del gobierno de Berger, sirvió como comisionado de seguridad. Participó como candidato presidencial en las elecciones de 2007, llevando como compañero de fórmula a Ricardo Castillo Sinibaldi, un connotado y reconocido empresario, pero perdió en segunda vuelta con Álvaro Colom.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CICIG, desde 2007 Pérez Molina y los más reconocidos líderes del PP organizaron un sistema de financiamiento para enriquecerse y pagar la campaña de 2011. Canales de radio y televisión, firmas constructoras y otros grupos empresariales hicieron aportes entre 2007 y 2011 que después fueron recompensados con la adjudicación de contratos y obra pública. Estos recursos facilitaron la llegada a la Presidencia de Pérez Molina en 2012. Por primera vez desde la democratización, un militar retirado resultaba elegido presidente de la República. Una vez en el Ejecutivo, los funcionarios de Pérez Molina se distribuyeron en una suerte de «cotos de corrupción». Los ministros de Gobernación, Comunicaciones, Energía y Minas y Salud, así como la vicepresidenta, convirtieron la institucionalidad pública en una maquinaria organizada de corrupción en la que se cobraban sobornos y comisiones para asignar obra pública, se sobrevaluaban las compras del Estado, se intercambiaban plazas en la administración gubernamental a cambio de favores políticos, se aprobaban de manera anómala licencias mineras y, en general, se saqueó de manera sistemática el presupuesto nacional.

Para lograr el apoyo del Legislativo, en el que el PP no tenía mayoría, no se ahorraron intercambios de favores económicos y políticos de todo tipo para alcanzar los votos necesarios para aprobar leyes de interés para el partido de gobierno, incluido el pago sistemático de sobornos financiados por una empresa de telecomunicaciones.

En ese marco, se negoció con el principal partido de oposición en el Parlamento, Libertad Democrática Renovada (Líder), la elección de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en 2014. Como en su momento lo explicó la exvicepresidenta Roxana Baldetti, se trató del «pacto de la cama»: en una habitación de hotel, los líderes de los partidos acordaron la integración de las altas cortes cuyos miembros siguen ocupando de manera anómala sus cargos hasta hoy.

 

La primavera de 2015 y el momento reformista

Los líderes del PP, encabezados por Pérez Molina, habían logrado hacerse con la Presidencia, subordinaron al organismo legislativo y controlaban parcialmente el organismo judicial. La cooptación del Estado era una realidad. Sin embargo, la presencia en Guatemala de la CICIG podía ser un obstáculo para los planes de este grupo. Aprobada por el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006 e instalada en Guatemala en 2008, la CICIG había logrado cambios institucionales para favorecer la investigación criminal, formado equipos de investigadores y fiscales en el Ministerio Público e investigado algunos casos relativamente importantes. Pérez Molina optó por crear una comisión para evaluar el trabajo de la CICIG y evaluar la prórroga de su mandato, aunque había adelantado que no consideraba necesaria su continuidad en Guatemala.

En ese contexto, el 16 de abril de 2015, el comisionado de la CICIG Iván Velásquez y la jefa del Ministerio Público dieron a conocer la existencia de una estructura de defraudación en las aduanas que tenía relación con altos funcionarios del Poder Ejecutivo. El caso sacudió a la opinión pública por sus ramificaciones, y ese mismo día grupos de manifestantes se reunieron en una esquina de la Casa Presidencial para expresar su protesta. El 25 de abril de 2015, decenas de miles de guatemaltecos se reunieron en la plaza central para exigir justicia frente a la impunidad y la corrupción.

Se desarrolló así un proceso de fortalecimiento recíproco. La protesta y el apoyo ciudadano posibilitaron que las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público se ampliaran y que los fiscales y jueces pudieran actuar con autonomía. A su vez, los nuevos casos denunciados alimentaron la protesta e indignación ciudadana, que se fueron expandiendo al resto del país. La vicepresidenta Roxana Baldetti renunció a su cargo y fue detenida para ser sometida a un proceso judicial. Para entonces, una buena parte del gabinete había renunciado y era evidente que en el centro de la red de corrupción estaba el mismo presidente.

En agosto se convocó a un paro nacional al que el sector privado se vio obligado a sumarse, y el 2 de septiembre Pérez Molina renunció a la Presidencia y fue también detenido. Los avances en las investigaciones y casos, con la renuncia y captura de buena parte del gabinete y de otros funcionarios involucrados en casos de corrupción, habían logrado en apariencia interrumpir –al menos temporalmente, como sabemos hoy– la cooptación y captura del Estado.

La movilización ciudadana dio lugar a la irrupción de liderazgos jóvenes y al surgimiento de decenas de colectivos y organizaciones que discutían y proponían acciones para transformar el país. Sin embargo, el proceso electoral estaba en marcha, y las candidaturas que a principios de 2015 encabezaban las encuestas, Manuel Baldizón de líder y Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fueron desplazadas por Jimmy Morales, un comediante de televisión postulado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido que contaba con el apoyo de redes de militares retirados y, como se supo después, con el financiamiento no declarado de las elites empresariales.

Morales posicionó su candidatura con la consigna «Ni corrupto ni ladrón», por demás oportuna en esta coyuntura. Entre sus primeras acciones al frente del gobierno estuvo la renovación del mandato de la CICIG por cuatro años, en lugar de dos como se venía haciendo, como muestra de su compromiso contra la impunidad. Se abrió entonces un periodo reformista, y en el Congreso se aprobaron varias leyes dirigidas a enfrentar la corrupción, lo que incluyó más rigor en el control del financiamiento ilícito en la ley electoral y de partidos políticos, así como cambios en los procesos de compras y contrataciones. Las reformas legales tenían un límite en la Constitución, por lo que se retomó una discusión planteada desde los acuerdos de paz, las reformas constitucionales circunscritas al sector justicia. Desde un inicio las elites políticas y empresariales conservadoras se opusieron a estos cambios, que les harían perder influencia sobre el sistema de justicia. El reconocimiento del derecho indígena fue utilizado como excusa para bloquear el proceso y acusar de injerencia a la CICIG, que apoyaba estas discusiones.

 

La batalla contra la CICIG

Mientras que en el primer semestre de 2015 las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público afectaron estructuras de corrupción anidadas en el gobierno que eran dirigidas por políticos y funcionarios, las siguientes pesquisas, resultado de las ramificaciones de los casos, fueron encontrando sistemáticamente la participación de grupos empresariales en estas estructuras. Los casos judiciales «Construcción y corrupción» y «Cooptación del Estado» dejaron al descubierto la participación de constructoras, bancos, entidades financieras y otras empresas en lo que se empezó a caracterizar como Redes Políticas y Económicas Ilícitas (RPEI). Estas investigaciones provocaron realineamientos en torno del apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Una de las investigaciones sobre el pago de sobornos en el caso «Construcción y corrupción» llevó al allanamiento de una entidad civil conservadora y proempresarial, y entre la documentación incautada se encontró una operación de recaudación y movilización de recursos no declarados de los principales grupos empresariales del país en beneficio del partido del presidente Morales durante la campaña de 2015. El testimonio de una persona involucrada, ligada directamente a uno de los grupos empresariales globalizados, confirmó el financiamiento ilícito. La CICIG había llegado al «núcleo oligárquico de la clase dominante».

La reacción no se hizo esperar. Aprovechando el miedo provocado en el presidente por la participación de miembros de su familia en un caso de corrupción, los grupos afectados por la lucha contra la impunidad articularon una coalición sui generis en contra de la CICIG. Funcionarios y exfuncionarios, personas acusadas de corrupción, militares en situación de retiro, empresarios de diversos niveles, grupos criminales propiamente dichos y algunos medios de comunicación desencadenaron una campaña de ataques y desprestigio contra la Comisión.

Los grupos empresariales financiaron oficinas de lobby en Estados Unidos que, en el marco de la nueva coyuntura marcada por el gobierno de Donald Trump, acusaron a la CICIG de ser un instrumento del presidente ruso Vladímir Putin para perseguir a supuestos opositores en Guatemala. La política exterior de Guatemala se concentró en atacar la lucha contra la corrupción y terminar con el mandato de la Comisión. La situación llegó a tal extremo que frente a la sede de la CICIG se posicionó una caravana de vehículos militares artillados, se declaró al comisionado Iván Velásquez persona non grata y se ordenó su salida del país. Aunque la expulsión del jurista colombiano fue impedida por la Corte de Constitucionalidad, tras un viaje de trabajo se le impidió regresar a Guatemala.

La coalición proimpunidad fracasó en adelantar el fin del mandato de la CICIG, pero sí logró limitar las investigaciones, y los magistrados nombrados en el «pacto de la cama» de 2014 empezaron a bloquear los procesos judiciales. En septiembre de 2019 terminó el mandato de la CICIG, que logró identificar y procesar más de 60 estructuras criminales y llevar a tribunales a altos funcionarios, empresarios y políticos, lo que contribuyó a fortalecer el Ministerio Público y, sobre todo, a mostrar que los poderosos podían ser investigados y juzgados.

Morales finalizó su mandato el 14 de enero de 2020, y en medio de protestas y bajo una lluvia de huevos lanzada por manifestantes, fue juramentado esa misma noche como diputado al Parlamento Centroamericano que, prestándose a otorgarle inmunidad parlamentaria, realizó una sesión extraordinaria en un hotel capitalino. El legado de su presidencia fue liderar una coalición mafiosa para preservar los privilegios y la impunidad, y abortar el proceso de reformas iniciado en 2015.

 

La contraofensiva conservadora

Una vez retirada la CICIG, la coalición proimpunidad tuvo vía libre no solo para detener los avances alcanzados en los años anteriores, sino además para tomar el pleno control del sistema de justicia y utilizarlo para perseguir a sus opositores. En esto ha jugado un papel clave el presidente Giammattei.

Giammattei fue candidato presidencial en cuatro oportunidades por diferentes partidos políticos. Su experiencia más destacada como funcionario fue la de director de presidios durante el gobierno de Berger (2004-2008). Mientras era responsable de las prisiones del país, se realizó la operación Pavo Real, en la cual, con el pretexto de retomar el control de la granja penal de Pavón, se realizaron ejecuciones extrajudiciales. El ahora presidente fue investigado y procesado por estos hechos y resultó absuelto. La fuerza que lo postuló a la Presidencia, Vamos, es un partido de reciente creación, y en la primera vuelta obtuvo 15% de los votos, en una elección en la que no pudieron participar las candidatas con mayor intención de voto: Zury Ríos –hija del dictador genocida Efraín Ríos Montt– y Thelma Aldana –exfiscal general y candidata del partido progresista Semilla–. Giammattei no fue la primera opción electoral para 85% de las personas que votaron, pero en segunda vuelta logró imponerse a Sandra Torres, postulada nuevamente por la une, que obtuvo 25% en la primera vuelta.

A pesar de tener un bloque parlamentario minoritario, el partido de Giammattei logró construir una coalición legislativa –sobre la base de prebendas de diversa naturaleza– que le ha permitido mantener la Presidencia del Congreso y aprobar leyes de su interés. Con esa mayoría logró también integrar una Corte de Constitucionalidad favorable a los intereses de la coalición gubernamental y, apoyado por el Ministerio Público y las altas cortes, intensificó la persecución contra los opositores.

Tras meses de hostigamiento, la fiscal general Consuelo Porras destituyó en julio de 2021 al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo que abandonar el país. Este fue el banderazo de salida para iniciar una cacería de jueces y fiscales independientes y exfuncionarios de la CICIG, que fueron acusados de manera espuria. La mayoría de ellos logró salir del país, aunque al momento de escribir este artículo la exfiscal de la FECI Virginia Laparra llevaba más de 100 días en prisión bajo acusaciones falsas. Periodistas, defensores del territorio, líderes indígenas, estudiantes y activistas han sido objeto de criminalización y judicialización. Como se indicó al principio, las cortes fueron elegidas en 2014 y a pesar de que su mandato finalizó hace más de 30 meses, han continuado en sus cargos, siendo parte central de esta ofensiva.

El Congreso, dominado por una coalición alineada con el Ejecutivo, ha aprobado leyes que restringen los derechos, como las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, que establecen controles y limitaciones sobre este tipo de entidades y abren la posibilidad de cancelación de su personería. Con la misma intención se aprobó y posteriormente se «archivó» la Ley de la Familia, que buscaba restringir los derechos de las mujeres y penalizar el aborto bajo cualquier causal.

Por otro lado, se han aprobado préstamos y ajustes al presupuesto con fines opacos y que, de acuerdo con especialistas, constituyen «bolsones de corrupción» para el enriquecimiento de diputados y funcionarios y el financiamiento de la campaña electoral de 2023. Las elites empresariales participan activamente en esta coalición, en la que conviven con políticos corruptos y estructuras criminales. Han optado por entregar el país a estas redes ilícitas antes que perder privilegios, aunque desde el empresariado se han levantado algunas voces críticas.

El discurso que esta coalición ha enarbolado para tratar de legitimarse ha sido en primer lugar el de la religiosidad: apela a un cristianismo ultraconservador que enfrenta la «ideología globalista» y «de género» y busca imponer la heteronormalidad. A esto se suma un discurso anticomunista fuera de tiempo, pero que les permite descalificar a los opositores, rechazar cualquier reforma social y despertar fantasmas de la Guerra Fría. El mismo presidente se ha referido a sus críticos como «chairos», un término coloquial de origen mexicano con el que busca caricaturizar y ridiculizar las distintas tradiciones de izquierda y progresistas. El tercer elemento de este bricolaje ideológico es un «antiimperialismo oportunista»: cada vez que la comunidad internacional denuncia la persecución de personas, la violación de derechos humanos y la corrupción, se rechaza la «intervención extranjera» y se apela al nacionalismo.

Ahora bien, todo este proceso de captura de la institucionalidad democrática y de anulación del Estado de derecho se ha realizado aparentando el cumplimiento de la ley. De acuerdo con fuentes diplomáticas en Guatemala, esto ha hecho muy complejo señalar las reincidencias autoritarias del régimen e incluso se trata de un proceso muy difícil de explicar en el exterior. Pese a esto, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno estadounidense han hecho declaraciones públicas sobre el deterioro del sistema de justicia.

La prioridad de los últimos tres gobiernos ha sido preservar la impunidad y la corrupción. Esto se ha traducido en el deterioro de las condiciones de vida de los guatemaltecos, lo que se agudizó con la pandemia de covid-19 y las consecuencias de la invasión de Ucrania. En informes de instituciones nacionales e internacionales se ha podido constatar la caída del ingreso real y la pérdida de empleos producida por la pandemia, a lo que se suma la incapacidad del modelo económico de generar empleo decente para los 200.000 jóvenes que anualmente ingresan en el mercado laboral.

También se pueden constatar retrocesos graves en materia de educación, sobre todo en el sector público, asociadas a más de dos años de actividades escolares irregulares en el marco de una baja cobertura de vacunación contra la pandemia y el aumento de la desnutrición crónica y aguda. Este nuevo autoritarismo ha fracasado en todas las materias, excepto en el mantenimiento de la corrupción y la impunidad.

 

Resistencias y construcción de alternativas

Frente a esta ofensiva autoritaria se han posicionado distintas respuestas políticas y organizativas. Algunas, como las reivindicaciones de autonomía y la práctica de autogobierno, preceden en mucho a la crisis de 2015, mientras que otras responden a nuevos clivajes, como la política de lo sexual. Desde la sociedad se trata de enfrentar, en condiciones muy difíciles, la cooptación del Estado. En primer lugar, hoy en Guatemala se vive un clima permanente de protesta social. Aunque no hay informes académicos actualizados, los reportes de la Policía Nacional Civil y las notas de prensa muestran que todos los días hay acciones de protesta local en distintas regiones del país: por agua, servicios públicos, conflictos laborales, de defensa del territorio, por la carencia de infraestructura y por muchas razones y demandas.

Estas acciones de protesta incluyen a organizaciones y movimientos sociales tradicionales como el campesino y sindical, pero en general se trata de acciones espontáneas, de carácter local, que aún no alcanzan niveles de articulación y coordinación pero que confirman un cansancio ciudadano. En segundo lugar, se asiste a cambios en el liderazgo social en los repertorios de protesta y acción política. En esta década, el centro de gravedad de la oposición civil se ha movido hacia los pueblos indígenas y sus autoridades, las organizaciones feministas, las organizaciones de la diversidad y de disidencias sexuales y los colectivos de jóvenes.

Una muestra de este cambio fue el paro plurinacional convocado en julio de 2021 por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Parlamento Xinka. A diferencia de 2015, la propuesta no fue del centro a la periferia, sino que se inició y lideró desde las localidades indígenas. Sobre el protagonismo nacional de las autoridades ancestrales, debe subrayarse que estas siempre han poseído liderazgo y protagonismo en sus localidades.

De hecho, puede afirmarse que en muchos municipios del país existen desde hace siglos formas de autogobierno indígena que han podido persistir pese a los cambios de régimen político, la guerra civil y el hecho de que los gobiernos municipales oficiales en municipios mayoritariamente indígenas están en manos de indígenas. Pese a ello, las autoridades indígenas han preservado reconocimiento, prestigio y la capacidad de ejercer formas de gobierno más apegadas a la población, teniendo en muchos casos incluso un reconocimiento constitucional. El cambio ocurrido en la última década tuvo que ver con el hecho de que esta autoridad pasó a un plano nacional. Por ejemplo, fue notable el papel de las autoridades indígenas en la defensa de la CICIG. De manera particular, las autoridades de los 48 cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Parlamento Xinka se han convertido en referentes nacionales e internacionales.

Otro proceso que ha influido en esta nueva dinámica ha sido la reconstitución de autoridades y gobiernos indígenas en muchas localidades del país. Frente a los proyectos extractivistas, se constituyeron y reconstituyeron organizaciones de autogobierno indígena como el Gobierno Plurinacional del Norte de Huehuetenango o el Parlamento Xinka, que mostraron cómo el recurso a las formas tradicionales de organización, a la construcción de redes comunitarias y a formas de democracia directa tenía resultados efectivos tanto en la defensa de los territorios como en el desarrollo de una mejor gobernabilidad local. Estos procesos han sido seguidos por otras comunidades, y en casos como los Copones en Ixcán, algunos municipios de Sololá, Chiquimula y otros departamentos, se asiste a la (re)construcción de formas de autogobierno indígena.

El reconocimiento nacional de las autoridades ancestrales y los procesos de reconstitución de formas de autogobierno han influido también en la construcción de alianzas y coordinaciones entre las autoridades y pueblos. Hoy existen redes nacionales de autoridades que tienen capacidad de organizar y realizar paros plurinacionales, pero también de articular posicionamientos y propuestas, probablemente con mayor legitimidad que la que puedan tener otros actores políticos.

El liderazgo nacional de las autoridades y organizaciones indígenas ha sido acompañado por una propuesta política de transformación del Estado actual en uno de carácter plurinacional. Desde los acuerdos de paz de 1996 quedó demostrado que los límites para el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos estaban en la Constitución, y cada intento de reforma constitucional que incluyera el tema indígena despertaba una movilización de las fuerzas conservadoras que se oponen a cualquier tipo de reconocimiento. Ante esto, la estrategia de los pueblos y las organizaciones se ha dirigido no a una reforma, sino a la lucha por una nueva Constitución. El Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), que se forjó como resultado de las luchas comunitarias contra distintas formas de extractivismo en el occidente del país, dio a conocer en 2014 el documento «Proyecto político. Un nuevo estado para Guatemala: Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los Pueblos Indígenas». Allí se adelantaba la necesidad de una nueva Constitución política que adoptara una «forma de gobierno basada en la democracia participativa, representativa y plurinacional» y que incluyera el «derecho de los pueblos a representarse, autogobernarse y elegir a sus autoridades en las esferas y órganos públicos sujetos a la elección general.

La democracia plurinacional se sustentará en la existencia y la libertad de los pueblos indígenas a constituir gobiernos autónomos complementarios de la unidad nacional y a tomar decisiones en todos los asuntos que les incumban para decidir su propio desarrollo».

De manera paralela, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) dio a conocer en 2016 su propuesta «Guatemala: vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional», en la que además de algunos contenidos de su propuesta de organización estatal, traza la ruta de una «Asamblea Constituyente originaria, popular y plurinacional». La propuesta de Codeca fue asumida por su brazo político-electoral, el Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), que en las elecciones presidenciales de 2019 alcanzó más de 10% de los votos y se ubicó en el cuarto lugar (quedó en primer lugar en los departamentos de Sololá, Totonicapán y Chimaltenango, mayoritariamente indígenas). La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional fue central en esa campaña. Los procesos organizativos y políticos de los pueblos indígenas han asumido el debate y el desarrollo conceptual del Estado Plurinacional, que hoy es parte del discurso y la propuesta de estos grupos.

Otros movimientos que se han fortalecido son el de mujeres y diversidades y disidencias sexuales. Este fenómeno encuadra en lo que en América Latina se ha venido configurando como nuevos alineamientos en torno de la política sexual. La contienda por la educación sexual, el derecho al cuerpo y el derecho a decidir han sido asumidos no solo por el movimiento tradicional de mujeres, sino también por estos nuevos movimientos, que se han hecho presentes en los distintos momentos de protesta y que jugaron un papel central en el rechazo a la Ley de la Familia.

Lideresas feministas como Sandra Morán trabajan en la articulación de estos movimientos con la discusión del cambio constitucional, que se expresa en lo que denominan Poder Constituyente de las mujeres, así como en el posicionamiento de una agenda progresista en el campo de las sexualidades que tiene un amplio respaldo entre la juventud.

Los avances recientes en la captura del Estado por parte de la coalición de redes de corrupción que gobierna Guatemala han producido el exilio y encarcelamiento de operadores de justicia, líderes de organizaciones de sociedad civil, defensores del territorio y jóvenes. Esto ha creado un clima de desánimo frente a la idea de que, tras la «primavera de 2015», los sectores progresistas solo han acumulado derrotas, y muchos creen que se está o se estará peor que antes de la llegada de la CICIG. Estas perspectivas pierden de vista los cambios que ocurren en distintas zonas del país, así como el protagonismo de nuevos movimientos. La propuesta de Asamblea Constituyente es debatida de manera amplia en diferentes sectores sociales.

En esta iniciativa se plantea la posibilidad de construir un Estado Plurinacional que termine con el actual Estado monoétnico, capturado y fallido, que no ha podido resolver los problemas que arrastra desde hace tiempo la sociedad guatemalteca. La propuesta se sostiene en redes de autoridades y organizaciones indígenas que han logrado tejer alianzas con otros actores urbanos y que eventualmente podrían impulsar este proceso de cambio.

El siguiente episodio de esta contienda serán las elecciones de 2023, cuando la coalición de redes políticas y económicas ilícitas buscará consolidar su posición recurriendo incluso a la proscripción de partidos y candidatos opositores. Mientras tanto, las fuerzas progresistas y populares tienen el desafío de articular un proyecto político viable, que pueda construir una mayoría política y electoral.

 

*Este artículo fue publicado en la revista Nueva Sociedad.  Nº 300 — JULIO – AGOSTO 2022. Agradecemos a Ricardo Sáenz de Tejada su autorización para publicarlo en nuestra página.

 

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