El abogado defensor de Zamora, Christian Ulate, refutó los audios y grabaciones presentadas por el MP, los cuales señaló eran ilegales. El juez Orellana se basó en la legislación española para argumentar por qué tomaba en cuenta dichos indicios para ligar a proceso al periodista y a la fiscal.
Por Regina Pérez
El periodista Jose Rubén Zamora, fundador elPeriódico, fue ligado a proceso por el juez Fredy Orellana, tras la acusación del Ministerio Público (MP) de que el empresario había intentado lavar Q300 mil, con ayuda de Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y amigo de Zamora, quien fue la persona que lo denunció. Su caso es calificado, a nivel nacional e internacional, como otro intento de la administración de Consuelo Porras, de atacar la libertad de expresión en Guatemala.
El juez Orellana también ligó a proceso a la fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Samari Gómez, acusada de revelación de información confidencial, porque supuestamente ella pasaba información al exjefe de esa Fiscalía, Juan Francisco Sandoval, que a su vez informaba a Zamora, con lo cual el presidente de elPeriódico realizaba los chantajes, según la Fiscalía.
El periodista también fue ligado a proceso por los delitos de chantaje y tráfico de influencias. Ambos fueron enviados a prisión preventiva a la cárcel ubicada en el cuartel Mariscal Zavala, donde guardarán prisión por cuatro meses, ya que la audiencia intermedia fue fijada para el 8 de diciembre, en la que el MP presentará la acusación y las pruebas y el juez decidirá si los envía a juicio o no.
El periodista y la fiscal fueron detenidos el pasado 29 de julio en un operativo que ha sido criticado por varias violaciones al debido proceso.
Su audiencia de primera declaración y la de Gómez se demoró 10 días y comenzó el pasado 8 de agosto en el Juzgado Séptimo. En el primer día, el MP acusó al periodista de los delitos de chantaje y tráfico de influencias y de conspiración para el lavado de dinero y a Gómez por relevación de información confidencial.
Sin embargo, la fecha podría variar por la recusación que realizó en su contra el abogado de Gómez, Armando Mendoza, la cual tendrá que resolver una Sala de Apelaciones.
La FECI contra la FECI: denuncia contra Samari Gómez “es un artificio elaborado”
Entre los indicios presentados estaban los Q300 mil que supuestamente el periodista pidió a García Navarijo que se los canjeara por un cheque, para justificar el origen del dinero. Zamora indicó durante su declaración que dicho dinero tiene origen lícito y que proviene de empresarios de renombre del país.
La fiscal Cinthia Monterroso también presentó audios de llamadas y grabaciones realizadas por García Navarijo, de conversaciones y reuniones de Zamora con el denunciante y con Sandoval, así como de una reunión de la fiscal con el exdirectivo de Bantrab.
Defensa de Zamora critica grabaciones ilegales presentadas por el MP
El abogado defensor de Zamora, Christian Ulate, argumentó por qué no se cometió cada delito por el cual la FECI acusó al periodista. El MP debió traer y presentar prueba idónea o al menos prueba indiciaria en que se tuviera al señor Zamora Marroquín exigiendo al señor Ronald García Navarijo, dinero bajo la amenaza directa de imputaciones contra su honor y prestigio o que eventualmente va a revelar un secreto suyo, de su familia o de su empresa, indicó Ulate sobre el chantaje.
“Usted no puede valorar solo el dicho de una persona, tienen que darse más indicios”, manifestó.
Al pedir que Zamora fuera ligado a proceso por lavado de dinero, Monterroso dijo que según la Ley contra el Lavado de Dinero dicho delito es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condenas relativas al delito del cual provienen los bienes o dinero.
Ulate dijo que la fiscal habló de la autonomía del delito, lo cual a su criterio no es que no tiene que presentar pruebas de origen ilícito del dinero, sino que lo que no se requiere es que exista un proceso o una sentencia condenatoria. “Pero eso no le exime de presentar las pruebas de que ese dinero es ilícito y aquí no hemos visto un solo documento que acredite que ese documento es ilícito, solo la palabra de García Navarijo, donde indica que él presume que esos Q300 mil son productos de los chantajes que él realiza”, manifestó.
El defensor señaló que el exdirectivo de Bantrab hizo su denuncia el 26 de julio, donde el MP tuvo conocimiento sobre la posible comisión de un delito en el futuro, pero que la FECI delegó en García Navarijo la recopilación de las pruebas, cuando esto le competía a esa Fiscalía.
El abogado también criticó los audios y grabaciones presentadas por el MP, señalándolos de ilegales, puesto que no fueron autorizadas por un juez. Al contrario de lo que ocurrió con la exmagistrada Claudia Escobar, que grabó al diputado Gudy Rivera y del juez Carlos Ruano, que denunció a la magistrada Blanca Stalling con un audio, Ulate dijo que esto sí es permitido porque en este caso Escobar y Ruano no fueron a buscar a Rivera y a Stalling sino que ellos se les acercaron, como no ocurrió con García Navarijo.
No obstante, argumentó que a partir del 26 de julio el MP ya tenía una denuncia y por lo tanto no podía delegar en García Navarijo la recolección de indicios, sino que debió intervenir comunicaciones, basándose en la Ley de Crimen Organizado.
Durante su argumentación, el juez Orellana insistió en que en esta etapa del proceso solo valoraba indicios y no pruebas e incluso citó la legislación española para tomar en cuenta las grabaciones y audios presentados.
“En cuanto a la pregunta, ¿las grabaciones hechas por particulares son legales? Las altas cortes de Justicia en el Reino de España han dado algunas respuestas en sus resoluciones. Pongo de ejemplo a España porque a nadie se le ocurriría decir que España no es una democracia respetuosa de los derechos humanos”, fundamentó el juez, quien aceptó las grabaciones y audios en este proceso, fundamentándose en la sentencia del Tribunal Constitucional Español, número 114.
Teme por su seguridad en el Mariscal Zavala
El periodista señaló, tras ser ligado a proceso, que se considera un perseguido político del gobierno de Alejandro Giammattei y dice temer por su seguridad en la cárcel Mariscal Zavala, donde guardan prisión preventiva la mayoría de personas acusadas por casos de corrupción por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP de la gestión de Thelma Aldana. Su periódico investigó varios casos de corrupción que luego la CICIG y la FECI investigaron.
Zamora indicó que el día anterior de la audiencia, cuando fue llevado al Mariscal Zavala el carro no ingresó al pabellón y tuvo que caminar 20 metros antes de poder ingresar al centro. Al ingresar a la bartolina le hicieron un registro pero en esta ocasión fue más exhaustivo. Media hora después llegaron miembros de la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica (SAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), con perros, en busca de drogas.
El empresario indicó que regresó muy cansado y quería dormir, pero no pudo porque unas personas estuvieron trabajando toda la noche en la jaula que pusieron sobre su bartolina, lo cual lo asustó y puso dos sillas plásticas y una mesa sobre la puerta. Estos movimientos le parecieron extraños, porque incluso apagaron las cámaras que lo vigilan.
El presidente de elPeriódico recordó que tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) y responsabilizó al Estado por su seguridad. “Quisiera ante usted hacer responsable al Estado de Guatemala, al presidente Giammattei por mi seguridad”. “Me considero un perseguido político”, agregó.
🚨 El presidente de @el_Periodico, @ChepeZamora expuso al juez Orellana que hace responsable al Estado y al presidente @DrGiammattei de su seguridad en el Mariscal Zavala, luego de que ayer sucedieron hechos fuera de lo común que él interpretó como una amenaza.
🎥 @_Rahina_ pic.twitter.com/tmfMtj4DuK
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) August 10, 2022
Esta semana, periodistas y escritores internacionales mostraron su consternación por la detención del presidente de elPeriódico, que consideran es una herida profunda a la libertad de prensa mundial.
Durante la gestión de la fiscal general, Consuelo Porras, se ha recrudecido la persecución penal en contra de operadores de justicia y periodistas, algunos de los cuales han tenido que salir al exilio mientras que los que permanecen en el país tienen procesos en su contra, como la exfiscal Virginia Laparra, el juez Miguel Ángel Gálvez y ahora Samari Gómez, de la FECI.
MP amplía persecución a más periodistas y críticos en caso contra Zamora
