Créditos: Prensa Comunitaria
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Por Kajkoj Máximo Ba Tiul

Estas últimas semanas de julio, la acción criminal del conservadurismo guatemalteco, se vuelve a ensañar contra comunidades originarias, que exigen la restitución de sus tierras y territorios, que se les comienza a quitar hace casi 500 años (1524[1]-2022), recrudeciéndose con la llegada de los alemanes a principios de 1800 y la implementación del capitalismo neoliberal-extractivista.

La Comunidad Chi Ax, Comunidad Tres Ríos en Alta Verapaz y Comunidades de la Sierra de Las Minas (Pankok, Washington, Dos Fuentes, Panimá), en Baja Verapaz, fue escenario de acciones criminales dirigidas por finqueros y terratenientes de la región, apoyados por la institucionalidad del Estado (jueces, ministerio público, COPADEH[2], PDH) y como grupos de choque policías y comunitarios convencidos de que las comunidades vecinas son los “enemigos”, como sucedió durante los 36 años de guerra en el país (1960-1996).

Chi’ Ax una comunidad Q’eqchi’, desalojada violentamente de sus tierras.  Policías y personas, comunidades instrumentalizadas por los “supuestos” dueños de la tierra, como fue la utilización de las Patrullas de Autodefensa Civil. Con lujo de fuerza, llegaron a la comunidad sin importarles los niños, niñas, mujeres, ancianos, quienes lloraban pidiendo que no les hicieran daño y que no quemaran sus viviendas.  Mientras; los verdugos les gritaban; “salgan o no respondemos” y comenzaron a destruir y quemar sus pocas pertenencias que con tanto sacrificio habían logrado tener, y mientras la gente clamaba clemencia, los esbirros de los criminales se carcajeaban como si estuvieran frente a un nuevo trofeo de guerra.  Lo mismo sucedió en Tres Ríos, en donde igual quemaron champas, ropa, animales, cosecha, que con tanto sacrificio y sufrimiento habían cuidado, a pesar de las fuertes lluvias que ahora azotan fuertemente a las comunidades por el deterioro del ambiente que han provocado los finqueros, cuando venden sus bosques para poder acceder a los beneficios forestales que vienen del Estado y de organismos internacionales.

Mientras los defensores del neoliberalismo y la corrupción, como Giammattei, van de turistas a Ucrania, hablando que hay que defender la vida, cuando en su país, la gente se muere de enfermedad, de bala por sicarios o de bala por agentes de seguridad del Estado.  Funcionarios medios de las diferentes instituciones del Estado, ex militares, voceros de los criminales, como Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal, acusando a los campesinos de terroristas o de nuevos guerrilleros, aprovechando para despotricar en contra de los reclamos campesinos e indígenas sobre una asamblea plurinacional.

Además de la violencia en todo sentido.  La semana termina con el allanamiento a las instalaciones de El Periódico, la casa de su fundador y presidente y la captura de este, José Rubén Zamora.  Acusado “supuestamente” por lavado y otros delitos.  Esta diligencia judicial al igual que la captura de la auxiliar fiscal; Samari López, aprehendida por filtración de información.  Nos confirma que el pacto criminal guatemalteco, no descansa para destruir la incipiente democracia y construir delitos a quienes les reclaman más honestidad y menos corrupción.

Lo interesante de estos casos es que Ricardo Méndez Ruiz[3], los netcenters, desde temprana hora comienzaron a anunciar la captura de Zamora y de la auxiliar fiscal.  No es la primera vez que lo hacen, en todos los casos; como el de los jueces y fiscales que están en el exilio y la persecución que se sigue en contra del juez Gálvez; Méndez Ruiz, Falla y Fratti de Guatemala Inmortal,  Grupo ALBAVISION y Chapin TV, (Notisiete, Radio Sonora, TN23, Trecevisión, Canal 11), Liga Pro Patria que dirige el corrupto, defensor de narcotraficantes y acusado de tráfico de niños, Fernando Linares Beltranena, son quienes tienen la primicia de estas noticias, para diseminarlas por todo el país, porque son los voceros de la cleptocracia guatemalteca (los poderes del Estado, militares, narcotraficantes, CACIF, sectores de la iglesia católica e iglesia evangélica, medios de comunicación corporativa, ONG de derecha), quienes tienen controlado y de rodillas al país.

Los desalojos y la criminalización que hoy están sufriendo los indígenas y campesinos por recuperar sus tierras, casi no es noticia en los medios de comunicación corporativa (ElPeriódico, Prensa Libre, Guate Visión) y no digamos en los medios que están en contubernio con el pacto criminal y/o pacto de corrupto. Los medios alternativos, lo comunican tímidamente.  Las comunidades que sufren los desalojos, han aprendido a utilizar las redes sociales para comunicar lo que están padeciendo.

De hecho, nuestro repudio es total, a toda clase de criminalización, pero ahora que el CACIF, la Iglesia Católica y otros sectores que no se habían pronunciado sobre las acciones del este pacto criminal; lo hacen, puede ser que estemos ante un momento importante para derribar o ponerle un muro al pacto criminal que nos tiene de rodillas.  Porque el derecho a la libertad de prensa y pensamiento, no es propio de los periodistas, es de todos los ciudadanos.

Como decía un amigo mío, citando a F. Hinkelammert; “urge fomentar el pesimismo esperanzador” (F. Hinkelammert) o “el optimismo trágico” (Juan Carlos Monedero).

[1] Llegada de Pedro de Alvarado a Iximché, después Tecpán Guatemala.

[2] https://copadeh.gob.gt/

[3] Quien está en la lista Engel y además, con muchas denuncias en el MP en su contra.

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