Por Paolina Albani
El Ministerio Público y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron tres allanamientos simultáneos en zona 1, 12 y 13, y detuvieron a un periodista y a una fiscal contra la impunidad. Este es el recuento de esas horas.
Eran las 3:30 de la tarde del 29 de julio. En una de las calles de la colonia El Carmen, en la zona 12 de la capital, tres vehículos de la policía y del Ministerio Público (MP), uno de ellos sin placas, esperaban a que una docena de policías, con pasamontañas y altamente armados, se alistaran para allanar la casa del periodista y director del medio de comunicación elPeriódico, Jose Rubén Zamora, para luego, apresarlo por supuesto lavado de dinero en flagrancia, chantaje y tráfico de influencias.
Paralelamente ocurrían dos eventos similares en locaciones distintas. Uno en la zona 13, en la sede de elPeriódico, y otro en Gerona de la zona 1, en una de las oficinas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, a cargo de la auxiliar fiscal Samari Gómez. Las tres acciones serían el resultado de un “caso armado” por el MP y por el gobierno como una vendetta personal en contra del periodista y de la fiscal anticorrupción.
Llegadas las 4 de la tarde, afuera de la casa de Zamora, nadie tocó el timbre. Por esa hora, uno de los empleados salió al jardín y encontró a hombres armados que lo interceptaron, registraron, le pusieron las manos sobre la cabeza y lo llevaron de vuelta a la casa por la puerta del garaje que daba acceso a la sala. Otros, entraron por el techo y se insertaron a través de la cocina.
Adentro, Zamora, quien recibía la visita de su nuera y dos nietos, de 13 y 9 años, conversaban tranquilamente, cuando se percataron de que había hombres armados dentro de la casa. La mujer se asustó, sacó su celular, empezó a grabar lo que ocurría y exigió una explicación del porqué estaban allí.
La fiscal del MP que acompañaba la diligencia, Cinthia Monterroso, amenazó con llevársela presa y le confiscó el celular, argumentando que obstaculizaba a la justicia.
Una hora y media después llegó el abogado de Zamora, Mario Castañeda, quien fue fiscal contra el crimen organizado del MP. Para cuando ingresó a la casa, la diligencia de búsqueda ya había terminado.
“Desde que ingresé, solo vi a las personas paradas allí”, dijo.
El registro de la vivienda de Zamora duró menos de dos horas, pero él y su familia permanecieron retenidos por más de 6. Durante este tiempo, los pasos del periodista fueron vigilados y seguidos de cerca por, al menos, cinco policías quienes lo acompañaron a cada habitación a la que se movió.
A eso de las 6 de la tarde, los agentes hablaron de la posibilidad de llevar a un K9. A lo que Castañeda preguntó ¿para qué?, pero no obtuvo respuesta. La inspección del perro policía ya no se realizó. Así pasaron toda la tarde y la mayor parte de la noche: sentados, esperando algo. Nadie sabía qué.
A eso de las 10 de la noche, la fiscal del caso llamó a todos a la sala. Allí leyó el acta de la diligencia. Al finalizar, uno de los agentes se sacó del chaleco una nota. Era la orden de captura en contra de Zamora, firmada por el juez séptimo de Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, quien tendría vínculos con la Fundación Contra el Terrorismo.
“La leímos -la orden de captura-, pero no nos dieron copia. -A Zamora- le dieron un tiempo de espera para cambiarse a una mudada de ropa cómoda”, contó Castañeda, quien mencionó que la captura debió de informarse desde el inicio de la diligencia.
Zamora mencionó que la retención pudo servir para dar tiempo a que se girara la orden de captura en su contra, por ello, no habría sido informado desde el inicio.
Castañeda también expresó que el dispositivo de seguridad que ingresó altamente armado, a la casa de Zamora, suele ser utilizado en operaciones en donde se prevén situaciones hostiles y este no era el caso.
“No era necesario el uso de la fuerza. Si le hubieran tocado el timbre, -Rubén- los hubiera dejado ingresar sin problema”, refirió.
Mientras tanto, la fiscal que amenazó con detener a la nuera del periodista, cambió de opinión y dijo que “gracias a su sentido de tolerancia ya no capturaría a mi hija”, escribió Zamora en sus redes sociales, donde también aseguró que lo ocurrido es parte de un montaje, de una “fabricación” del MP.
Una hora después, poco antes de la medianoche, Zamora salió de la casa con las muñecas esposadas, rumbo a la Torre de Tribunales.
Allí esperó casi 12 horas en la carceleta antes de ser llevado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno, en un caso que desde el inicio fue declarado bajo reserva. Esto impidió que los medios de comunicación que cubrían los hechos, ingresaran a la sala.
Al día siguiente, el 30 de julio, el gobierno emitió un comunicado en el que aseguraron que en una comitiva de Huehuetenango, el presidente Alejandro Giammattei sufrió un atentado. Medios de comunicación cuestionaron la información pues en la publicación, el gobierno utilizó la imagen del ejército mexicano.
Con total descaro, la cuenta oficial del @Ejercito_GT utiliza una foto del Ejército Mexicano para ilustrar su farsa del “atentado contra Giammattei”.
Más respeto para nuestras Fuerzas Armadas, @DrGiammattei.
Atención @Luis_C_Sandoval, @Luis_R_Bucio, @m_ebrard. pic.twitter.com/vNFCvqsoar
— Abraham Mendieta (@abrahamendieta) July 31, 2022
En tanto, al final la audiencia de motivos, la defensa de Zamora y Gómez informó que pidió prisión domiciliar mientras llegaba la audiencia de primera declaración, pero la jueza rechazó la petición y los envió a la cárcel de Mariscal Zavala, en zona 16.
Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), hizo una verificación para corroborar que los derechos de ambos detenidos eran respetados, pues en Mariscal Zavala guardan prisión exfuncionarios y expolíticos a los que el periodista ha dedicado investigaciones que los vinculan con actos de corrupción y del crimen organizado como es el caso del expresidente Otto Pérez Molina y exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
La jueza programó la primera declaración para el 1 de agosto a las 10 de la mañana. Llegado el día, los abogados defensores de Zamora y de Gómez argumentaron que todavía no tenían acceso al expediente del caso.
“El caso está bajo reserva, pero para los extraños, no para los abogados”, dijo el defensor de Samari Gómez, Armando Mendoza.
#NoNosCallarán 📢 Se suspende la audiencia de primera declaración del periodista @ChepeZamora. Armando Mendoza, abogado defensor de Zamora ha dicho "hay un conflicto de intereses" al retrasar la audiencia, ya que el Juzgado no trasladó el expediente del caso.
📹 Simón Antonio pic.twitter.com/vQcDOV9hVg
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) August 1, 2022
Finalmente, la audiencia fue suspendida pues el Juzgado de Turno no trasladó su expediente al Juzgado Séptimo y porque el Sistema Penitenciario no trasladó a Zamora y a Gómez a tribunales. Esta fue reprogramada ara el miércoles 3 de agosto a las 2 de la tarde.
A menos de 500 metros de Mariscal Zavala está el picop que @Dgspg reportó como descompuesto para no llevar al presidente de @el_Periodico Jose Rubén Zamora y a la fiscal Samari Gómez a la audiencia en Tribunales. Ambos están en el centro, según los guardias.
📷E. Pocón
🧵 pic.twitter.com/u3t1rsFsbT— Evelyn Boche (@EBoche_elP) August 1, 2022
Luego, trascendió información de que el MP embargó las cuentas bancarias de elPeriódico, con el fin de paralizar al medio, por orden de la FECI.
En un corto pronunciamiento, la dirección de elPeriódico manifestó que “dicha acción nos extraña de sobremanera, en virtud de las declaraciones vertidas por el fiscal Curruchiche en cuanto a que la persecución de nuestro presidente Jose Rubén Zamora Marroquín, es únicamente en su calidad de empresario y no periodista”.
— elPeriódico (@el_Periodico) August 1, 2022
Escena 2: un caso de lavado de dinero y ¿un allanamiento a un medio de comunicación?
Mientras la casa de Zamora era requisada, también lo fue su medio de comunicación, ubicado en zona 13.
“Muchos policías entraron a las oficinas. Les quitaron los teléfonos a los empleados -de elPeriódico-. No les permitieron comunicarse con nadie. Eran agentes de las DIFEP -División de Fuerzas Especiales-, iban con sus fusiles. Eran 15 empleados. Permitieron la salida de algunos y ocho se quedaron adentro”, contó la subdirectora Lucy Chay, a Concriterio.
Ni en el inicio ni durante la diligencia informaron a los trabajadores de elPeriódico de los motivos del allanamiento. Tampoco explicaron por qué duró tanto. A diferencia de lo ocurrido en la casa de Zamora, la requisa en la sede de su medio finalizó hasta la mañana del 30 de julio.
Personal de @el_Periodico permanece retenido en las oficinas e imprenta, mientras fiscales y policías realizan allanamiento en las oficinas centrales y la vivienda de @ChepeZamora pic.twitter.com/gpyqCH5NPU
— Rony Rios (@rrios_elP) July 29, 2022
En este tiempo, el MP no permitió a los trabajadores comer, hacer llamadas y/o tomar sus medicinas.
El MP secuestró un circuito cerrado de cámaras de seguridad, equipo y computadoras. Entre ellas, la de una de las trabajadoras encargada de los créditos. Estaban, especialmente, interesados, dijo Chay, en secuestrar información de las computadoras de los periodistas de ese medio, pero eso no fue posible, ya que la mayoría trabaja en equipos portátiles desde sus casas.
El allanamiento impidió que elPeriódico imprimiera la edición de ese viernes en su rotativa y solo lograron sacar el ejemplar con ayuda de otra imprenta. La mañana del sábado 30 de julio, los trabajadores y periodistas del medio acudieron al plantón frente a la Torre de Tribunales, para mostrar solidaridad a Zamora, quien estaba en medio de la audiencia de motivos. Allí repartieron la edición del diario que en la portada leía: “No nos callarán”.
“Es el perfeccionamiento de un mecanismo de censura, de violencia, que empezaron con la persecución de fiscales… pretenden que lleguemos a elecciones sin prensa independiente”, señaló la subdirectora de el Periódico.
Otra orden de captura exprés
A 8.4 kms de distancia de la sede de elPeriódico, en las oficinas de la FECI en Gerona, zona 1, el MP y la policía también se desarrollaban un tercer allanamiento en la fiscalía de Samari Gómez.
A Gómez, quien tiene 12 años en el MP, le requisaron la oficina desde las 3 de la tarde y a las 9:24 de la noche le informaron que tenía una orden de captura. Una orden que fue firmada con rapidez y que intenta desvirtuar el derecho a la emisión del pensamiento, según su abogado, Armando Mendoza.
La orden de captura no estaría relacionada con el trabajo como fiscal de Gómez, según el MP, pero la FECI ya ha dicho que la investigadora habría revelado información privilegiada y que existía la posibilidad de que Zamora hubiese participado en un caso que involucra lavado de dinero.
Ante esto, Sandoval cuestionó en redes sociales qué información pudo haber revelado Gómez si no su detención no estaba relacionada con su labor como fiscal.
Abro hilo con (al menos) nueve mentiras/imprecisiones/verdades a medias del @MPguatemala en este comunicado.
Acompáñenme a ver esta triste historia… https://t.co/p80Tp1Qvge
— Gerson Ortiz (@entrarenlanada) July 31, 2022
“Hablan del tráfico de influencias pero no dicen cómo lograron esas ordenes tan rápidas”, cuestionó Mendoza, quien afirmó que la fiscal Gómez nunca ha tenido sanciones en su carrera dentro del MP y que de tenerlas, las autoridades del ministerio debieron procesarlas desde la Fiscalía de Asunto Internos.
Tanto Gómez como su defensor han mencionado que el arresto tiene que ver con una venganza personal en contra de los investigadores de la FECI que apoyaron el trabajo de Juan Francisco Sandoval cuando este presidía la unidad.
“Esto es una cacería de brujas. Están buscando responsables”, aseguró Mendoza mientras esperaba al inicio de la audiencia de primera declaración.
