Por Francisco Simón y Elías Oxom
Aroldo Chen llegó a la ciudad de Guatemala a principios de 2021 y comenzó a trabajar en una maquila, donde recibe un ingreso mensual de 2 mil 700 quetzales, apenas el salario mínimo, que equivale a unos 350 dólares. Al principio, Chen no quería dejar a su esposa y a sus dos hijos, pero la crisis económica que enfrentó durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 lo obligó a migrar.
Con la llegada de las tormentas Eta y Iota, en noviembre de 2020, cuenta Chen, su cultivo de maíz, frijol y cardamomo quedaron sumergidos por algunas semanas bajo el agua. Pero la decisión de migrar del campo a un espacio urbano desconocido se multiplicó por los conflictos agrarios y desalojos constantes que vive un sector de la población de Monte Olivo, una comunidad del municipio de Cobán, Alta Verapaz, a la que él pertenece.
Entre 2012 y 2014, Chen participó en el movimiento comunitario que defendía el río Dolores, porque la empresa Santa Rita, que intentó construir el proyecto con el mismo nombre, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2008, pretendía utilizar el caudal para la generación de 18 a 22 megavatios de energía, sin que previamente se le consultara a la población maya Q’eqchi’ que habita en el área de influencia. “Es difícil vivir en Monte Olivo bajo amenazas de algunos vecinos por defender la tierra y los ríos”, dijo.
Por la defensa de los recursos naturales, contó Chen, recibieron amenazas y en algunos casos algunas de las personas del movimiento fueron denunciadas penalmente. Hasta la fecha, agregó, van cinco personas detenidas por órdenes emitidas por un juzgado de Cobán. “El conflicto ya pasó, la hidroeléctrica fracasó y se fue, pero dejaron a las personas con denuncias”, añadió.
Chen vive en la ciudad capital, el centro político y económico del país y dice que no tiene intenciones de regresar a la comunidad, aunque no descarta el deseo de vivir cerca de su familia. Además, dice que ser un migrante interno tiene algunas ventajas, “estoy en mi país, aunque gano poco, pero no tengo esa pena de la migración”, dijo en alusión a la situación que enfrentan los guatemaltecos que buscan llegar a Estados Unidos.
Estado Unidos es un sueño lejano
Para Chen, llegar a Estados Unidos es un sueño lejano. Entre otras cosas, porque en ese país no tiene familiares que lo puedan recibir o apoyar, también por el alto costo económico y de riesgo, que implica hacer ese recorrido, pero no descarta la idea.
Con el ingreso que recibe paga una renta mensual que oscila entre los 500 y 700 quetzales. Un cuarto pequeño de unos 3 metros cuadrados, en el que dice, únicamente le alcanza para acomodar una cama, una estufa, en la que se prepara los alimentos, y los servicios de agua y luz. “Lo único que ahorro va directo para la familia que necesita ropa, comida y estudio en Cobán”, agregó.
“Con los ingresos que recibo ayudo un poco a mi familia, pero es distinto vivir allá que, en la ciudad, ya que en la comunidad se produce la alimentación, en cambio en la capital, todo se compra. De lo que ganamos, un buen porcentaje lo gastamos y lo poco que queda sirve para ayudar a nuestra familia”, señaló Chen.
Chen relató que antes de viajar a la capital se dedicaba al cultivo de maíz y trabajaba como jornalero en otras comunidades. Desde pequeño aprendió a sobrevivir por su propia cuenta, su padre falleció cuando él tenía tres años, pero agrega que les dejó un terreno de una manzana de extensión, que se repartió entre los siete miembros de la familia, pero no les alcanza para cultivar los alimentos de su familia.
En la actualidad la población Q’eqchi’ experimenta una dinámica de disputa y despojo territorial, que está provocando acelerados cambios en la estructura agraria. La Encuesta Nacional Agropecuaria, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2014, estableció que entre 2003 y 2013 se dejaron de sembrar 527 mil hectáreas de tierra, que anteriormente se utilizaban para la siembra y cosecha de maíz, frijol y arroz en las zonas del norte y la costa sur del país.
Otro factor de la realidad rural e indígena del departamento de Alta Verapaz, son las estrategias de acaparamiento de tierras, que van desde la compra forzada, engañosa o incluso voluntaria hasta el arrendamiento de parcelas, que han facilitado la expansión de la siembra de palma africana o la construcción de proyectos hidroeléctricos, disminuyendo así, la producción agrícola para la alimentación, pero también profundizando la pobreza.
Pérdida de hábitat y presiones territoriales: dos causas de la migración Q’eqchi’
La comunidad de la que es originario Aroldo Chen se fundó hace 35 años, está habitada por 110 familias, y se ubica en la antigua finca llamada Yaxcabnal. Los pobladores de Monte Olivo recuerdan que durante el periodo del dictador Jorge Ubico, trabajaron como esclavos para los finqueros sin recibir salario.
Ante los abusos, las familias se organizaron para que cada una comprara cuatro cuerdas de lote en la finca vecina Roq Xan Ak’ach. Posteriormente adquirieron una caballería de tierra a la familia Diesseldorf, de origen alemán, para cultivar sus alimentos; algunas familias pudieron adquirir hasta cuatro, tres, dos o una manaza de acuerdo a sus posibilidades.
Actualmente, la población se dedica al cultivo del cardamomo, pero a decir de Jonathan Chen, autoridad ancestral de la localidad, la gente poco a poco va perdiendo el interés por la siembra, ya que no se está cosechando como antes, también por la presencia de gusanos que aparecen en las hojas y frutos. Además, cultivan maíz y frijol.
La gente vivía en unidad y mantenían una relación armoniosa con la tierra antes de 2012, recuerda Jonathan. Sin embargo, cuando empezó la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita, experimentaron un conflicto comunal. La comunidad se dividió en torno al proyecto y provocó que muchas familias abandonaran sus hogares, para huir a la capital de Guatemala, Belice o Estados Unidos.
Hasta la fecha, anotó Chen, a la capital ha migrado un aproximado de 15 familias, otras optaron por buscar trabajo en Cobán, y unas 25 migraron hacía Estados Unidos. “La mayoría buscan una vida libre de conflictos que se viven en la comunidad causados por el intento de la construcción de una hidroeléctrica en el río Dolores”, comentó.
Migrar por defender la tierra y los ríos
Para la autoridad ancestral, la falta de acceso a la tierra es otro problema permanente. “Los comunitarios no tienen esperanza de prosperidad en Monte Olivo, porque no hay terreno para cultivar. Hemos sacrificado mucho tiempo en la resistencia en defensa del río Dolores, muchas veces hicimos turnos de 24 horas durante todo el mes, porque era necesario, sin embargo, ahora somos pocos, porque casi todos se fueron por los conflictos”, aseveró.
En 2012, la población de esa comunidad logró expulsar a la hidroeléctrica Santa Rita del territorio, pero la lucha no fue fácil. En agosto de 2014, los accionistas del proyecto insistieron con violencia y generaron una ola de persecución, asesinatos, personas detenidas y criminalización, ya que, a raíz de esa lucha, un juzgado de Alta Verapaz giró 27 órdenes de aprehensión, las cuales siguen activas.
De estas personas cuatro ya fueron a la cárcel. El caso del comunitario José Antonio Pacay Güitz es el quinto. Este último, está en prisión preventiva en la cárcel para varones de Cobán y el proceso en su contra no avanza, ya que el juez contralor del caso no ha fijado la fecha para su audiencia de primera declaración. El comunitario fue detenido el pasado 29 de junio en su regreso de Cobán, después de recibir abono que la municipalidad otorgó a los campesinos.
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Alta Verapaz: conmemoran el octavo aniversario de la represión policial en Monte Olivo
Ese año, la comunidad de Monte Oliva enfrentó un desalojo que duró unas 32 horas, para ello la policía necesitó 1,737 antimotines. Utilizaron bombas lacrimógenas para reprimir a toda la comunidad, algunos pobladores lograron huir a las montañas para resguardarse de la violencia y desde allí observaron cómo los policías buscaban a los hombres para capturarlos. Además, abrieron fuego contra la población en complicidad de los trabajadores de la hidroeléctrica.
De acuerdo al posicionamiento político de la población Q’eqchi’, la historia de despojo de las tierras que enfrentan se divide en tres etapas. La primera inició con la llegada de los españoles en 1564; la segunda corresponde al despojo que sufrieron por el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, cuando este entregó grandes extensiones de tierras a los alemanes para la siembra del café en los años de 1871; y la tercera está relacionada al actual despojo que realizan las empresas de proyectos extractivos y monocultivos particularmente.
Desde 1871 hasta 1883, en las Verapaces, casi 404 mil 687 hectáreas de tierra ocupadas por las comunidades indígenas fueron declararon baldías. El primer acaparamiento liberal facilitó que en 1880 los colonizadores alemanes poseyeran 6 mil 666 caballerías (unas 25 mil 760 hectáreas) y con las leyes de trabajo forzado se garantizó mano de obra abundante para los finqueros alemanes, según describe la investigación “El territorio como recurso: movilidad y apropiación del espacio en México y Centroamérica”, publicada en 2018, por Odile Hoffmann y Abelardo Morales Gamboa.
El estudio destaca que, en la actual agresión contra las poblaciones indígenas, las empresas recurren a mecanismos legales de regulación de la tierra colonizada, compra, despojos y acaparamiento de parcelas. Esta nueva presión agraria es el principal factor expulsor de la nueva migración Q’eqchi’, que prolonga una larga historia estrechamente vinculada con el territorio y la movilidad como forma de vida.
Solo en Alta Verapaz existen 28 proyectos hidroeléctricos, siendo el segundo departamento que más energía genera, sin embargo, es el departamento con menor índice de cobertura eléctrica, apenas alcanza el 51%, según el reporte del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) publicado en junio de este año.
Asimismo, un análisis realizado por el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sobre el cambio de uso de suelo entre el 2006 y 2017, muestra entonces que 225 kilómetros cuadrados de la tierra en Alta Verapaz han sido ocupados por la palma africana y añade que 154 kilómetros cuadrados más son tierras ya despejadas y listas para cultivar.
Además, en diciembre del 2019, la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) había registrado dos mil 574 conflictos sociales, el 67 por ciento de estos obedece a problemas agrarios, siendo Alta Verapaz el departamento más afectado.
La gente migra porque el Estado los excluye y reprime
Para Julio Gonzales, del Colectivo Madreselva, el despojo, es una de las causas históricas de la migración, “ya que es la caracterización de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 200 años; el Estado de Guatemala se caracteriza por ser excluyente, discriminador y opresor contra los pueblos indígenas”, destacó.
No hay prosperidad en el país, los modelos de desarrollo que han impulsado los gobiernos nunca han tenido efectos sobre la reducción de la pobreza, al contrario, provocando la migración, remarcó.
Gonzales recordó que, durante el periodo de Justo Rufino Barrios, se promovió un régimen liberal que favoreció a las personas de clase, el café se convirtió en el generador de dinero, los pueblos indígenas tenían su tierra comunal, pero Barrios se las quitó de forma autoritaria, desde allí inició la pobreza para los pueblos indígenas.
