Por Regina Pérez
El viernes 29 de julio una noticia sacudió al gremio periodístico y a una gran parte de la población guatemalteca, el arresto de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, un periodista guatemalteco que dirige uno de los medios escritos que más ha criticado al gobierno de Alejandro Giammattei, a quien se le acusa de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración para la obstrucción de la justicia.
Junto a él fue detenida Samari Gómez, auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), señalada de revelar información confidencial. Ambas capturas por parte del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras han despertado numerosas sospechas en cuanto a su intencionalidad y lo que podría estar detrás.
El caso se ha caracterizado por varias violaciones al debido proceso de Zamora y Gómez. Para detener al periodista, el MP montó un operativo que duró 7 horas, la audiencia de primera declaración fue suspendida en dos ocasiones y, en un principio la investigación fue declarada en reserva a solicitud de la Fiscalía, una herramienta legal usada para avanzar en la averiguación de casos y evitar la fuga de información. Sin embargo, la reserva tiene que ser la excepción y la regla debe ser la publicidad del proceso.
Sobre la situación de Jose Rubén Zamora, el MP ha dicho que no se trata de un ataque por su labor de periodista, no obstante, el 1 de agosto embargó las cuentas del medio que dirige.
El pasado miércoles en el Juzgado Séptimo Penal se realizó la audiencia de primera declaración del periodista y de la auxiliar fiscal de la FECI en la que se levantó la reserva del caso. Ahí se conoció que los abogados de Zamora, Mario Castañeda y Romeo Montoya serán acusados de conspiración para la obstrucción de la justica.
La audiencia se suspendió, pero a su salida Zamora declaró que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, le pidió a Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), el 15 % de Q33 millones que el MP le había embargado por un caso anterior en el que estaba implicado. Zamora dijo que García Navarijo es ahora testigo y colaborador de la Fiscalía en el caso en su contra, posiblemente porque fue presionado a declarar a cambio de que le entregaran el dinero.
Además, el presidente de elPeriódico dijo que este caso se trata de un montaje fabricado y diseñado con eficacia desde el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal general, Consuelo Porras y otras personas.
Violaciones al debido proceso en el caso de Zamora y Gómez
El día del allanamiento, los policías que participaron entraron a la vivienda de Zamora, ubicada en la zona 12, saltándose las paredes. Sus nietos, menores de edad y su nuera estaban de visita y se encontraban en el interior. La irrupción de agentes armados les causó sorpresa. Por este caso, su hijo José Zamora, presentó un amparo en contra del fiscal Curruchiche por la violación a los derechos de sus hijos, quienes fueron retenidos por 7 horas.
El operativo para la detención de Zamora comenzó alrededor de las 4 de la tarde. El periodista fue trasladado a Torre de Tribunales alrededor de las 11 de la noche, siete horas después de que iniciaran las diligencias en su vivienda. La audiencia para que un juez le informara los motivos de su detención no se realizó esa noche, sino hasta el sábado 30 de julio.
Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), señaló varias violaciones al debido proceso en contra de Zamora: no fue escuchado dentro del plazo constitucional, que es de seis horas; y una jueza le practicó una exhibición personal el sábado por la mañana.
En tanto, el lunes 1 de agosto, la audiencia de primera declaración se suspendió porque el juez de turno no trasladó el expediente al Juzgado Séptimo y el Sistema Penitenciario tampoco trasladó a Zamora y Gómez, de quienes se desconocía su paradero.
Sobre lo ocurrido, Rodríguez señaló que eso raya en una detención ilegal, porque fue una negligencia de ambos juzgados y que lo que se pretende es mantenerlo detenido, lo cual también es una violación al debido proceso.
Los abogados defensores, según reportó elPeriódico, tuvieron acceso al expediente 24 horas antes de su audiencia de primera declaración, programada para este 3 de agosto. Debido a que el caso estaba bajo reserva, la prensa no había podido tener acceso a los detalles del mismo, hasta que el juez Fredy Orellana, quien emitió la orden de captura, levantó la reserva del mismo.
¿Por qué criminalizan a Zamora y la auxiliar fiscal de la FECI?
La criminalización en Guatemala no es un fenómeno nuevo. Es un recurso de represión utilizado en contra de defensores de derechos humanos, del territorio, campesinos, dirigentes sociales y otros grupos por medio de la persecución penal desde hace más de una década en Guatemala. Se utiliza la criminalización para dar un mensaje a las personas para que nadie se atreva a organizarse, opinar y defender derechos. Por medio de este mecanismo se trata de neutralizar y controlar el descontento social, el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos, entre otros.
Hay múltiples ejemplos de cómo defensores y dirigentes sociales han sido criminalizados a través de los años, entre ellos el defensor Bernardo Caal, Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores; Lolita Chávez, la periodista Anastasia Mejía, Julio Gómez, autoridad chuj de Huehuetenango; dirigentes xincas de Santa Rosa, entre otros más.
En el arresto de Zamora, la narrativa del MP es que su detención no tiene nada que ver con su ejercicio periodístico. Sin embargo, tras su captura, personal del medio estuvo retenido por 16 horas, no se pudo imprimir el matutino ese día en las rotativas y las cuentas de elPeriódico fueron embargadas.
El periodista indicó tras su detención que se trata de un montaje sofisticado, ya que se está hablando de una alianza con una fiscal de la FECI a quien solo ha visto una vez. La versión de Gómez es la misma, que solo coincidió con Zamora en una ocasión.
La acusación en contra de Zamora es por lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y proposición y conspiración para el lavado de dinero.
La versión del MP es que tras una denuncia se hizo un seguimiento policial y se estableció que Zamora intentó hacer una transacción bancaria por un monto considerable de dinero. El fiscal Curruchiche también indicó que la detención del presidente de elPeriódico no tiene que ver con su ejercicio periodístico, sino en su calidad de empresario.
La línea editorial de elPeriódico se ha enfocado en la denuncia de diversos actos de corrupción y abusos de poder de los distintos gobiernos. El 24 de julio dicho matutino sacó en su sección “El Peladero”, una publicación sobre Miguel Martínez, quien dirigió el desaparecido Centro de Gobierno y a quien se le relaciona sentimentalmente con el presidente Giammattei.
La extensa publicación llamada “La fábula del Ogro y el Principito Azul que lo quería todo”, detalla todo tipo de beneficios que Martínez ha obtenido como pareja sentimental del presidente, ese pudo haber sido el detonante de la captura del periodista.
Cuando Zamora estaba a punto de ser llevado al centro de detención Mariscal Zavala, a prisión provisional, manifestó: Hoy me toca estar aquí, voy a ser testigo del ingreso de Giammattei y Miguel Martínez algún día.
Ese mismo día, el presidente de elPeriódico se declaró como preso político del gobierno de Giammattei.
La periodista y columnista, Marielos Monzón, señaló que la detención de Zamora fue para silenciar y acallar a elPeriódico en sus investigaciones de corrupción.
Durante el último año y medio, pero también en años anteriores, elPeriódico se ha destacado por las investigaciones en casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos que los poderosos no quieren que se sepa, indicó Monzón.
Esto, según la periodista, está muy claro al ver las portadas y las notas periodísticas, que lo que quieren es asfixiar al medio y que ya no pueda seguir investigando y publicando. El lunes 1 de agosto, elPeriódico informó que sus cuentas habían sido embargadas.
En el caso de Gómez, su detención, según el MP, fue por revelar información confidencial o reservada. Ella investigó el caso Bantrab, presentado en 2016, en el cual García Navarijo, el denunciante de Zamora, estaba señalado de formar parte de una estructura criminal formada por miembros de la Junta Directiva y particulares que se asociaron con el fin de saquear el patrimonio de Bantrab.
También investigó actos de corrupción de un caso conocido como “Arca”, sobre un desfalco de Q26 millones a Bantrab, una parte de ese dinero fue desviado para la campaña del Partido Patriota, por medio de una empresa que lleva el nombre de Arca. Por esta investigación también se giró una orden de captura contra Alejandro Sinibaldi. Según Juan Francisco Sandoval, este fue el primer caso que se operativizó tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en septiembre de 2019.
Sandoval, exjefe de la FECI, dijo que en el caso de la auxiliar fiscal es prudente esperar a conocer qué es lo que le imputan. Él describió a Samari como una persona muy diligente en su trabajo. “Desconozco cuál es la información que ella pudo filtrar y a quién. Porque en mi caso, cuando era jefe de la FECI, yo tenía que estar informado de lo que ocurría”, indicó.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló a Zamora de haber recibido Q200 mil de Bantrab “como parte de sus mecanismos de chantaje”. Según la FECI, en un principio Zamora dijo que recibió esta cantidad en concepto de préstamo, pero que no había ocurrido de esa manera.
La FECI señala a Zamora de haberse reunido con García Navarijo, ahora testigo del caso, el 9 de agosto de 2021, en una reunión en la que estuvo su contadora Flora Silva y los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya.
Según la FECI, “esta reunión se dio al ver que se había retirado de la FECI el señor Juan Francisco Sandoval, quien era el contacto a lo interno de la Fiscalía Especial con la auxiliar fiscal a cargo del procedimiento”, en referencia al despido injustificado de Sandoval de dicha Fiscalía.
“Zamora Marroquín estaba asustado porque podía ser involucrado en un proceso por lavado de dinero ya que mientras a otras personas en iguales circunstancias se le ligó a proceso, al señor Zamora jamás se le investigó a profundidad”, prosiguió la fiscal. Esto supuestamente por una “estrecha” relación que el periodista tenía con el exjefe de la FECI.
Sandoval dijo desconocer el trasfondo de dicha información “sino no es más que estigmatizarme y criminalizarme”. Además, lo calificó como una falacia.
En 2022, la fiscal general Consuelo Porras emprendió una persecución en contra de varios fiscales de la FECI que trabajaron con Sandoval y que apoyaron el esfuerzo de la CICIG. En esa Fiscalía, aunque quedan algunos trabajadores de esa época, están en riesgo, considera el exfiscal.
Gómez indicó a elPeriódico que su detención es parte de una cacería de brujas, que comenzó con la destitución de Sandoval. “Las personas que realmente estaban trabajando contra la impunidad saben que es así, no creo que haya alguien que diga que esto es objetivo. Tengo la solvencia de que mi trabajo en 12 años en el MP fue sin tachas ni sanción administrativa”, afirmó.
Reserva y publicidad de los casos
Una característica de los casos que Porras ha emprendido en contra de sus propios fiscales y la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo, es que el MP ha optado por pedir la reserva de los casos, lo cual no permite a la prensa ni a la ciudadanía, conocer los detalles de los mismos.
El abogado Rodríguez y consultor del ICCPG señaló que la reserva de un caso tiene que ser algo excepcional, en el que un juez debe acreditar la razonabilidad para dictarla. Pero si el juzgador no lo hace, su decisión de impedir el acceso a la prensa es violatoria a los derechos humanos.
Para la periodista Marielos Monzón, la reserva no se está dando para resguardar la investigación, sino para que no se sepa que no hay sustento en el caso y que se trata de denuncias espurias. Lo que el MP está tratando de hacer al resguardar esta información es que la gente no se dé cuenta que las denuncias no son sólidas, afirmó.
Por otra parte, también hace que las personas sindicadas no tengan una defensa adecuada. Esto se ha visto en casos de las exfiscales y fiscales de FECI, y es lo que se está viendo en el caso de Zamora, afirmó Monzón.
El abogado Rodríguez señaló que sabiendo que en el caso hay fuertes indicios de que sea una persecución política, se nota el interés por evitar que se conozcan las resoluciones y se mantenga una justicia secreta propia del proceso inquisitivo que es la que utilizan los gobiernos autoritarios y totalitarios. “Es un grave retroceso a la democracia que se esté abusando de la secretividad para evitar la fiscalización ciudadana”, dijo.
Ataques en contra de elPeriódico no son nuevos
En el contexto de los ataques a la prensa y la libertad de expresión, esta no es la primera vez que el medio y su director han sido atacados. En 2003, durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (2000-2004) cuando publicaron el artículo Ríos Montt: algunos apuntes y la investigación “La mafia y el ejército”.
En esa ocasión, personas vestidas de policías ingresaron a la casa de Zamora de manera ilegal amenazándolo. Su familia se exilió una semana después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al periodista por este caso.
Durante el gobierno del Partido Patriota (PP), según elPeriódico, su presidente fue víctima de vigilancia. A inicios del gobierno de Jimmy Morales, debido a información sobre un posible atentado en su contra, se quedó en el exilio por nueve meses.
En 2018, Zamora fue denunciado por Sandra Torres, entonces secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien usó la Ley de Femicidio para señalarlo.
En una publicación en Twitter dicho medio señaló que, en 2021, se activó una demanda en contra del periodista que ya había sido archivada en 2013, por una publicación que contrató el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La Contraloría General de Cuentas no encontró ningún indicio de delito, pero la demanda nunca fue desestimada y se reactivó, dijo ese medio. Esto con el fin de embargar las cuentas de elPeriódico y de cerrarlo.
Pero fue hasta 2022 que el régimen de Giammattei consiguió la captura de Zamora, bajo cargos de lavado de dinero, entre otros delitos. Y aunque el MP afirme que esta investigación no es por su labor periodística, el mensaje que envía al embargar las cuentas es contradictorio, porque le está quitando la posibilidad de comprar papel, insumos y de pagarle a sus trabajadores, indicó la periodista Monzón.
Hay una combinación muy perversa, no solo es en el caso de Jose Rubén, también en el de Carlos Choc, Anastasia Mejía, Sonny Figueroa, de jueces y fiscales que formaron parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad, donde se usa el derecho penal como herramienta de castigo y persecución contra periodistas, afirmó.
Pero las repercusiones del caso del presidente de elPeriódico han trascendido lo local. Un editorial del Washington Post, publicado el 4 de agosto de 2022, calificó a Zamora como uno de los más importantes contadores de la verdad en Guatemala y señala que su arresto es el más reciente y más descarado ejemplo de los ataques del gobierno a la prensa guatemalteca.
Mientras tanto, desde Guatemala miembros del gremio periodístico han manifestado su solidaridad con el presidente de elPeriódico y su equipo de reporteros, con la consigna “No Nos Callarán”, un mensaje que nació el año pasado para denunciar el acoso judicial, la fabricación de casos, campañas de descrédito e intimidaciones en contra de la prensa durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
