Prensa Comunitaria reunió en un conversatorio a periodistas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador para discutir la salud de las libertades de expresión y prensa en la región en uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo en la historia reciente.
Por Héctor Silva Ávalos
Fabián Medina, editor del diario La Prensa de Nicaragua, escribió, en su columna semanal, una sentencia aterradora al referirse a las amenazas que enfrenta el periodismo centroamericano, cercado por el acoso de los gobernantes, la criminalización y la cárcel. En Nicaragua, dijo Medina, se vive el futuro al que países como El Salvador de Nayib Bukele y la Guatemala de Alejandro Giammattei se aproximan, uno en que, para conveniencia de esos presidentes, ejercer el periodismo es un delito: “Es un tiempo en que un narcotraficante o un corrupto tienen más libertad que un periodista”.
Medina participó el lunes 8 de agosto en un conversatorio organizado por Prensa Comunitaria para abordar las graves amenazas que enfrenta el periodismo centroamericano. En la charla, titulada “¿Por qué los gobernantes de Centroamérica odian la libertad de prensa?”, también participaron Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); y Wendy Funes, directora del periódico digital Reporteros de Investigación de Honduras. Moderó Nelton Rivera, de Prensa Comunitaria.
En los últimos dos años, las libertades de prensa y expresión han sufrido retrocesos importantes, que coinciden con el crecimiento de gobiernos autoritarios en la región. Angélica Cárcamo, de El Salvador, lo ejemplificó al hablar de su país. En 2018, el centro de monitoreo de APES registró 75 vulneraciones a la prensa salvadoreña, la mayoría atribuidas a pandillas y crimen organizado. En 2021, hubo 219 vulneraciones, la mayoría achacables a agentes del Estado salvadoreño, encabezados por el presidente Nayib Bukele.
“La mayoría (de los ataques) provienen de los discursos de odio que el presidente publica constantemente a través de sus redes sociales”, dijo Cárcamo. “Es el Estado salvadoreño el que más vulnera los derechos de la prensa”, agregó.
Wendy Funes, de Honduras, explicó que en su país la violencia que ejercen los funcionarios contra la prensa alienta los ataques y hacen que estos se multipliquen. “Hay mucha violencia desde el discurso público y esto genera más violencia contra la prensa, que se traduce en agresiones físicas y en agresiones digitales de parte de los seguidores de esas figuras políticas”, explicó.
Si hubiese que hacer una clasificación de la violencia en la Centroamérica actual, Nicaragua ocupa el lugar más alto. Es el futuro nefasto del que habla Fabián Medina, un Estado en que hacer periodismo es un delito, un lugar del que los periodistas tienen tres caminos: la clandestinidad, el exilio o la cárcel.
Llegar ahí pasa por etapas intermedias, como las de acoso desde el poder político del que hablan Cárcamo y Funes.
Estos regímenes autoritarios, aseguró Medina, tienen que construir una narrativa política para la que utilizan ejércitos de comunicadores asalariados, troles o netcenters digitales, para, desde ahí, desprestigiar a los periodistas independientes que investigan a los autoritarios o los denuncian.
Nelton Rivera, director de investigaciones de Prensa Comunitaria, expuso que en Guatemala eso es, precisamente, lo que está pasando: las élites políticas y económicas han llevado al ámbito judicial la criminalización y las campañas de desprestigio que empezaron en las granjas de troles digitales. De hecho, el conversatorio ocurrió en el marco del proceso penal que el Ministerio Público guatemalteco, aliado del poder político encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, ha emprendido contra Jose Rubén Zamora, el director de elPeriódico, uno de los medios más críticos del país.
En el caso de Zamora, como ha ocurrido en Nicaragua, el proceso judicial es parte de una criminalización más sofisticada, que incluye el desconocimiento del periodista como tal para presentarlo ante el público como un delincuente y montarle casos por delitos complejos, como lavado de dinero, que es uno de los crímenes de los que el MP de Consuelo Porras ha acusado el periodista guatemalteco.
Algo similar ha ocurrido en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega mantiene intervenidas las instalaciones de La Prensa, entre otras cosas, con el pretexto de una investigación por lavado. Según Medina, es parte de una estrategia del régimen para ahogar financieramente al periodismo crítico.
También en El Salvador. Cárcamo, de APES, explicó que el gobierno de Bukele mantiene abierta una investigación por lavado a El Faro, el periódico digital que ha descubierto temas que son muy incómodos para el gobierno, como el pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18, casos de corrupción o los abusos cometidos durante un régimen de excepción que ha limitado los derechos constitucionales de los salvadoreños desde marzo pasado.
“Hasta la fecha no se lo han podido comprobar (la acusación de lavado). Hay inspecciones del ministerio de hacienda bastante abusivas”, explicó Cárcamo, quien recordó que los periodistas de El Faro tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el “hostigamiento de las instituciones estatales”.
En Guatemala, el caso del MP contra Zamora y elPeriódico está relacionado, precisamente, con un intento por criminalizar el financiamiento del medio de comunicación. Aunque las autoridades guatemaltecas han querido implantar la narrativa de que el caso contra Zamora no tiene que ver con su labor periodística, quisieron embargar las cuentas de El Periódico, algo que por ahora un juez ha desestimado.
Así se hace periodismo en Centroamérica en estos días, bajo la sombra de la persecución criminal desde los gobiernos.
Un llamado a la comunidad internacional
Redacciones nicaragüenses enteras que funcionan desde el exilio. Nueve periodistas salvadoreños obligados a salir de su país. La amenaza constante de la violencia letal que instauró el gobierno de Juan Orlando en Hernández en Honduras y la desarticulación en ese país del mecanismo de protección de periodistas. El uso de las fuerzas y los ministerios públicos en El Salvador y Guatemala para amedrentar. Es el futuro del que habla Fabián Medina. Un futuro, dice la salvadoreña Angélica Cárcamo, que ya es presente.
Medina apunta también que los ataques son parte de algo mucho más grande, que es la consolidación absoluta del poder; de la tiranía, en una palabra. En ese plan, los periodistas son un obstáculo. Medina utiliza una metáfora para describirlo: “Ellos quieren hacer sus fechorías en la oscuridad y los periodistas somos esa luz que ilumina el callejón donde van a asaltar; entonces tienen que tirarle una piedra a esa luz para que ya no se vea”. Algunos criminólogos, como la argentina Verónica Marchioni, han llamado efecto cucaracha a lo descrito por Medina: amenazados por la luz, los insectos se ven obligados a volver a la oscuridad, donde viven a gusto. De eso se trata en Centroamérica, de atacar a la prensa para que gane la opacidad.
“Somos atacados porque saben que los fiscalizamos. Nos tienen temor porque están ocultando algo”, dijo Cárcamo.
La periodista Funes, de Honduras, piensa que el caso de su país presenta un matiz por el compromiso que la presidenta Xiomara Castro adquirió, al tomar posesión del cargo, de respetar la labor de la prensa. Antes de Castro, Juan Orlando Hernández, hoy acusado por narcotráfico en Estados Unidos, había instaurado un régimen en el que los periodistas críticos fueron atacados, incluso asesinados, y los complacientes fueron recompensados.
En general, organizaciones internacionales de derechos humanos han reconocido en el retroceso de las libertades de prensa y expresión en Centroamérica una señal alarmante de la deriva en que vive la región.
Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió el mismo 29 de julio pasado, día en que fue detenido el periodista Zamora en Guatemala, que las autoridades guatemaltecas respetaran el debido proceso y las garantías judiciales. La relatoría también ha condenado el exilio de la redacción de La Prensa y los allanamientos a radios comunitarias católicas en Nicaragua.
Los periodistas que participaron en el conversatorio creen que los pronunciamientos de la comunidad internacional son importantes, pero insuficientes. Angélica Cárcamo, de la APES, explicó por ejemplo que la intervención de diplomáticos estacionados en El Salvador fue importante para que la Asamblea Legislativa, dominada por diputados de Bukele, echara marcha atrás en una ley de agentes extranjeros que, entre otras cosas, criminalizaba el financiamiento externo que reciben organismos de sociedad civil y medios independientes.
La periodista, sin embargo, lamentó que a la comunidad internacional le falte más audacia y beligerancia ante los Estados nacionales cuando hay agresiones explícitas contra periodistas. “¿Qué deben esperar que suceda en nuestros países para que se pronuncien cuando están atacando a periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Quieren que lleguemos a un escenario como Nicaragua?”, cuestionó Cárcamo.
Al final, los periodistas vieron en la articulación de colaboraciones regionales para no dejar de publicar y en la creación de redes de protección posibilidades para seguir adelante y sobrevivir a las nubes de autoritarismo que encapotan el cielo centroamericano.
