Por Paolina Albani
El Bufete de Derechos Humanos y la Asociación de Abogados Mayas presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que busca criminalizar, nuevamente, a Rigoberto Juárez, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional de Huehuetenango y a Ermitaño López, por haber participado en la resistencia de la instalación de tres hidroeléctricas en Santa Eulalia, en Santa Cruz Barillas y en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; que empezaron a funcionar sin haber realizado una consulta comunitaria. Un caso al que el Juzgado de Mayor Riesgo A, ya había dado sentencia absolutoria, en 2016.
Este nuevo amparo es contra la resolución de la Sala de Apelaciones de la CSJ, pues, excluyó, de otras acciones presentadas por la defensa, los submotivos legales de la participación de Juárez y López en la mediación de la resistencia Q’anjob’al, la cual inició en 2012, con la llegada del proyecto extractivo.
Esos submotivos tienen que ver con tres garantías constitucionales que están siendo violentadas. La primera, el derecho de los pueblos indígenas a resolver sus problemas según sus costumbres y forma de organización; el segundo, con el derecho a la libre manifestación; y el tercero, con el derecho a ser tratados con igualdad y sin discriminación.
“La Corte Suprema no quiere entrar a conocer los profundos temas que conciernen a los pueblos indígenas, por eso, es un acto discriminatorio. Hemos acudido aquí -a la CC- como la única forma para que se retracten. Esto se da en el contexto de criminalización de los pueblos indígenas en Huehuetenango”, refirió el abogado Santiago Choc, del Bufete de Derechos Humanos.
En 2012, con la llegada de las hidroeléctricas, inició la criminalización y violencia en contra de los pueblos que cuestionaban los megaproyectos extractivos que habían llegado a instalarse al lugar.
“Las comunidades de Barillas se opusieron a esto, porque no habían realizado una consulta previa. Entonces, la gente manifestó, pero, el Estado, en lugar de respaldarlos, lo que hizo fue criminalizarlos, denunciando y abriendo casos penales en contra de varias personas”, explicó Choc.
La decisión de la Sala de Apelaciones sorprendió a los abogados de la defensa, pues, no solo modificó la sentencia de la jueza Yassmín Barrios completamente, sino que los condenó por los delitos de instigación a delinquir, plagio, secuestro y más, dijo Choc.
Quien argumentó que esa decisión no era posible, pues solo un tribunal de sentencia, como es el de la jueza Barrios, tenía acceso a la prueba del caso.
“Para nosotros es evidente que hay una criminalización de parte del Ministerio Público y del Organismo Judicial”, sentenció el abogado.
Y en esto concuerda Juárez, quien dijo a Prensa Comunitaria que “el sistema de justicia se inclinó a favor de las empresas y los despojos en el territorio. Como autoridades asistimos para mediar y poner en evidencia la violación de los derechos de los pueblos. No fue posible, pues, el sistema de justicia arremetió en contra de nosotros y nos acusaron de varios delitos, especialmente, el Centro de Administración de Justicia, de Santa Eulalia”.
De la defensa del territorio, a la criminalización de dirigentes incómodos
En 2011, con la llegada de varios proyectos hidroeléctricos a Huehuetenango, Juárez empezó a denunciar los atropellos de las empresas en el territorio maya Q’anjob’al. Denunció a la empresa Cinco M, propietaria de la Hidroeléctrica San Luis, ubicada en Santa Eulalia; a Econer, dueña de Hidralia Energía; a Hidro Santa Cruz, en Barillas; y a Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., (PDHSA), dueña de los proyectos Pojom I y Pojom II, conocidos como Generadoras San Mateo y San Andrés, en Santa Mateo Ixtatán. En 2017, este último cambió de nombre y ahora se llama Energía y Renovación S.A.
En marzo de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le retiró el financiamiento por no reconocer la presencia del pueblo maya Chuj en Yichk´isis.
Juárez formó parte de las primeras mesas de diálogo con el gobierno de Otto Pérez Molina. Aunque la mesa llegó a consensos, el gobierno los incumplió al intervenir militar y policialmente al lugar. En mayo de 2012. Los comunitarios acusaron a la Hidro Santa Cruz de la muerte de Pedro Miguel, uno de sus líderes, y así, arreció el rechazo contra la construcción de una planta hidroeléctrica en el municipio
Esto dio paso a una fuerte represión estatal que derivó en la detención de varias autoridades comunitarias que encabezaron la oposición en contra de los megaproyectos. La organización del pueblo llevó a la conformación del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, que hoy Juárez integra.
Juárez fue detenido el 24 de marzo de 2015, junto a Domingo Baltazar, de Santa Eulalia, y permanecieron detenidos por dos años.
En 2016, el Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios, decidió liberarlos y ordenó no criminalizar las protestas pacíficas. Dos años después, en 2018, la Sala de Apelaciones anuló la sentencia al dar lugar a la apelación del Ministerio Público de Santa Eulalia, y reactivó el caso en contra de las autoridades de Huehuetenango.
“La Sala le dice al Tribunal que se equivocó, que ahora, son culpables. Esto no es posible en el derecho procesal penal, porque quien conoce la prueba es el Tribunal de Sentencia”, dijo Choc.
Desde entonces, la defensa ha presentado varios recursos para evitar que vuelvan a ser criminalizados como los alegatos técnicos, pero los ataques judiciales han persistido.
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