A un mes de la resistencia por los daños provocadas por las operaciones de empresas areneras y piedrinera a sus viviendas, las comunidades acordaron un punto de reunión para compartir y generar medios de conocimiento de sus derechos como pueblos indígenas.
Por Simón Antonio Ramón
El pasado 27 de julio se cumplió un mes desde que se instaló la resistencia de las comunidades del pueblo maya Poqomam de Chinautla, en la comunidad Santa Cruz, contra la extracción de materiales de construcción por parte de las empresas Arenera La Primavera y Piedrinera San Luis, que han provocado una serie de daños a sus casas, poniendo en peligro la vida de las personas que viven en ellas, además de provocar desplazamientos.
Las comunidades han sido sujetas de confrontación, amenazas y criminalización
A lo largo de estos 30 días han recibido apoyo de las organizaciones de derechos humanos, pero también amenazas por parte de las empresas areneras, personal de la municipalidad de Chinautla, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y trabajadores de las dos empresas.
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“Ha habido ocasiones diferentes, ha habido momentos de mucha presión que han querido confrontarnos y hacer violencia de esta manifestación, pero, gracias a dios ahora lo hemos controlado”, dijo el vocero de las autoridades ancestrales de Chinautla, Efraín Martínez.
La principal demanda de las comunidades de Chinautla es la cancelación definitiva de las licencias, debido a los evidentes daños por 25 años. “Tenemos la certeza de que aquí han sido violentados varios derechos, los daños ya no se pueden ocultar, entonces, tenemos la confianza de que algún ente puede ayudarnos a que esas licencias se cancelen”, dijo el vocero de las autoridades ancestrales.
La resistencia comenzó dos días después de que se venciera la licencia de operación de la empresa Piedrinera San Luis el 25 de junio, sin embargo sigue operando junto a otra, la Arenera La Primavera, cuya licencia venció el 13 de diciembre de 2021. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha dicho que las empresas pueden continuar sus operaciones porque las solicitudes de prórroga se presentaron previo a la fecha de vencimiento.
Otro criterio conocido como in dubio pro natura Derecho Ambiental, que prioriza proteger el ambiente ante una duda de acción o decisión que pueda afectarlo, el MEM, junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), realizan las diligencias para determinar, con las nuevas condiciones, si da prórroga de licencias de operación de las empresas o se cierra definitivamente.
Se ha denunciado que desde el primer día de la resistencia recibieron intimidaciones porque llegó al lugar personal del Ministerio Público (MP) para verificar si un trabajador de la municipalidad estaba retenido. En dos ocasiones la PNC llegó a indicarles que si no retiraban la resistencia sería desalojadas del lugar, aunque la misma está a la orilla de la carretera.
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Los otros actores que han intimidado a la comunidad han sido los trabajadores de las empresas, ya que desde el 27 de junio las comunidades decidieron impedir la circulación de camiones que transporten arenas, porque la licencia de las empresas ya se había vencido. Por eso, el lunes 18 de julio un día después que se realizó una caminata, se amontonaron por los dos lados de la resistencia, la mayoría venía del municipio de San Raymundo y otros municipios coaccionados según se denunció después.
Ese 18 de julio, las comunidades levantaron la resistencia, tras ser amenazadas en una mesa de diálogo, que podían ser desalojadas, pues las empresas pueden seguir operando, a pesar de que 10 días antes el mismo MEM había dicho que las empresas no había complido con los requisitos que exige la Ley de Minería.
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La población informó que el martes 19 de julio llegaron a la resistencia agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) bajo la excusa de notificar las denuncias contra siete personas, en el listado había nombres de personas que nadie conoce en la resistencia y una persona fallecida.
“Les pedimos tomar foto a ese documento y no nos dejaron hacerlo, porque les dijimos que íbamos a trasladarlo a los abogados que nos están acompañando, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos acá en Guatemala y no quisieron”, denunció Efraín Martínez.
No es la primera vez que se criminaliza a las personas que exigen respeto a sus derechos por los daños que han provocado las empresas areneras que operan en la comunidad. En el 2017 cuando una maquinaria escarbó cerca de las bases de un puente, provocó que se deslizara; las comunidades buscaron mecanismos para que la empresa reparara los daños, pero lo que hizo fue denunciar a dos comunitarios.
“A pesar de que hemos recibido amenazas, insultos, nosotros seguimos aquí todavía en la resistencia”, dijo una de una joven estudiante que asiste al lugar. “Trabajadores ahí de la arenera y otros vecinos camioneros de aquí, que van a extraer arena, por eso se han incomodado con nosotros”, señala la estudiante.
Resistir para construir comunidad
A pesar de las situaciones de intimidación que existen, las familias han acondicionado la resistencia a una forma de convivencia y de formación durante su estancia en el lugar. “La dinámica de hoy es de 8 de la mañana a 8 de la noche, estar aquí presente en la resistencia, ayudar a instalar el toldo y hacer pequeñas actividades para los niños, como pintar y estar al tanto de ellos para que no se vayan a aburrir”, indicó una vecina que da su testimonio a lo largo de este mes de resistencia.
“Hacer dinámicas para nosotras también para estar en la resistencia y en la lucha, concientizar a las personas, por ejemplo, de cuales son nuestros derechos como pueblos indígenas y entonces hacer talleres también para nosotros acá las mujeres”, afirma la vecina.
También señala que las personas que asisten a la resistencia han sido intimidadas de diferentes maneras y varias han recibido amenazas de muerte. “Hemos tenido amenazas porque nos toman videos, fotos de quienes estamos aquí y hay veces que hay carros que también nos siguen. Nos están vigilando por medio de cámaras dentro del vehículo, son carros que hemos visto salir de allá, los propietarios también van ahí, entonces, son personas que manejan que trabajan ahí”, denunció.
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Parte de los materiales que se extraen de las areneras van a las actividades comerciales de las empresas Mixto Listo y Cementos Progreso, así como a otras empresas, según las comunidades, que esperan que el dictamen del MEM sea la denegación a la solicitud de prórroga de licencias de operación a las dos empresas areneras.
El 28 de julio recibieron la visita de una delegación de observadores de derechos humanos que conocieron los planteamientos y demandas de las comunidades, que las llevaron a instalar la resistencia, posteriormente visitaron algunas casas afectadas por el movimiento constante de la tierra.
Una de las fechas claves es el 8 de agosto, cuando el MEM y MARN se comprometieron a entregar un dictamen a las comunidades en una citación en el Congreso. Mientras tanto las comunidades seguirán en la resistencia para demandar el cierre definitivo de las areneras, dado los daños que provoca en las viviendas, el medio ambiente y la división comunitaria desde hace muchos años.
