Por Francisco Simón Francisco con información comunitaria
Los desalojos violentos contra la población maya Q´eqchi´, no se detienen, en el municipio de El Estor, del departamento de Izabal. Este miércoles 6 de julio, el gobierno de Alejandro Giammattei desplegó a más de 1,200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la comunidad de Tz´inte´ Buena Vista, a solicitud de un finquero, que busca desalojar a 36 familias que habitan el lugar.
El desalojo no se llevó a cabo por la resistencia de los pobladores. Pero quedaron advertidos, que “muy pronto serán desalojados”.
El intento de expulsar a las familias fue ejecutado por el juez de Paz de El Estor, Selvin Leonardo Díaz Valdez, con la autorización de Edgar Aníbal Arteaga López, juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal.
Según el documento emitido por el juez Arteaga López, las 36 familias debieron ser desalojadas con el auxilio de la fuerza pública, es decir por la “PNC, ejército o fuerzas combinadas”, porque supuestamente se encuentran “usurpando la finca Tz´inte´”.
Desalojar a los pobladores que habitan la finca fue una petición del finquero, Luis Fernando Arriaza, quien asegura tener inscrita la propiedad a su nombre en el Registro General de Propiedad.
Mientras tanto, la llegada de los agentes de la PNC a la comunidad, generó pánico entre los pobladores. Los menores de edad fueron los más afectados, algunos se escondieron bajo la cama y otros se fueron a los matorrales. “Ver a los policías con armas, nos genera miedo y preocupación”, dice un dirigente de esa aldea.
En Tz´inte´ Buena Vista, también llegó el juez de Paz de El Estor, quien ejecutó la orden, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). Además de la presencia del finquero, Arriaza, acompañado de personas civiles. “Algunas personas llegaron con gorras pasamontañas y armas ocultadas”, denunciaron los comunitarios.
Al momento de hacerse presentes al lugar, las autoridades hablaron primero con las familias y les dieron un plazo de una hora, para que quitaran sus viviendas y pertenencias de la finca, de lo contrario serían desalojadas a la fuerza.
Sin embargo, las familias se negaron, con el argumento de ser las legítimas propietarias de la finca. “El finquero Arriaza registró a su nombre nuestra propiedad, ilegalmente”, gritaron. Por su parte, la PDH y COPADEH sugirieron al juez, que las familias fueran trasladas al polideportivo de El Estor, si así lo aceptaban.
Antecedentes que marcan la vida de las 36 familias
Las familias que viven en esa comunidad recordaron a las autoridades del gobierno que se trasladaron a la finca, porque en 2015 fueron damnificadas por un desastre natural. Solicitaron apoyo al Estado en ese entonces, pero aseguran que nunca fueron atendidas.
El desastre que recuerdan ocurrió en las aldeas de Jaulauté, Río Qixchan, las Quebradas, San Lucas, Tierra Colorada y Ciprés. Ese mismo año, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró inhabitables los lugares, pero algunos que no tenían otra opción de vida se fueron a otros departamentos.
Además de los desastres naturales, han sufrido varios intentos de desalojos. El primero fue en octubre de 2019, el segundo en julio de 2020 y la más reciente este 7 de julio. Por resistirse, algunos enfrentan procesos penales, ordenes de capturas solicitadas por la familia Arriaza. Sumado a estos factores, la crisis alimentaria traducida en desnutrición, pobreza y la falta de agua con la que tienen que lidiar diariamente, principalmente las mujeres.
