Por Edgar Gutiérrez Girón
Entre el 1 de julio 2021 y el 15 de julio 2022, 38 guatemaltecos han sido nombrados en la llamada lista Engel, que se deriva de una ley aprobada en las postrimerías de la administración Trump.
La lista pública es parte de un informe a los comités de asuntos exteriores y judiciales del Senado y la Cámara de Representantes, e incluye a “extranjeros que… han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción” de la justicia en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Ahora, después de la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sabemos que hay nombres que no se publican, bajo la premisa de no debilitar (aún más) la gobernabilidad. Hernández y varios de sus cercanos colaboradores estaban incluidos en la lista de julio 2021, y la persecución penal empezó en febrero pasado, cuando estaban desalojados del poder.
En el universo de amenazas a la estabilidad de las democracias en los países del norte de Centroamérica, no sabemos qué criterios emplea Washington para decidir quién sí y quién no -por el momento- aparece en la lista. Los señalamientos públicos son breves y generales.
Desconocemos el criterio de prioridad y sentido de oportunidad. O sea, el mensaje que Washington quiere trasladar. Tema aparte son los impactos de la lista Engel en estos países, en particular en el Estado de derecho.
Cuando se conoció la primera lista, mucha gente arqueó la ceja: acá no están los corruptos ni antidemocráticos más significativos, se comentó. La lista Engel que se filtró el 15 de julio y finalmente se oficializó ayer, dejó decepcionados a muchos.
Desde hace décadas está vivo el debate en Washington y en otras capitales sobre la eficacia de las sanciones contra agentes y países extranjeros. A los individuos, al cabo, los podrían extraditar, si cometieron delitos en EE.UU.
El espectro negro -tirando a gris- de los mencionados en la lista despierta incertidumbre, con dos probables efectos: compactación del Pacto, sorteando desaveniencias coyunturales, o aislamiento del Pacto por temor de contagio. La lista “del infierno” en regímenes políticos híbridos como el nuestro, si no va al hígado, resulta intrascendente en el corto plazo. Refuerza la soberbia de los países Chihuahua, aunque, entre tanto, las imágenes de Juan Orlando Hernández les despierten pesadillas.
En el caso de los guatemaltecos llama la atención que casi un tercio (12) de los citados en las dos listas son operadores de justicia activos (magistrados, fiscales y jueces) y otros diez han sido sindicados localmente de manipulación de la justicia. Siendo tan significativa la corrupción en el país, es claro que el tema para Washington es el Estado de derecho.
Por otro lado, en la lista Engel han sido nombradas personas clave de los presidentes de los otros tres países, pero, hasta ahora, no de Giammattei, a pesar de los pesares.
