Por Edgar Gutiérrez Girón
Esta vez en la designación del PDH Según la Ley de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos (Decretos 54-86 y 32-87), el sustituto de Jordán Rodas tuvo que haber sido designado por el Pleno, a más tardar, el martes 7 de junio.
Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos -que es la comisión de postulación del PDH- envió la terna casi un mes después (el 5 de julio) y no a la Junta Directiva, como dice la Ley, sino a la Comisión Permanente, por el receso parlamentario.
La Ley obliga a la Comisión a proponer la terna dentro del plazo de 60 días después de haberse instalado. Tomó posesión el 27 de enero, o sea que su deadline fue el 26 de abril. ¿Qué justifica el incumplimiento de la norma? No encuentro motivos.
Dado el calendario de facto el último día que tiene el Congreso para designar PDH es el 16 de agosto, cuatro días antes de que finalice el periodo constitucional de Jordán Rodas, quien ha estado más en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos gracias a los buenos oficios de Manuel Conde y Anibal Rojas, quienes infructuosamente quieren defenestrarlo.
Pero el incumplimiento de los plazos legales no es la única irregularidad. Hubo convocatoria pública y, sin causa a la vista, ampliación. La Comisión ni siquiera aprobó un cronograma. La tabla de gradación fue elaborada cuando ya se conocían los postulantes. Con justa razón cualquiera de los excluidos podría reclamar que esta fue confeccionada a la medida.
Desde 2019 todos los procesos de designación de los poderes de contrapeso del Estado han sido anómalos. Las Cortes del OJ están por aribar al tercer año de ejercicio inconstitucional.
La CC se integró a fuerza de elecciones en las que horas antes se encarceló al candidato independiente del Colegio de Abogados; se negó un antejuicio contra el representativo de una CSJ que opera fuera de mandato, y a la Junta Directiva del Congreso simplemente no le dio la gana juramentar a la magistrada Gloria Porras, legítimamente designada por el Consejo Superior de la USAC.
A esto le siguió en mayo la integración forzada en la nómina de Fiscal General de Consuelo Porras. La CC se arrogó atribuciones fuera de su competencia.
Tendríamos que declarar abiertamente que estamos bajo un régimen de ilegalidad. Desde que Jimmy Morales desobedeció una resolución de la anterior CC, la Constitución ha sido violada una y otra vez por los más altos responsables del Estado, incluyendo diputados y magistrados de las Cortes. Y sin consecuencias.
Los clásicos defensores de la Carta Magna brillan por su ausencia en los últimos cuatro años. Claudicar a la legalidad es abrir la puerta a la tiranía. Hay tiranías que buscan el favor del pueblo. La que acá se configura solo rinde tributo a la corrupción y al narco, su caldo de cultivo. Desprecia el pueblo.
