En el Congreso de la República se discuten dos iniciativas calificadas de regresivas que intentan facilitar la aprobación de construcción y proyectos en zonas protegidas desde hace décadas, además de favorecer a sectores religiosos para que no cumplan con requisitos de ley, la oposición a estas medidas apenas se está organizando.
Por Juan Calles
A propuesta de la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, se conocen dos iniciativas de reforma de ley, presentadas el 22 de abril de este año, que permitirían aprobar proyectos de construcción en áreas protegidas y en tierras comunitarias, reducir multas para quienes violen leyes ambientales y exonerar de estudios ambientales a las iglesias evangélicas.
Las iniciativas presentadas por la presidenta del Congreso, que contaron con el apoyo de diputados de la Junta Directiva, buscan trasladar la Rectoría en temas ambientales de instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), organizaciones de cuidan las cuencas de ríos y lagos, hacia el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Las instituciones antes mencionadas son integradas por una junta directiva que se conforma con representantes del Estado, sector privado, organizaciones de la sociedad civil que, de aprobarse la iniciativa 6054, concentrará en la figura del ministro de ambiente de turno, la decisión de aprobar o no proyectos de construcción, mineros o hidroeléctricos en áreas protegidas o tierras comunales.
Organizaciones que protegen el medio ambiente se han pronunciado en contra de dichas iniciativas que reformaría la ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente; la iniciativa 6055 ya fue presentada al pleno y pasó su primera lectura el 22 de abril de 2022, mientras que la 6054, ingresada el 23 de marzo, aún espera ser aprobada por la Comisión de Medio Ambiente Ecología y Recursos Naturales para luego pasar al pleno.
La iniciativa 6055 propone reducir los trámites para obtener licencias medio ambientales y solucionar las multas ya impuestas dando plazos para cumplir con sus pagos, así como permitir que iglesias puedan construir sin presentar estudios de impacto ambiental.
Mientras que la 6054, plantea trasladar la Rectoría de la protección de áreas protegidas al ministro de Ambiente y Recursos Naturales.
Algunas organizaciones de sociedad y diputados de oposición han mostrado su preocupación y rechazo a estas iniciativas de ley por considerar que afectarán gravemente el medio ambiente, además que carecen de sustento técnico y jurídico, porque no se consultó a la población que podría verse afectada y que contrario a la Constitución, no buscan proteger el medio ambiente, sino favorecer a ciertos sectores empresariales, industriales y religiosos.
Además de todo ello, el presupuesto de las instituciones como el CONAP, INAB, y otras pasaría al MARN duplicándose a Q260.2 millones a Q 460 millones.
Para el diputado de la bancada Semilla Luis Fernando Pineda, miembro de la Comisión de Medio Ambiente Ecología y Recursos Naturales, no hay garantía que el MARN actúe de forma transparente, especialmente, dice, si para brindar una licencia ambiental se tardan de 3 meses o 3 años.
“La tierra es sagrada, hemos luchado por ella y lo seguiremos haciendo”
Luisa Santos, de la organización ecologista Raíz de Yaxcha, en una conversación con Prensa Comunitaria expresó su preocupación por la aprobación de las iniciativas 6054 y 6055 y, por el daño ambiental pero también porque temen perder sus tierras.
“Yo he visto a mi mamá trabajar la tierra, de sol a sol, a todas las mujeres de aquí de Poptún Petén, no me parece justo que sin consultar nos vengan a decir que podemos hacer o no en nuestra propia tierra”.
Santos también menciona las recientes tragedias sucedidas en el país a raíz del cambio climático, y se pregunta qué pasará si se continúa con el deterioro ambiental, si se aprueba la construcción de megaproyectos en áreas protegidas de la biosfera maya, de las cuencas de los ríos y lagos, “Nosotras no tenemos toda la información, pero conocemos de las intenciones que han tenido por años de construir grandes proyectos en Petén”, mencionó.
En su opinión, centralizar el control de la aprobación de proyectos en áreas protegidas es darle mucho poder al MARN “que no solo ya es ineficiente, sino le quitarían el poder al INAB y al CONAP que si han hecho un buen trabajo protegiendo la naturaleza”.
“Para mi mamá esta tierra es sagrada, para mi esta tierra es sagrada, para las mujeres que trabajamos aquí en Petén esto es sagrado, no es una opción que nos vengan a decir qué hacer con nuestra tierra”.
Santos comentó que buscan alianzas en Cobán y Quetzaltenango para rechazar la aprobación de las iniciativas que, a su criterio, no traen beneficios a la población sino únicamente a ciertos sectores de poder económico.
Las iglesias podrían construir sin presentar estudios ambientales
Bajo el argumento que existe demasiada burocracia, las iniciativas de ley, proponen que se exima de presentar estudios de impacto ambiental a las iglesias y a otros sectores económicos sin ser específica.
En la argumentación presentada a la comisión de medio ambiente se lee: que “excesivos trámites y procedimientos administrativos constituyen un obstáculo para el desarrollo de actividades profesionales. En algunos casos son un obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades profesionales, comerciales, industriales o culturales”.
Para el diputado Pineda estas iniciativas son regresivas pues se quitan sanciones y límites a algunos sectores mientras el mundo entero busca formas de frenar el deterioro ambiental.
“¿Cómo es posible que lejos de legislar para garantizar el cumplimiento de las sanciones y para verificar que el cumplimiento y sanción sean efectivas, estemos quitando controles? cuando sabemos que a nivel mundial atravesamos una crisis ambiental por el cambio climático y siendo Guatemala uno de los 10 países más vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático”, opinó el legislador.
Pineda como parte de la comisión legislativa de medio ambiente consiguió que retiraran un artículo de la iniciativa 6055, que eliminaba las multas para los infractores de leyes ambientales. Sin embargo, la iniciativa ya pasó su primera lectura en el pleno.
“Aprobar estas iniciativas sería muy riesgoso porque sería trasladar todo el poder de decisión a un solo ministro, y sabemos que los ministros siempre están bajo la presión de índole político, económico, de intereses sectarios, sabemos que los ministros no siempre buscan el beneficio común y estas son leyes regresivas, porque se debe buscar la descentralización del poder público pero esta iniciativa hace exactamente lo contrario”, concluyó Pineda.
La organización petenera Raíz de Yaxcha publicó un video en el que explican sus preocupaciones al respecto de las iniciativas 6054 y 6055.
#URGENTE: Pretenden aprobar las iniciativas 6055 y 6054 que dejará a 15 mil personas sin empleo, además de dar poder y control al Ministerio de Ambiente de nuestros recursos naturales. Denunciemos y corramos la voz la Pachamama nos necesita. pic.twitter.com/4p3bXXjjsi
— Raíz de Yaxcha (@raizdeyaxchagt) July 21, 2022
A nivel mundial los esfuerzos se centrar en minimizar los efectos ambientales del cambio climático, en especial los daños y cambios ocasionados por la interacción de la humanidad con la madre tierra, pues se sabe que los efectos aumentan el riesgo de pandemias y deterioro del planeta, mientras el congreso de la república se propone caminar para atrás y de espaldas a la población.
