Diputados del Pacto de Corruptos insisten en remover al PDH; Rodas dice que todo es producto de una vendetta

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Créditos: Archivo Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

Once diputados de los 19 que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso insisten en remover a Jordán Rodas, de su cargo como procurador de Derechos Humanos, a menos de dos meses de que este termine el período constitucional de cinco años. Esta vez, congresistas vinculados al Pacto de Corruptos, liderados por el diputado de ultra derecha, Antonio Arenales Forno, presentaron un oficio en el que recomiendan al pleno del legislativo la “cesación” del PDH. Pues, alegan que omitió remitir a la comisión el “Informe Anual Circunstanciado de Actividades de la PDH”, de la “Situación de los Derechos Humanos en el país” y otros informes, hecho que el procurador desmintió en redes sociales. En entrevista con Prensa Comunitaria, Jordán Rodas se refirió a la vendetta política que hay detrás de los intentos de destitución.

Por Paolina Albani

“Esta recomendación -de la destitución- surge de la falta de respuesta reiterada del Procurador de los Derechos Humanos al oficio enviado, identificado con la referencia AFA/Oficio.0102/2022 de fecha 4 de mayo de 2022, en el que se requirió que remitiera informe dentro del perentorio plazo de cuarenta y ocho horas”, indica el documento firmado por 11 de los 19 integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que buscan la destitución de Rodas y que, durante los últimos meses, se han encargado de lanzarle requerimientos y citaciones para interferir con su labor.

Rodas, por su parte, se defendió en redes sociales y publicó la foto de un oficio fechado el 4 de febrero de 2022, firmado por Arenales Forno, en el que acusa de recibido dicho informe.

Este fue enviado a la comisión el 31 de enero pasado y, tras cinco meses de espera, todavía no ha sido conocido por el pleno del Congreso. Ni siquiera le han convocado para dar lectura al documento, dijo el procurador.

A finales de mayo, la comisión citó a Rodas para que rindiera otro informe. Uno sobre su participación como aspirante a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), pues sospechan que utilizó recursos y personal de la PDH para realizar la campaña política. El procurador no se presentó a la citación porque había viajado a la IV Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, en Quito, Ecuador, organizada por la Defensoría del Pueblo Local y la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), de la cual es integrante.

En su lugar acudió Miriam Roquel, procuradora adjunta I de la PDH, pero Rodas dijo que los comisionados no la dejaron hablar y que fue discriminada por ser mujer indígena.

La comisión votó el 31 de ese mes, para recomendar al pleno del Congreso que revoquen el mandato de Rodas, por no haber asistido a la citación. Él todavía no ha sido notificado, pero sabe que “no hay causal de remoción” en los argumentos de los comisionados.

Previamente, el 25 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos envió a Rodas cinco preguntas sobre este tema, específicamente, pidió saber si solicitó licencia o permiso de ausentarse para desarrollar la campaña como aspirante a rector, con goce de salario.

El procurador respondió en el oficio 574-2022/PDH.AJRA, que las actividades de su candidatura fueron desempeñadas en días de vacaciones, por lo que no interfirió con sus funciones como procurador. Y negó haber utilizado recursos de la PDH para actividades proselitistas.

Al enterarse de la intención de destituirlo, Rodas presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para detener su salida de la PDH y para que la corte ordene que “cese la amenaza” de remoción.

Ya una vez, en 2018, la CC otorgó un amparo a tres diputados de la oposición, del extinto partido Convergencia por Guatemala, que buscaban evitar que el procurador acudiera a una de las citaciones de la Comisión de Derechos Humanos, por no haber aclarado los motivos de su entrevista.

El 7 de julio, la Comisión Permanente recibió la petición de los diputados para remover a Rodas y solicitaron que el tema fuera agendado para la próxima sesión de la comisión. Si decidieran presentar la propuesta a la orden del día del pleno para discusión y aprobación, necesitarán el voto de 107 diputados para destituir al PDH.

Una vendetta política

En entrevista con Prensa Comunitaria, Rodas dijo que la comisión quiere una vendetta política, específicamente, el diputado Manuel Conde quien “quiere agarrar protagonismo” pues, desde ya, se perfila como el candidato predilecto de Alejandro Giammattei y de la alianza oficialista para las Elecciones Generales de 2023.

“Ha querido figurar a partir de sacarme a mí y encontró eco en 10 diputados más de la comisión”, dijo. Además, “están protegiendo a Walter Mazariegos porque lo evidenciamos como rector ilegítimo. Lo que ocurrió en la USAC fue el laboratorio experimental del fraude que quieren hacer en las elecciones generales del otro año”.

El entrevistado comentó que los intentos de remoción están relacionados no tanto con su actuar como procurador sino con su participación como aspirante a la rectoría de la USAC, pues eso contravendría los planes del Pacto de Corruptos, que sigue presionando para cooptar a todas las instituciones del estado.

Prueba de esto sería, dijo, que durante 20 años la elección de rector de la USAC pasó desapercibida, a pesar de ser un gran botín que representa negocios y poder político, y que su postulación significó botar las piezas del tablero de la mafia que se ha querido consolidar en la universidad.

“En la campaña dije: fuera a las mafias de la USAC, eso les enojó a los corruptos”.

Pero el rechazo de la conservadora y ultra derecha hacia Rodas no es nuevo, pues desde 2017, año en que inició su mandato, se volvió en una piedra en el zapato del gobierno y del poder económico.

“Le he sido incomodo a los gobiernos de Jimmy Morales y ahora de Giammattei, quienes no terminan de entender el rol del PDH. Los gobiernos piensan que uno debe estar a su servicio, sin cuestionar nada. Durante estos años, la PDH ha obligado al gobierno a comprar insumos para atender la crisis de la COVID 19, también hemos tocado el tema del abuso de Energuate en los cobros por la luz eléctrica, la opacidad de las portuarias, el nepotismo del Tribunal Supremo Electoral. Estoy satisfecho de haber mantenido la independencia estos 5 años”, expresó.

Rodas también afirmó que la persecución y acoso que hoy enfrenta es contrastante con el apoyo que recibió al asumir el cargo en agosto de 2017, pues de 133 diputados presentes en el Congreso, 131 le dieron su voto. La totalidad de los 13 partidos políticos que integraban la Comisión de Derechos Humanos ese año, votó por él.

“La luna de miel duró poco. A la semana siguiente de haber sido electo, fue el triste amanecer con esa funesta declaración de Non- Grato de Jimmy Morales en contra de Iván Velásquez”, recordó.

Su apoyo a la CICIG y a la lucha anticorrupción fue lo que inició el rechazo en su contra, pero se mantiene firme en un principio: “No se puede permanecer tibio ante la corrupción, los términos medios no se valen”, dice.

Desde su llegada a la PDH hasta la fecha, Rodas ha contado siete intentos de remoción que no han llegado muy lejos dentro el Congreso, pues representan un desgaste y en esas ocasiones, casi siempre, ha pesado más la madurez política.

“Estoy a dos meses que se venza el mandato constitucional del PDH. Sería una vergüenza para Guatemala, internacionalmente, que me remuevan. Habría reacciones nacionales e internacionales. Los partidos tendrán que evaluar, hasta qué punto, les conviene sacarme por el desgaste que conlleva”.

Los 11 de siempre

Los 11 diputados que firmaron el oficio que solicita la “cesación” de Rodas en el cargo son los mismos políticos que en el pasado han accionado para removerlo como titular de la PDH. Estos diputados pertenecen a partidos políticos conservadores de ultra derecha como Valor, VIVA, UCN, FCN-Nación, Unionista (creado por el expresidente Álvaro Arzú), entre otros.

Al respecto, uno de los integrantes de la comisión que forma parte de la oposición y que se autonombró disidente de la propuesta de cesación de Rodas, confirmó que el PDH presentó los informes que la comisión solicitó (el informe anual y el informe de su candidatura a la USAC) y consideró que la insistencia por removerlo del cargo “es una argucia para amedrentarlo”, pues no hay sustento legal y jurídico en ella.

Las motivaciones para solicitar la destitución de Rodas son variadas, dijo.

En parte, “quieren dejarlo mal porque ha sido uno de los aliados de la lucha anticorrupción. No le perdonan que defendiera a la CICIG y al embajador de EE.UU. -este último también apoyaba la lucha contra la corrupción- con acciones de amparo”.

Por otro lado, hay una revancha política en su contra, pues no se imaginaron el apoyo que Rodas recibiría como aspirante a la rectoría de la Usac.

“Para ellos, -su postulación- fue un actuar contrario a sus intereses”.

En esta solicitud de remoción no descartó la aplicación de estrategias para distraer la atención ciudadana del proceso de designación del nuevo PDH, justo ahora que la comisión aprobó la terna de candidatos a la Procuraduría.

Pese a que Rodas terminara el plazo del cargo en agosto próximo, la fuente a lo interno de la comisión expresó que “le tienen un odio tremendo al actual procurador” y que “para ellos sería un triunfo que, a unos días de dejar el cargo, logren sacarlo. No les importa que sean horas o días porque consideran que sería un triunfo verlo derrotado. Hay un nivel de perversidad extremo -en ellos-”.

A lo largo de este año, Rodas ha ocupado la mayoría de las conversaciones que se han sostenido a lo interno de la comisión y eso ha provocado que temáticas de derechos humanos a nivel nacional queden desatendidas, dijo. Estimó que entre un 75% y 80% de las reuniones que han realizado, han girado en torno al PDH.

“No falta el diputado que lo saca a relucir. Casi siempre es el diputado Aníbal Rojas -de VIVA- y Manuel Conde -del PAN-. El año pasado era Lucrecia de Palomo. Desde entonces, siempre salía en agenda llevarlo ante el pleno”.

Jugadas viejas y aprendidas

Llevarlo ante el pleno no es una jugada nueva. De hecho, el 7 de julio de 2020, quienes integraban la comisión ese año, decidieron solicitar a la Comisión Permanente que Rodas fuera citado al pleno argumentando que rindiera cuentas “sobre su actuar al frente de la institución que debe velar por los derechos humanos, y que a criterio de los diputados solicitantes no lo está cumpliendo”.

Los diputados, entonces, recriminaron a Rodas extralimitar sus funciones dando posturas favorables a ciertos grupos de la sociedad. Específicamente, por distribuir un manual de “Derechos Humanos, derechos sexuales y reproductivos, con atención a embarazos en niñas y adolescentes”, que organizaciones próvida argüían que promovía el aborto.

Rodas ha sido citado por la comisión de manera persistente desde 2018. En 2019, el PDH abandonó la reunión por falta de quorum y el diputado Álvaro Arzú señaló que cometía el delito de flagrancia.

El escenario se repitió un año más tarde.

A Rodas le quedan 44 días en el cargo, un puesto al que llegó con el apoyo de 131 diputados del Congreso, algunos de los cuales ahora lo perciben como un enemigo. Esta situación lo ha llevado a reconocer que el puesto que ha ocupado en los últimos cinco años, “en un país en donde la nube negra del autoritarismo está creciendo y los espacios democráticos se cierran, es una tarea cuesta arriba”.

Sin embargo, sus ánimos no decaen. El respaldo que dijo necesitar, ya lo tiene: el de la gente de a pie, de los estudiantes y de la comunidad internacional. En este juego político tener el apoyo de quienes hoy quieren sacarlo, “quienes manejan a Guatemala como una finca”, sería la señal inequívoca de que ha perdido el rumbo y, eso, aseguró, no sucederá.

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