Diputado Manuel Conde realiza campaña anticipada mientras intenta cesar a PDH Rodas

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Créditos: Fotograma.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Regina Pérez

El diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se ha convertido en uno de los críticos acérrimos de Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, a quien ha cuestionado por haber participado en las elecciones a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y ahora promueve su cesación en el cargo.

Mientras promueve su ataque a Rodas, el diputado Conde participa en actividades proselitistas que ya pueden considerarse campaña anticipada de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Al diputado se le ha visto acompañando al mandatario Alejandro Giammattei en algunas giras de trabajo, así como junto a otros miembros del partido Vamos, del partido oficial.

El 18 de abril de este año, Conde participó junto al presidente en una gira de trabajo en Sacatepéquez, donde acompañó al mandatario a la inauguración de un centro de salud en la aldea Santa María Cauque, del municipio de Santiago Sacatepéquez.

Varios medios de comunicación han resaltado que Conde acompaña a Giammattei con la mira puesta en ser el próximo candidato presidencial del partido oficial en las elecciones generales de 2023.

Conde estuvo en un evento el pasado 27 de junio, en una jornada de afiliación para el partido Vamos, en Cajolá, Quetzaltenango, donde hizo un llamado a la unidad nacional. “El presidente Alejandro Giammateti, el día de su toma de posesión preguntó, ¿y si nos unimos por qué no? Y yo creí en ese llamado y nos unimos primero en el Congreso para hacer una alianza por Guatemala que ha permitido al Congreso trabajar por todos los guatemaltecos”, afirmó el diputado.

En esa actividad también estuvo Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, quien fue nombrado presidente del Tribunal de Honor del partido Vamos en noviembre pasado.

La exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenia Mijangos, considera que Conde sí incurre en campaña anticipada. Es campaña según el artículo 223 de las prohibiciones de la Ley Electoral, del inciso f), que establece que está terminantemente prohibido a los funcionarios y empleados públicos dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, dijo Mijangos.

El pasado 4 de mayo, Conde volvió a participar junto a Giammattei en una actividad pública en Cuilapa, Santa Rosa, donde entregaron notificaciones del Programa del Adulto Mayor.

Según la exmagistrada, en el caso de diputados ellos tratan de evadir ese artículo diciendo que no son funcionarios o empleados, sino que son dignatarios de la nación, pero eso, dice Mijangos, no es válido.

La exfuncionaria también citó el artículo 223 bis, que establece que está prohibido a los funcionarios públicos la utilización de colores que identifican a un partido político en las actividades, papelería, medios electrónicos o cualquier publicación en la que se identifique o dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales. “La realidad es que sí está cayendo en una prohibición”, opinó Mijangos.

El PDH como objetivo político

Mientras participa en proselitismo, Conde, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, critica al Procurador porque supuestamente tomó una licencia para participar en las elecciones a rector de la USAC. Rodas ha confirmado que tomó unos días de vacaciones, no obstante, dicha respuesta no ha sido satisfactoria para algunos miembros de la Comisión, que ahora piden su cesación en el cargo.

Jorge Santos, defensor de derechos humanos, señaló que hay varios elementos en Conde que resumen las características propias de la alianza oficialista y de los conservadores que la componen. “La doble moral, la falta de decoro al pregonar algo en sus palabras, pero su actuar va por otra vía, es muy típico de los personajes al conservadurismo”, señaló.

Santos opinó, por otor lado, que Rodas goza de derechos civiles y políticos como cualquier ciudadano guatemalteco e hizo uso de sus vacaciones para sus actividades profesionales o políticas.

“A diferencia de un diputado que, en el ejercicio de sus funciones en pleno desarrollo del periodo ordinario de sesiones del Congreso comete un delito, una ilegalidad, al utilizar los recursos del Estado, porque es el periodo donde él estuviera laborando en el Congreso y no haciendo campaña electoral a favor de un partido”, dijo.

Diputados del Congreso, Ministerio Público y Consejo Superior Universitario intentan que Jordán Rodas no llegue a la rectoría

El pasado 17 de abril, Jordán Rodas, tomó cuatro días de vacaciones para participar en las elecciones de la segunda fase a rector de la USAC, en el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC).

Esto le generó una primera crítica de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, principalmente de Conde, quien señaló que Rodas no pidió una licencia al Congreso para ausentarse y participar en las elecciones a rector de la USAC y de usar recursos de la PDH para su campaña.

La Comisión le pidió al Procurador rendir un informe en el que explicara sobre la licencia que solicitó para participar como candidato a la USAC. Rodas, por su parte, pidió una aclaración y la certificación del acta de dicha reunión, luego de que algunos diputados señalaron que la solicitud para pedir dicho informe no tenía el quórum de todos los integrantes de dicha Sala.

PDH responde a diputados de la Comisión de DDHH que pidieron informe por sus vacaciones

Conde apoyó, el 25 de mayo pasado, citar al Procurador para que informe sobre su participación en el proceso electoral de la USAC mientras se desempeñaba en el cargo. En esa sesión se conoció que el Ministerio Público (MP) también estaba realizando indagaciones.

El pasado 6 de julio, once diputados de la Comisión de DDHH enviaron a la Comisión Permanente del Congreso una recomendación para la cesación de Rodas en el cargo, con el argumento de que  nunca envió una respuesta al oficio enviado el 4 de mayo de 2022, en el que se le requirió que remitiera informe dentro del plazo de 48 horas, “el cual sin sustento fáctico y jurídico se negó a entregar en el plazo fijado”.

La mayoría de los integrantes de la Comisión son parte de la alianza oficialista, conocida también como “pacto de corruptos”. La preside Antonio Arenales Forno de Valor y la integran los diputados Aníbal Rojas de VIVA, Álvaro Arzú del Partido Unionista, Rodolfo Neutze de CREO, Javier Hernández y Julio César Escobar de FCN-Nación.

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