En una citación convocado por el diputado Aldo Dávila en el que se presentaron funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), un comunitario denunció que él y otras autoridades fueron amenazadas de muerte por Neto Montoya, propietario de Piedrinera San Luis; además, el abogado Rubén Domínguez que acompaña a las comunidades denunció que el MEM no está teniendo en cuenta un principio de protección al ambiente de una ley aprobado por el Congreso en 2013.
Por Simón Antonio Ramón
Este 21 de julio el diputado independiente Aldo Dávila citó a representantes del Ministerio de Energía y Minas, de CONRED, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y a la alcaldesa de Chinautla, para discutir sobre el impacto de las empresas areneras en el municipio.
A la reunión también estaban citadas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y la alcaldesa de Chinautla, Brenda del Cid Medrano, pero no se presentaron.
Un comunitario denunció que él junto a otros comunitarios de la comunidad Santa Cruz, han recibido amenazas de muerte por parte de Ernesto Montoya, propietario de la empresa piedrinera San Luis.
“Yo les digo a estas instituciones que les hago responsable de la vida de Chinautla. Porque a nosotros ya nos amenazaron, ese señor, el dueño de la mina nos amenazó de muerte, incluso convocó gente de San José Nacawil, por medio de la alcaldesa, a otros de sanmartineros, de Chuarrancho, San Raymundo, para hacernos la vida imposible y ponernos los camiones para que nos sintamos presionados”, denunció.
Por otro lado, una interpretación a la Ley de Minería por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha favorecido a las empresas areneras que operan desde hace 25 años en el municipio de Chinautla. El beneficio que se emitió a favor de las areneras, está establecido en el artículo 28 de la Ley, al mencionar que toda solicitud que llegue antes que se venza la licencia les permite continuar operando.
Sin embargo, esta interpretación se puede anular al aplicar el principio in dibui pronatura, al que se unen los convenios internacionales ratificados por el Estado en materia ambiental y varias leyes conocidas como el bloque de constitucionalidad.
El abogado Rubén Domínguez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que asiste legalmente a las comunidades de Chinautla, en su intervención en la citación del diputado Dávila dijo que el principio in dibui pronatura existe en el derecho ambiental, específicamente en la ley marco para ese tema.
El principio que menciona el abogado Domínguez obliga a las instituciones “que ante la duda que una acción u omisión pueda afectar el ambiente o los recursos naturales, las decisiones que se tomen deben ser en el sentido de protegerlos”, según el inciso a, del artículo 6 de la Ley marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero.
“En nuestro saber y entender hay un hecho notorio contra el pueblo de Chinautla. Esto tiene un fondo discriminatorio, se está privilegiando un pequeño grupo en detrimento del interés social, aquí el interés social y el bien común se está evitando, son los que deben prevalecer”, dijo el abogado en su intervención.
“Nosotros consideremos que se debe emitir una medida precautoria en favor de toda el área de Chinautla, y que debe ser objeto de recuperación, porque hay un deterioro que se reduce en un exterminio del agua, la biodiversidad y el deterioro de la vida misma y la degradación social”, mencionó el abogado. Además, cuestionó la interpretación que hace el MEM de la Ley de Minería sobre la Constitución, convenios y tratados internacionales y leyes nacionales que se unen al bloque de constitucionalidad.
Ingrid Laso, de la organización comunal, denunció que en la mesa de diálogo, del lunes 18 de julio, en la Comisaría 12, que se había programado a las 2 de la tarde inició minutos antes únicamente entre el MEM, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el dueño de la empresa piedrinera San Luis, Neto Montoya, por lo que dijo, sospechaba de sobornos a los funcionarios que ponen a las familias en vulnerabilidad.
Mientras se desarrollaba la citación, en la calle las comunidades realizaron un plantón donde pedían a las instituciones escuchar sus peticiones, la cancelación de la licencia de las empresas areneras.
#ResistenciaChinautla ✊🏽 El diputado @aldodavila_gt Dávila citó esta mañana a representantes del ministerio de @MEMguatemala @ConredGuatemala @marngt y a la alcaldesa de Chinautla, para discutir sobre el impacto de las empresas areneras en el municipio.
🧵Hilo👇
📸 S. Antonio pic.twitter.com/6AKKcv6c5a— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) July 21, 2022
Los delegados del MEM encabezados por el subdirector de Minería, se comprometieron a analizar la situación tanto técnica y jurídica junto al MARN, y para el 8 de agosto, emitirán un informe sobre las acciones que implementarán en este contexto de conflictividad y deterioro ambiental que viven las comunidades de Chinautla.
Las comunidades han recibido varias intimidaciones y amenazas desde que iniciaron con resistencia, el 27 de junio, de parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Policía de Tránsito de la Municipalidad de Chinautla, y del Ministerio Público, y recientemente, según un comunitarios, del dueño de la piedrinera San Luis.
Entérese más aquí:
Comunidades de Chinautla suspenden resistencia, pero no detienen la defensa del territorio
