Por Regina Pérez
El presidente Alejandro Giammattei viajó a Washington, capital de Estados Unidos, la última semana de junio. En su visita aprovechó para cabildear a favor de su gobierno con grupos de extrema derecha y opositores a la administración de su homólogo, el demócrata Joe Biden. El periplo del mandatario incluyó su participación en una sesión protocolar del Consejo Permanente de la OEA y en la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa.
Durante su estadía en Washington, el mandatario dio una entrevista al medio de ultraderecha, Breitbart News, considerado una de las principales herramientas de propaganda del conservadurismo nacionalista estadounidense afín al expresidente republicano Donald Trump. En esa charla, Giammattei sugirió que el presidente Biden permite la entrada de drogas a Estados Unidos a cambio de negociar petróleo.
En sus intervenciones, el presidente de Guatemala habló sobre diversos temas que disgustan a su gobierno, se quejó por reclamos que ha hecho la administración Biden en temas de corrupción e impunidad y atribuyó sus desavenencias con Washington a una especie de conspiración por la agenda antiderechos reproductivos de su gobierno. Pero en el tema que mostró mayor beligerancia fue en la inclusión de Guatemala en la lista negra de países que violan los derechos humanos en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Según dijo Giammattei en una entrevista a Canal Antigua, su mensaje a la Comisión es que retome el papel que le corresponde y que no trate de convertirse en una cuarta instancia judicial. “Nosotros tenemos leyes, somos un Estado democrático, tenemos una Corte de Constitucionalidad, pero no puede venir alguien y decirle a un Congreso de la República, ‘usted no discuta esa ley’ o no puede decirle a un sistema judicial ‘usted no juzgue a esta persona’”.
Aquí una serie de afirmaciones del mandatario que pueden catalogarse como engañosas:
1). En la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 28 de junio, Giammattei arremetió en contra de la CIDH por haber incluido a Guatemala en la lista negra de países que violan los derechos humanos, junto a Nicaragua, Venezuela y Cuba, en el capítulo IV b.
Según el mandatario, Guatemala fue incluida en la lista por haber firmado el llamado consenso de Ginebra. En la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa, el mandatario señaló: “Yo soy violador de los derechos humanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque firmé el Consenso de Ginebra y porque tenemos una política que protege la vida desde su concepción”.
En su discurso ante la OEA, el mandatario afirmó que “en el capítulo 4B (del informe de la CIDH) se cuestiona que Guatemala haya firmado el Consenso de Ginebra, que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida desde su concepción”.
No obstante, en su informe, la Comisión nunca hace referencia al Consenso de Ginebra. Las razones expuestas para considerar a Guatemala como un Estado violador de derechos humanos nada tienen que ver con la agenda antiaborto de Alejandro Giammattei. “La CIDH decidió incorporar al Estado guatemalteco en el presente capítulo porque considera que esta se enmarca en el artículo 59, inciso 6.d) del Reglamento de la CIDH, el cual establece como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en el presente capítulo, la existencia de: “La presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, la CIDH cita el incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”.
En pocas palabras, una de las razones por las que la Guatemala de Giammattei está en esa lista es porque, desde el Estado, favorece la impunidad.
Giammattei también criticó: “¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos?”. Según el mandatario, la decisión de la CIDH de incluir en dicho apartado a Guatemala, “contraviene el principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existiendo una extralimitación en las funciones de la Comisión al ignorar los mecanismos constitucionales existentes en Guatemala para garantizar los derechos humanos a todos sus habitantes”.
El abogado Alejandro Rodríguez considera que la función esencial de la Comisión es velar que se cumplan los derechos humanos en el país. “En ese marco, cuando la Comisión observa que se está socavando la independencia judicial, se están obstruyendo las garantías de independencia judicial, los procesos son manipulados, la CIDH está viendo cómo se dan todas estas manipulaciones muy claramente”, dijo Rodríguez.
No existe ninguna extralimitación, sino que es la competencia de la Comisión asegurar que en Guatemala exista una protección efectiva de los DDHH, dijo.
2) El mandatario señaló en su discurso que en su informe la CIDH cuestionó las investigaciones en curso en Guatemala en contra de distintos jueces y fiscales que abusaron de su poder y que violaron el debido proceso y los derechos humanos de muchos ciudadanos. “Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, dijo el presidente.
Según expertos en Guatemala, que la Comisión se refiera con preocupación a estas investigaciones espurias contra operadores de justicia está en su mandato de monitoreo y constataciones de acuerdo con la Convención Americana y su reglamento.
En abril pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que manifestó su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y por las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscal General, Consuelo Porras, contra jueces, abogados y fiscales independientes y pidió a las autoridades guatemaltecas adoptar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los jueces, los fiscales, los abogados y los defensores de derechos humanos.
Sobre la situación de los operadores de justicia, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en marzo pasado que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por los continuos y desvergonzados ataques de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia en Guatemala mediante arrestos y detenciones por motivos políticos.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en febrero que las acciones de Porras en contra de fiscales y exfiscales siguen un patrón de intimidación y venganza en contra de personas responsables de luchar contra la impunidad.
Porras intensificó este año la persecución en contra de jueces, fiscales y abogados. Según WOLA, 24 operadores de justicia han salido al exilio, a marzo de este año.
3) Giammattei también se refirió a la “equivocada idea” de la Comisión de que el cumplimiento de las recomendaciones es obligatorio, señalando que el artículo 41.b de su reglamento establece la facultad de la CIDH de emitir recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, pero dentro del marco de sus leyes internas.
Sobre esto, organizaciones de la sociedad civil reaccionaron en Guatemala señalando que el discurso del mandatario es falaz puesto que las resoluciones de la CIDH y los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han estado en el marco absoluto de su mandato derivado de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
“Sobre la base del principio Pacta sunt servanda (lo pactado obliga), Guatemala no puede abstraerse del sentido de las resoluciones y recomendaciones de la CIDH y alegar no obligatoriedad del Estado para su cumplimiento”, señaló la Convergencia por los Derechos Humanos.
4) En su discurso ante la OEA, el presidente manifestó que hablaba en nombre del Congreso. “Como jefe de Estado traigo un mensaje del Congreso de la República” manifestó antes de pasar un video donde dicho Organismo también manifestó su desacuerdo con el informe de la CIDH.
En el video, el Congreso señaló a la Comisión de intromisión en procesos democráticos internos y de violar su mandato.
Días después, diputadas y diputados, entre ellos Andrea Villagrán, Evelyn Morataya, Aldo Dávila y Walter Félix, así como las jefas de bancadas de oposición, Sonia Gutiérrez, de Winaq y Ligia Hernández, de Semilla, enviaron una carta a la presidenta del Consejo Permanente, Shirnaya Valin, para rechazar dicha comunicación del Congreso, indicando que no se trataba de una postura de todos los que forman parte de dicho Organismo.
“El régimen de impunidad que se ha instaurado en Guatemala utiliza a las instituciones de justicia como herramienta de venganza con quienes han luchado contra la corrupción e impunidad”, señalaron las y los congresistas.
5) En la entrevista con el medio de ultraderecha Breitbart News, el mandatario guatemalteco dio a entender que el gobierno del presidente Joe Biden permite el ingreso de aviones con droga provenientes de Venezuela a cambio de negociar por petróleo. Sin embargo, el presidente no aportó ninguna prueba sobre dicha afirmación.
Según el presidente, Biden llegó a un acuerdo en marzo cuando una delegación visitó Caracas para discutir la compra de petróleo venezolano con Maduro. Lo que se conoce públicamente es que la Casa Blanca envió funcionarios a Caracas en marzo de este año tras la invasión de Rusia a Ucrania en búsqueda de alternativas energéticas de cara al eventual cierre de los mercados a los hidrocarburos rusos.
Numerosas voces, entre aliados y críticos, advirtieron a Biden del peligro de aflojar las sanciones al gobierno de Maduro: “El trato petrolero entre Estados Unidos y Venezuela no debe olvidarse de la democracia”, tituló, por ejemplo, la prestigiosa revista Foreign Policy. Nadie, ni los republicanos más trasnochados de la oposición a Biden, ni siquiera los teóricos de las conspiraciones más descabellados en Estados Unidos han hablado de que la Casa Blanca esté dejando entrar droga a cambio de petróleo. Giammattei no puede presumir de lo mismo en el asunto de la cocaína: Guatemala sigue siendo uno de los principales agujeros por los que el alcaloide se cuela hacia el norte.
Las declaraciones del mandatario a Breitbart News fueron retomadas por otros medios como La Derecha Diario, de Argentina, que tituló una nota “Presidente de Guatemala denuncia a Biden: “Acordó con Maduro dejar entrar las drogas de Venezuela a cambio de petróleo barato”.
La Presidencia no tardó en reaccionar, pidiendo al medio una rectificación. “Este titular y la nota no corresponden a la realidad de las declaraciones emitidas por el señor Presidente Alejandro Giammattei durante la entrevista con Breitbart News”, afirmó el secretario de comunicación Social, Kevin López, en una carta enviada a dicho diario.
