La inspección se hace previo a la entrega de un informe por parte del MEM y del MARN a las comunidades respecto a las licencias de las empresas arenera La Primavera y piedrinera San Luis; el procedimiento no tomó en cuenta las viviendas, a pesar de que lo solicitaron las comunidades.
Por Simón Antonio Ramón
A las comunidades en resistencia en la comunidad Santa Cruz, Chinautla, les sorprendió que personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y de la municipalidad, encabezada por la alcaldesa, Brenda Del Cid Medrano, volaba un dron en la cuenca del río Saljá. En la comunidad Santa Cruz se encuentran las plantas de extracción de la empresa arenera La Primavera que venció su licencia en diciembre de 2022 y la piedrinera San Luis, el 25 de junio; sin embargo, siguen operando.
Las autoridades comunitarias solicitaron información sobre la inspección y solo un trabajador de la municipalidad informó que realizan una inspección junto al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).
Las autoridades ancestrales del pueblo maya Poqomam informaron que los acompañaron hasta la entrada de la Arenera La Primavera y se regresaron, dado los tratos despectivos que recibían de parte de los trabajadores de las instituciones públicas. “Mejor nos regresamos para que no digan que las comunidades no los dejaron hacer su trabajo”, dijo Efraín Martínez, vocero de las autoridades comunitarias.
Vecinos informaron a las autoridades ancestrales, que se encontraban en la resistencia, que la inspección también se realizó en la comunidad San Antonio Las Flores donde se encuentra la hidroeléctrica HidroVacas, en la cuenca del río Las Vacas.
A pesar de que las autoridades ancestrales hicieron señas al personal de las instituciones, estos pasaron de largo. Solo el vehículo que transportaba al personal de CONRED, que se paró un momento, a quienes se les pidió que fueran a verificar las casas de los vecinos, pero dijeron que no iban a esa inspección.
“Nosotros no estamos para obligarlos, solo para colaborar para que ustedes se lleven un buen informe de lo que los vecinos están denunciando”, les dijo don Efraín Martínez. Por medio de una solicitud, si quieren una revisión puntual de las viviendas se puede hacer, “cuando regresemos en otra visita se puede programar ese recorrido”, dijo una trabajadora de CONRED.
En 2006 la CONRED emitió un dictamen en el que resolvió que las afectaciones a las casas se debían a la extracción que realizan las empresas areneras. A partir de este dictamen, las comunidades han pedido el cierre definitivo de las empresas y que el MEM les niegue las solicitudes de prórroga.
El próximo 8 de agosto, el MEM y el MARN se tienen que presentar a una citación programada en el Congreso con el diputado Aldo Dávila, para informar sobre la resolución acerca de las prórrogas de las licencias de operación de las empresas; dado que el MEM había interpretado únicamente el artículo 28 de la Ley de Minería que permite a las empresas operar mientras se analizan sus solicitudes.
Este criterio fue objetado recientemente por el abogado de las comunidades de Chinautla, Rubén Domínguez, al indicar que la Ley Marco sobre Cambio Climático establece si hay duda sobre una acción u omisión que pueda afectar la naturaleza, es importante priorizar su protección. Por lo que el MEM se comprometió realizar los análisis jurídicos y técnicos en conjunto con el MARN.
