Por Elías Oxom
La madrugada de este miércoles 27 de julio, cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron a las comunidades de Pancoc, Los Encinos y Monjón, asentadas en las fincas San Rafael y San Luis, en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz, para intentar ejecutar por tercera vez, una orden de desalojo autorizada por el juez de Paz, Mario Cugua, de San Jerónimo.
En el lugar habitan familias de habla maya Q ‘eqchi ‘ y Poqomchi’ y están en permanente lucha por recuperar sus tierras ancestrales, que fueron apropiadas, según dijeron, por el finquero, Byron Estrada, de ascendencia alemana. A pesar de que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recomendó suspender toda acción judicial en el lugar, porque las tres comunidades cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el juez ordenó a la PNC la ejecución de la orden.
Durante el transcurso del día había incertidumbre sobre los hechos que ocurrieron en el lugar, por el difícil acceso a personas que relataran lo ocurrido. Sin embargo, más tarde circularon en redes sociales videos del desalojo, que terminó con violencia contra los pobladores y ataques con armas. Después comenzó a circular información desde las comunidades, que el desalojo se había suspendido y que los agentes policías se encontraban afuera de la municipalidad de Purulhá.
Uno de los comunitarios relató, bajo anonimato a Prensa Comunitaria, que el finquero alemán, infiltró a personas fuertemente armadas para disparar contra la población y dejaron heridas con balas a dos agentes de la PNC, al comisionado de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).
“Esta estrategia utilizada por las empresas y los terratenientes es para justificar cualquier tipo de represión contra las familias que luchamos por nuestras tierras”, indicó el poblador.
Las fincas San Rafael y San Luis están a nombre del señor Byron Estrada de ascendencia alemana, según información de algunos pobladores. Esta familia tiene registrada una parte de las fincas a su nombre, pero quieren abarcar otras extensiones sin ningún registró, aseguró.
De acuerdo a Carlos Morales, coordinador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), se estima que en el operativo participaron alrededor de 2 mil agentes de la policía, todos iban armados con protección antibalas y lanzaron bombas lacrimógenas, sin considerar que también había menores de edad y personas adultas en el lugar.
Con este intento, es la tercera vez que intentan desalojar a estas familias, la última vez fue en noviembre de 2021. “Pero las comunidades han resistido, no sabemos cuál es el interés del señor juez de Paz, Mario Cugua, cuando en ese lugar se está buscando negociar, también las comunidades tienen medidas cautelares”, recordó Morales.
“Lo que está haciendo la policía y las instituciones del Estado es violar todos los derechos de los indígenas, no se les entregó ningún documento informándoles del desalojo, no se están cumpliendo con las leyes internacionales, quieren llevar a las familias y encerrarlas en un salón municipal y entregarles unas bolsitas de alimento, eso no es lo que se tiene que hacer”, agregó Morales de la UVOC.
La policía lanzó bombas lacrimógenas, también utilizó armas de alto calibre, creemos que el Estado ha hecho bastante daño contra los indígenas, hay un retroceso en materia de justicia en estos períodos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, estamos sufriendo persecuciones, encarcelamiento, concluyó.
