La decisión de incluir a Guatemala en el capítulo IV del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se listan los países que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, es un hecho que refleja la gravedad de la situación en el país.
Por Juan Calles
Varios expertos, que analizaron el estado del sistema de justicia guatemalteco, opinan que a pesar de las quejas del gobierno de Giammattei por la inclusión de Guatemala en la lista de países violadores de derechos humanos, ha quedado demostrado que la persecución de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos evidencia el deterioro de la democracia y el debilitamiento del sistema de justicia.
“No existe otro país en la región que expulse a prácticamente todos los jueces y fiscales independientes que han investigado casos de corrupción e impunidad, únicamente Venezuela, pero ellos tienen dos personas exiliadas, en Guatemala van 25”, mencionó Carolina Jiménez, presidenta para Mesoamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
En un foro virtual, que tuvo lugar esta mañana, participó el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, la exfiscal general Claudia Paz y Paz, el exembajador de Estados Unidos en Guatemala Stephen Mcfarland, María Claudia Pulido secretaria adjunta de la Comisión de Monitoreo de la CIDH y Carolina Jiménez, presidenta de la organización Wola.
Claudia Paz y Paz, exfiscal general, expresó que la decisión de incluir a Guatemala en el capítulo IV del informe anual de la CIDH, en donde se coloca al país junto a naciones que violan los derechos humanos de sus ciudadanos, es una decisión importante ya que: “existe un incumplimiento sistemático del Estado de Guatemala en su obligación de cumplir con su deber de combatir la impunidad”.
Por su parte, la secretaria adjunta de la Comisión de Monitoreo de la CIDH, María Claudia Pulido, explicó que el listado de países en los que se violan los derechos humanos de su población obedece a un análisis de la situación en todos los países de la región.
“La Comisión constató la agudización de acciones e injerencias sistemáticas contra la independencia del sistema de justicia que tuvieron como efecto debilitar y obstaculizar el trabajo de aquellos órganos que desde la salida de la CICIG se destacaban por su trabajo en el combate a la corrupción y la impunidad”, explicó Pulido.
Con una visión más positiva de la situación, el procurador Jordán Rodas opinó: “Yo esperaría una actitud madura del Estado guatemalteco, que vea este informe como una oportunidad para revisar sus actuaciones en los últimos años, que se vea como una oportunidad para abordar de manera seria los desafíos en materia de derechos humanos”.
Por aparte, tanto la presidenta de la organización Wola, Carolina Jiménez, como el exembajador estadounidense, Stephen Mcfarland, opinaron que el Estado guatemalteco da claras señales de tener la intención de debilitar la democracia en el país, lo que pone en grave riesgo los derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. “La profundización de la persecución y erosión del sistema judicial es a nuestra opinión una estrategia para debilitar lo que es un pilar de toda democracia, el sistema de justicia, con eso ya estamos frente a la consolidación de liderazgos antidemocráticos y en el peor de los casos liderazgos abiertamente autoritarios”.
Las organizaciones Wola, Cejil, Bar Center, Impunity Watch, Fundación para el debido proceso, Protection International, organizaron el foro virtual en el que se analizó el Estado del sistema de justicia en Guatemala, basados en el informe de la CIDH, donde el país aparece como un Estado violador de los derechos humanos.
Preocupa el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales
Las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 2023 es un tema que preocupa a los analistas que participaron en este foro y es que la campaña electoral ya inició y en un ambiente antidemocrático, el proceso no genera confianza.
“La actuación del gobierno de Guatemala genera dudas sobre el proceso electoral del próximo año”, opinó el exembajador McFarland.
“Podemos apostar que en el 2023 el gobierno de Guatemala buscará la continuidad, pero la ciudadanía debe exigir garantías mínimas de democracia en el proceso electoral”, comentó por su parte Jiménez.
Finalmente los panelistas coincidieron que el papel de la comunidad internacional es importante, pero únicamente las guatemaltecas y guatemaltecos son quienes pueden solucionar la grave situación del país en materia de derechos humanos y sistema de justicia.
“No se debe normalizar lo que está pasando en Guatemala, lo que está sucediendo en el país es una crisis que no se debe normalizar”, concluyó Carolina Jiménez, presidenta de Wola.
