“Importante sería que por primera vez en la historia el Estado de Guatemala cumpla con el Convenio 169 de la OIT, aunque se han realizado consultas, no han sido ni previas ni informadas”. María de los Ángeles Marín de la PDH.
Por Simón Antonio
En una citación con el diputado Aldo Dávila en el Congreso de la República, a la que asistieron representantes de varias dependencias del gobierno, miembros de la resistencia del pueblo maya Poqomam de Chinautla denunciaron que, son hostigados por trabajadores de la municipalidad de ese municipio, por oponerse a la presencia de la Piedrinera San Luis, una empresa arenera que opera de manera ilegal en jurisdicción de la comunidad de Santa Cruz, porque una de sus licencias perdió vigencia.
Los pobladores también denunciaron ante las autoridades, que están bajo amenaza de desalojo por la alcaldesa de Chinautla, Brenda Elizabeth del Cid Medrano, por un plantón de resistencia que instalaron en Santa Cruz desde el 27 de junio, en donde se ubica una de las entradas a la Piedrinera San Luis, para evitar que la empresa siga extrayendo grandes cantidades de arenas para diversas construcciones.
La empresa, según los comunitarios, opera actualmente en el lugar, de manera ilegal, ya que la licencia que tiene por un periodo de 25 años, venció el 25 de junio, pasado.
Además, recordaron que el primer intento de desalojo ocurrió el lunes 27 de junio, el primer día de resistencia, cuando se utilizó como excusa a un trabajador municipal, que intentaba entrar al lugar de extracción para sacar piedrín. Ese día los pobladores de varias comunidades, impidieron su ingreso, pero el trabajador no quiso retirarse, por lo que otros trabajadores de la municipalidad llamaron al personal del Ministerio Público (MP) para verificar la situación. Las comunidades testificaron que el personal del MP, al darse cuenta de que no había dicha retención, se retiraron del lugar.
El segundo intento de desalojo ocurrió el lunes 4 de julio. Nuevamente trabajadores de la comuna intentaron entrar, argumentando que hay obras de infraestructura que se están desarrollando, por lo que se necesita sacar piedrín. Entre los trabajadores se mencionó que está en gestión el desalojo a la resistencia.
Durante la citación con el diputado, se informó que hay un dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) donde pide que se clausure la extracción en Chinautla, debido a los daños que afectan a las familias.
María de los Ángeles Marín, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó sobre el caso que denuncian las comunidades de Chinautla, que existe un expediente abierto en la institución al que dan seguimiento las defensorías de Pueblos Indígenas y Socioambiental. Además, mencionó que una de las dos empresas, a la que se le venció la autorización de operar, se le actualizó la licencia. “Cómo es posible que se da una ampliación a pesar del informe de CONRED”, cuestionó la representante de la PDH.
“Importante sería que por primera vez en la historia que el Estado de Guatemala cumpla con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), aunque se han realizado consultas no han sido ni previas ni informadas”, aseveró. Pidió que se solicite un nuevo informe a la CONRED con las actuales situaciones.
Fredy Chiroy, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por su parte, dijo que es necesario que se realice un nuevo Estudio de Impacto Ambiental sobre la arenera que busca prorrogar su licencia. “Porque cambian las condiciones, el área de influencia es diferente y afecta en su entorno, lo que requiere un nuevo análisis”, informó.
Respecto al caso, el funcionario del MARN sugirió realizar un análisis sobre los estudios de impacto ambiental vigentes. “En el caso particular de Chinautla vamos a revisar los Estudios de Impacto Ambiental que tengan aprobados, si cuentan o no la vigencia de cada uno de ellos; en caso de que no estén vigentes vamos a realizar una auditoría ambiental para verificar que los compromisos que ellos adquirieron, tanto dentro del estudio ambiental como la resolución que estableció el ministerio si están cumpliendo, en caso contrario, sancionarlo con una multa”, indicó el viceministro.
En Chinautla, todas las infraestructuras como casas, puentes, caminos vecinales y carretera principal cercana al área de influencia sufren hundimientos y rajaduras. Uno de los vecinos testificó en la citación: “esta extracción causa el desvío del río, hundimiento en toda la parte del territorio cuenca arriba”, denunció.
El diputado Dávila citó para esta ocasión a representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para explicar si las empresas areneras han solicitado prórrogas de operación o nuevas solicitudes de extracción, pero no se presentaron. Tampoco enviaron una excusa con la razón de su ausencia.
A pesar de las amenazas de desalojo por parte de la municipalidad y las intimidaciones por trabajadores de la empresa, los vecinos de la comunidad de Santa Cruz, manifestaron la firmeza de defender sus territorios frente a las afectaciones que están a la vista de todas y todos.
